La decisión de que los residuos de Guipúzcoa lleguen al vertedero de Meruelo después de un acuerdo entre el Gobierno de Cantabria y la provincia vecina ha generado todo tipo de reacciones. El propio alcalde del municipio, Evaristo Domínguez, expresaba este lunes sus dudas acerca de la decisión, e insinuaba la posibilidad de recibir algún tipo de compensación.
Pero ha sido este martes cuando los socialistas vascos han sacado pecho de lo que consideran un éxito de su gestión gracias al acuerdo con sus compañeros de partido, que ostentan el Gobierno regional junto al PRC. El portavoz del grupo del PSE-EE en las Juntas Generales de Guipúzcoa, Eneko Andueza, ha puesto en valor "la responsabilidad y el diálogo interinstitucional" de los dirigentes socialistas como "base de una buena gestión", y ha resaltado que esta interlocución "ha resuelto el problema de los residuos" tras "perder cuatro años por culpa de Bildu" en esta materia.
En un comunicado, Andueza ha destacado el acuerdo logrado entre Guipúzcoa y Cantabria "tras la colaboración institucional alcanzada entre la vicepresidenta socialista de Cantabria y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, y el diputado de Medio Ambiente de Guipúzcoa, el socialista, José Ignacio Asensio".
De este modo, ha agradecido a sus compañeros de Cantabria "su muestra de solidaridad y su diligencia y rapidez en la gestión de una cuestión" que es un tema de "emergencia". "Ambos responsables políticos socialistas han primado, frente a cualquier otra cuestión, el interés general y la salud pública en una situación muy crítica en la que la alternativa era no recoger los residuos de la calle", ha asegurado.
Interés oculto
Sin embargo, la visión en Cantabria no es la misma. A las dudas del alcalde se suman ahora las de Podemos Cantabria, que ha expresado su sorpresa y preocupación porque detrás de la "generosidad" de la comunidad autónoma con Guipúzcoa se pueda esconder "un interés oculto para salvar la empresa pública MARE, un auténtico cementerio de elefantes de ex altos cargos socialistas y que atraviesa graves problemas económicos".
En un comunicado, Podemos ha dicho este martes que está a favor de la solidaridad entre las distintas comunidades, pero ha matizado que ésta no consiste en aceptar lo que otros no quieren.
En este sentido no ve "serio" que la "movilización legítima" de la sociedad vasca para evitar la apertura de incineradores "acabe repercutiendo en la calidad ambiental de Cantabria, que verá reducida hasta en un 20% la vida útil del vertedero de Meruelo", según la agrupación.
La formación morada duda de los supuestos beneficios para Cantabria de esta "repentina solidaridad" y espera que el "cacareado" cambio de modelo para la región, "del que tanto habla el Partido Socialista", no consista en convertir Cantabria "en el vertedero del norte de España".
Podemos Cantabria pedirá explicaciones a la vicepresidenta y consejera de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, en sede parlamentaria, para que "aclare qué se esconde detrás de tanta solidaridad".
Solidaridad interterritorial
A estas críticas ha contestado la portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE, Silvia Abascal, quien ha considerado una "incongruencia" que un partido "plurinacional" como Podemos descalifique el convenio entre el Gobierno regional y la Diputación Foral de Guipúzcoa, que ha defendido que responde al "principio de solidaridad interterritorial" que además tendrá "retorno económico" para Cantabria.
Abascal ha afirmado en un comunicado que detrás de este acuerdo "no se esconde nada" como, a su juicio, "malintencionadamente dice Podemos". "Es una decisión lógica, coherente, colaborativa y solidaria con una provincia vecina que nos ha pedido ayuda para solucionar un problema de salud pública y una emergencia real que se les ha planteado", ha manifestado la socialista.
Además, ha asegurado que "la decisión que ha tomado el Gobierno de Cantabria no es improvisada" sino que "se ha tomado teniendo en cuenta, siempre, lo mejor para Cantabria y para los ciudadanos".
"Los técnicos del Gobierno de Cantabria llevan semanas analizando la petición de la Diputación Foral de Guipúzcoa que, por una parte cumple con nuestro compromiso de solidaridad y de ayuda entre comunidades y que, además, generará un beneficio directo para la empresa pública MARE por la recogida de residuos no contaminantes", ha destacado Abascal.
Para la socialista, "resulta inexplicable que Podemos teórico defensor de la gestión pública, se oponga a que MARE obtenga ingresos extraordinarios". Unos ingresos que, ha ensalzado, revertirán en la sociedad cántabra ya que no sólo contribuirá a la estabilidad de la plantilla de la empresa pública MARE sino que también "posibilitaría reducir la tasa que pagan los ayuntamientos" de nuestra comunidad por depositar residuos en la planta de Meruelo.
"La rebaja en la factura en las arcas municipales en la tasa de basura contribuirá a que los municipios dispongan de más medios para atender otras prioridades, sin duda", ha añadido Abascal.
Finalmente, la dirigente socialista ha manifestado que "Cantabria puede atender la petición de Guipúzcoa, porque estamos preparados y porque somos solidarios". "Nosotros damos respuesta a una llamada de auxilio de Guipúzcoa, pero lo hacemos preservando y buscando siempre lo mejor para Cantabria tras analizar profundamente la petición y comprobar que estamos preparados para prestar ese servicio", ha concluido.
Solución para cuatro años
Por su parte, el diputado de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, ha asegurado que este traslado será "una solución para cuatro años", y ha calificado de "mal menor" la decisión de la Mancomunidad de Urola Medio de mantener abierto el vertedero de Lapatx durante tres meses más, lo que permitirá "ordenar la logística y modular la cantidad de residuo" que se envíe a territorio cántabro.
En rueda de prensa, Asensio ha afirmado que la decisión de mantener abierto Lapatx hasta que se agote "es un mal menor". "Nosotros habíamos planteado mantenerlo abierto durante un año porque la ampliación era posible técnicamente y financieramente y por eso durante estos últimos días hemos hecho un llamamiento a la responsabilidad para con todos los guipuzcoanos por una cuestión de interés general y salud pública", ha recordado.
En esa línea, ha señalado que "la no respuesta" por parte de Lapatx y la necesidad de "no esperar hasta el último momento para encontrar una alternativa", ha llevado al Departamento de Medio Ambiente a cerrar un preacuerdo con la Comunidad de Cantabria que permitirá, hasta que entre en funcionamiento la incineradora, llevar como mínimo 50.000 toneladas al año de la fracción resto al vertedero de Meruelo.
"Esta solución nos obligaba a enviar unos 25 camiones diarios a Cantabria, lo cual es logísticamente complicado, medioambientalmente una mala solución y económicamente una solución cara", ha explicado Asensio, quien ha detallado que el precio que se pagará tendrá "un sobrecoste del 50%", aunque se prevé llegar a un acuerdo tras negociar los precios en función de la cantidad de residuos que se envíe.
Por esta razón, según ha explicado el diputado, la decisión tomada por Lapatx, supone "un cierto alivio" y permitirá a GHK ordenar la logística necesaria y modular la cantidad de residuos que se vaya a enviar a Cantabria usando las tres plantas de transferencia disponibles.
Única alternativa viable
Asensio también ha señalado que la alternativa de Cantabria era "la única viable" porque permite dar respuesta a los residuos durante cuatro años, al tiempo que ha resaltado que era "el más cercano donde se puede enviar residuo" puesto que tanto Álava como Bizkaia no disponen de espacio suficiente para asumir las basuras de Guipúzcoa.
Mientras tanto, el Departamento de Medio Ambiente, seguirá buscando otras alternativas como la utilización de vertederos industriales que están en funcionamiento actualmente hasta que la planta de Zubieta esté operativa.
"De todas maneras, quiero dejar claro que a esta crítica situación hemos llegado porque en la legislatura anterior no se planificó nada y dejó a Guipúzcoa sin ninguna infraestructura para el tratamiento de los residuos, en contra de la planificación aprobada por los guipuzcoanos en sus normas forales", ha resaltado Asensio.
