El comité de empresa del Gobierno de Cantabria (UGT, TU, CCOO, SIEP, CSIF y SUC) ha acusado este jueves a la Consejería de Presidencia de "robar" los 473.000 euros de los fondos presupuestados en 2023 para mejoras de su personal laboral, tras precisar que aún no se ha aclarado el destino de este dinero a poco más de dos semanas para concluir el año.
En un comunicado, el órgano sindical ha exigido "negociación real" al Gobierno "para no perder" el dinero destinado a mejorar las condiciones laborales de más de 2.000 trabajadores. En este sentido ha advertido que, si no se ejecuta esta partida presupuestaria al acabar el año, sería devuelta a la Consejería de Hacienda según la normativa de gasto.
Los sindicatos han criticado "la nula voluntad negociadora" de la Consejería, que, tras tres reuniones, "no ha presentado ni un documento o papel firmado que certifique lo que piensa hacer". Según han explicado, Presidencia planteó en la negociación que parte de los fondos se destinarían a financiar la jubilación parcial anticipada y el resto, junto con los que se aprueben en 2024, a un futuro convenio colectivo. A lo que los sindicatos advirtieron que no podían pronunciarse al respecto "hasta que se certificara de manera oficial que esos 473.000 euros presupuestados para 2023 podían pasar al año que viene sin perderse por el camino".
"Tras la tercera reunión de negociación, que parece ser la última porque Presidencia da el asunto por cerrado, sigue sin presentarse certificación alguna y solo se habla de negociar un convenio que, si no se firma en el mes de septiembre, implicaría que el dinero se perdería", han señalado.
El comité de empresa ha reiterado su exigencia a Presidencia de "una negociación real" porque "no es admisible que no presente ni un solo documento que certifique lo que se va a hacer y al mismo tiempo se rechacen todas las propuestas que han planteado las organizaciones sindicales".
Para los sindicatos, se trata de una negociación "en la que nada vale" y en la que, en su opinión, la Consejería "pretende enmascarar su irresponsabilidad por no haberla iniciado hace meses, trasladando al comité de empresa la responsabilidad de firmar lo que puede ser un mal convenio si no se quieren perder los 473.000 euros".
