“Tenemos que poner un cordón sanitario a esa ideología de ultraderecha que desprecia a las personas que llegan a nuestro país y que plantea incluso el PP”

La vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido "rotundamente" reformar la Ley de Extranjería para obligar a las comunidades autónomas a acoger a menores migrantes no acompañados (menas), un asunto en el que espera contar con el apoyo del PP y que "abandone los discursos xenófobos" y "deje de imitar las consultas de Vox".

El objetivo del Gobierno es "hacer una inmigración ordenada" y un reparto "equitativo para que no sea Canarias la que por frontera reciba toda la presión"

De hecho, ha dicho que "ojalá rompan los gobiernos autonómicos" liderados por esta coalición, tal y como ha amenazado Vox a los 'populares', asegurando que deshará los pactos en las comunidades que acepten a estos menas. Para Montero, "tenemos que poner un cordón sanitario a esa ideología de ultraderecha que desprecia a las personas que llegan a nuestro país y que plantea incluso el Partido Popular", que pretende "que sean las Fuerzas Armadas las que estén en la frontera como si se tratara justamente de combatir la inmigración a base de bombardear los cayucos".

La vicepresidenta ha hecho estas afirmaciones a preguntas de los medios con motivo de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada esta tarde en Canarias, en la que el Gobierno central propondrá a las autonomías que acojan a 347 menores migrantes llegados a las islas, así como la modificación de la Ley de Extranjería.

Una reforma en la que ha abogado por obligar a las comunidades a aceptar a los menas porque "el sistema previo que teníamos voluntario no ha funcionado y en este momento hay una verdadera emergencia en Canarias", donde tienen capacidad para acoger a 2.000 niños y "hay en este momento y se prevén 6.000".

Esta cifra "para una comunidad autónoma es un mundo, pero en una distribución equitativa puede garantizarles a estos niños su crecimiento, su desarrollo y su integración social", ha defendido Montero este miércoles a su paso por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, donde ha inaugurado el curso de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Dado que el objetivo del Gobierno es "hacer una inmigración ordenada" y un reparto "equitativo para que no sea Canarias la que por frontera reciba toda la presión", la titular de Hacienda ha deseado que esta tarde el PP manifieste su voto a favor de modificar la Ley de Extranjería para obligar a todas las comunidades a acoger a niños que "huyen del hambre, de situaciones de guerra y de desesperación".

FINANCIACIÓN

Además, ha avanzado que el Ejecutivo central contribuirá con fondos para que el reparto "se acompañe de una financiación adecuada que permita una atención digna para todos esos niños", si bien ha advertido que "esa tarea le corresponde a las comunidades autónomas estatutariamente".

"No podemos tener una distribución de competencias en las que legítimamente cada uno las quiera ejercer y luego, cuando se trata de resolver problemas, se le pida siempre la ayuda financiera al Gobierno de España. Pero en este caso la vamos a aportar" para que no prime una cuestión económica sino "una cuestión de derechos humanos", ha remarcado.

Eso significa que, "si alguien no acepta esta obligación de acoger a los niños, no será por una cuestión de dinero, será justamente porque no quiere contradecir el discurso de Vox o porque realmente no quiere hacer frente a la amenaza que Vox ya ha hecho de romper esos gobiernos autonómicos".

"El Gobierno de España siempre ha creído que hay que poner un cordón sanitario a la ultraderecha para que no forme parte de las instituciones, ya que el PP le ha abierto la puerta de los gobiernos y esto es gravísimo en el contexto internacional", ha incidido. Finalmente, ha confirmado que en el reparto de menas entran todas las comunidades "sin excepción", también País Vasco y Cataluña, "más allá de que haya acuerdos con alguna fuerza política en relación con transferencias en materia de inmigración, pero irían a todos los territorios y por tanto nadie se excluiría".