Una sentencia de un juez portugués ha generado la última polémica en torno a la violencia de género. Su fallo absuelve a un hombre acusado de violencia doméstica, pero no porque se demuestre la falsedad de la denuncia de la mujer, sino porque el magistrado considera que la víctima es “una mujer moderna, consciente de sus derechos, plenamente autónoma y con salario propio”, premisas que en su opinión le otorgan la facultad de abandonar la relación si tan descontenta estaba.
De este modo califica el juez Carlos Oliveira los hechos que se remontan a 2014, cuando una mujer casada presentó una denuncia contra su marido después de varios años de palizas. Entre los episodios durante todo este tiempo, el hombre la empujó escaleras abajo, y llegó a ser el culpable de un aborto que tuvo su mujer como consecuencia de una de sus habituales palizas.
Las pruebas en contra del esposo, quien dormía con una escopeta debajo de la cama, comenzaron a acumularse a lo largo de las investigaciones policiales: un sinfín de amenazas, SMS, huellas físicas de los malos tratos, etc., según publica El Comercio.
A pesar de todas las evidencias y los hechos documentados, durante el juicio el magistrado se mostró más interesado en el testimonio del acusado, que argumentó en todo momento que nunca había pegado a su mujer, y que sólo tenían discusiones agitadas, con algún “forcejeo mutuo” por medio.
Los abogados de la víctima intentaron en todo momento desmontar la versión del marido, presentando una grabación de una llamada que hizo a su mujer prometiendo que no volvería a pegarle, pero el juez rechazó admitir el audio en evidencia. Cuando la mujer prestó declaración el magistrado insistió en preguntarle si en alguna ocasión había tenido relaciones extramatrimoniales, algo de lo que dejó constancia en la sentencia, donde recoge que “el adulterio de la mujer es un gravísimo atentado al honor y la dignidad del hombre. Existen sociedades en las que la mujer adúltera es lapidada hasta la muerte. En la Biblia, podemos leer que la mujer adúltera debe ser castigada con la muerte”.
El único cargo por el que se le condena al presunto maltratador es tenencia de un arma prohibida, ya que la escopeta con la que amenazaba la vida de víctima no estaba debidamente registrada.
