Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) comenzarán este martes una huelga indefinida, con el consecuente "riesgo de paralización" de los juzgados y tribunales de todo el país, en demanda de una mejora salarial equivalente al aumento de la carga de trabajo que sufrieron hace años sin que entonces se les compensara.
Este parón 'sine die' es el resultado del conflicto laboral que mantienen desde hace meses con el Ministerio de Justicia y que les ha llevado a protagonizar ya huelgas puntuales --que obligaron a suspender juicios y declaraciones, incluidas algunas del conocido como 'caso Villarejo' en la Audiencia Nacional-- y concentraciones.
La Unión Progresista de LAJ (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de LAJ reprochan al Gobierno que hasta ahora no se haya introducido una enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa para que "las retribuciones del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo".
Los convocantes llegaron a apelar a la "autoridad" de Pedro Sánchez, ante la "gestión insensible e irresponsable" del Ministerio dirigido por Pilar Llop. "Depende tan solo del Gobierno que usted preside aprobar las modificaciones de los Reales Decretos retributivos y el Estatuto Orgánico", instaron en un comunicado conjunto.
"RIESGO DE PARALIZACIÓN"
Las asociaciones advertían a Sánchez de la "gravedad" y de la "extensión del riesgo de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados y tribunales de todo el país, salvo los servicios esenciales", que puede generar la huelga indefinida.
Asimismo, subrayaban que también tendrá un "impacto directo global en los ciudadanos, en las empresas y en todos los operadores jurídicos que se relacionan con el servicio público de la Administración de Justicia". En concreto, avisaban de que se paralizarán los pagos judiciales a particulares (alimentos, deudas, indemnizaciones, etc) y al Tesoro Público (multas, depósitos, etc.), dado que estos funcionarios son los únicos con facultades de disposición de los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, que cuenta con un saldo promedio de 4.500 millones de euros.
Según explicaban, el trabajo de los 4.300 Letrados -funcionarios de grupo A1- dependientes del Ministerio de Justicia es "imprescindible", por lo que su ausencia provocaría "enormes perjuicios" en juzgados y tribunales que se traducirán, probablemente, en nuevas dilaciones de los asuntos en trámite.
ORIGEN DEL CONFLICTO
El conflicto tiene su origen en "la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas", en especial la de 2015, lo que -denuncian- ha provocado un "insoportable desequilibrio".
Los convocantes señalan como "detonante" del conflicto el acuerdo que el Ministerio de Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021".
Las asociaciones acusan a Justicia de alargar y recrudecer el conflicto: "No solo no ha convocado al Comité de Huelga, (...) sino que lo incendia y enardece, faltando a la verdad en el Parlamento al afirmar (sin acreditarlo) haber cumplido 10 de las 11 reivindicaciones y quedando pendientes 2, lo cual ni siquiera aritméticamente se corresponde con la realidad".
