martes 19/10/21
POLÍTICA

Mientras 3.000 refugiados se ahogan en el Mediterráneo en lo que va de año, el TC avala el recorte sanitario aplicado a los ‘sin papeles’

Los últimos datos de la OIM revelan la cifra más alta de muertes en la frontera sur europea desde que comenzó la denominada como "crisis de los refugiados". En medio de esta situación, el alto tribunal español reafirma la validez de un decreto impulsado en 2012 por el PP que dejó a más de 800.000 personas sin derecho a una asistencia sanitaria.

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La norma avalada entró en vigor en septiembre de 2012 y había sido recurrida por el Parlamento de Navarra

Casi 3.000 inmigrantes y refugiados han muerto en lo que va de año en el Mediterráneo, mientras cerca de 250.000 personas llegaban a Europa, según los últimos datos publicados este viernes por la Organización Internacional para las Migraciones. Desde que comenzó la crisis de los refugiados no se había registrado una cifra tan alta de fallecidos en los primeros siete meses 2016.

En medio de esta situación en la frontera sur Europea, el Pleno del Tribunal Constitucional español ha avalado en términos generales la constitucionalidad del Real decreto 16/2012 por el que el Ministerio de Sanidad – entonces encabezado por Ana Mato - reguló la condición de beneficiario de la asistencia sanitaria pública y dejó sin tarjeta a los inmigrantes carentes de permiso de residencia en nuestro país desde septiembre de ese año.

La norma avalada entró en vigor en septiembre de 2012 y había sido recurrida por el Parlamento de Navarra

Fuentes del tribunal de garantías han confirmado el sentido de la votación que se produjo durante la sesión del Pleno celebrada este jueves, por ocho votos frente a tres, si bien la sentencia aún no ha sido notificada porque falta la incorporación a la misma de los votos particulares de los magistrados que se posicionaron en contra de la opinión mayoritaria.

La norma avalada entró en vigor en septiembre de 2012 y había sido recurrida por el Parlamento de Navarra, si bien el TC ha rechazado dicho recurso en su mayor parte por no considerar que los recortes vulneraran la Constitución en el contexto económico en el que fueron adoptados.

800.000 afectados

El 1 de septiembre de 2012 entraba en vigor esta norma del Ministerio de Sanidad que regulaba la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España. Desde su aprobación, Médicos del Mundo afirma que más de 800.000 personas han perdido el derecho a una asistencia sanitaria.

La retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares ha contado desde su entrada en vigor con el rechazo del resto de partidos políticos, algunas comunidades autónomas, así como profesionales sanitarios y organizaciones sociales

Impulsada por la exministra Ana Mato, la medida formaba parte de una reforma sanitaria que busca garantizar "un mayor control y transparencia" de la cobertura sanitaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS) con cargo a fondos públicos.

La retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares ha contado desde su entrada en vigor con el rechazo del resto de partidos políticos, algunas comunidades autónomas como Canarias, Cataluña Andalucía y País Vasco, así como profesionales sanitarios y organizaciones sociales.

El Real Decreto, que fue aprobado en Consejo de Ministros a primeros de agosto de ese año, regulaba la condición de asegurado y beneficiario en el SNS y, para hacerla efectiva, se les atribuye a todos ellos una tarjeta sanitaria individual.

Entre las condiciones que dan derecho a conseguirla están ser trabajador por cuenta ajena o propia y estar afiliado a la Seguridad Social; ostentar la condición de pensionista; ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social como la prestación por desempleo y, en caso de haberla agotado y seguir sin trabajo, acreditando la condición de asegurado por cualquier otro título.

Asimismo, también tienen la condición de asegurado las personas que no tengan ingresos superiores a 100.000 euros anuales ni cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, siempre que tengan nacionalidad española y residan en España; pertenezcan a algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza y estén inscritos en el Registro Central de Extranjeros, o que sean de un país distinto de los anteriores y tengan autorización para residir en territorio español.

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