Guillermo Portilla Contreras, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Jaén, ha dedicado los últimos años a investigar la represión penal franquista en los archivos españoles. Fruto de esa investigación son varios libros sobre diferentes aspectos del franquismo, como el Tribunal para la represión de la masonería y el comunismo, o la represión de la homosexualidad. Este miércoles, 14 de abril, se ha celebrado en el Parlamento de Cantabria una nueva sesión de la comisión que estudia el proyecto de ley de Memoria Histórica de la comunidad, en la que el catedrático ha expuesto lo que supuso la represión durante la Guerra Civil y los años posteriores. Coincidiendo con el Día de la República, le entrevistamos en la propia Cámara regional para hablar sobre lo que supuso el conflicto en España y la llegada del franquismo en materia de derechos y libertades.
El Parlamento de Cantabria está debatiendo la futura Ley de Memoria Histórica de la región. Además de reparar la memoria de las víctimas, ¿jurídicamente qué puede aportar?
Creo en la necesidad de una Ley de Memoria Histórica. A nivel nacional ya tenemos una y preparamos otra que creo que es mejor, porque plantea la nulidad de las sentencias de los Tribunales de Excepción. El proyecto en Cantabria es un buen proyecto de ley. Creo que tendría que desprenderse de la mención específica a determinadas instituciones que existieron, porque también existieron otras. Pero el resto es una buena ley que plantea la reparación de las víctimas.
En dicha ley se contempla una Comisión de la Verdad. ¿Es necesaria una figura como esta?
“Con la Guerra Civil se produjo una ruptura en el saber. Nos quedamos con la gente mediocre y arribista”
Hay muchos problemas legales en la aplicación del Derecho Humanitario a los crímenes del franquismo. Primero porque los delitos han prescrito, segundo porque no podemos retrotraer nuestro derecho garantista a aquel derecho, y tercero porque tenemos una Ley de Amnistía Democrática de 1977. Por eso es tan importante un proyecto de ley como este. Esa reparación a las víctimas la podemos traducir a través de una Comisión de la Verdad. No se trata de juzgar y condenar a personas que la mayoría han muerto, sino de saber lo que ocurrió. Hay grupos que apelan al perdón y al olvido, pero eso se consigue una vez sepamos lo que ocurrió. Que podamos sacar de los archivos todas las sentencias de todos los tribunales de excepción.
Tenemos otros problemas añadidos. La Ley de Patrimonio Histórico nos impide investigar si no han transcurrido 50 años desde la fecha del documento. Eso significa que la represión del 70 al 78, todos los juzgados de rehabilitación social, toda la Ley de Peligrosidad, el Tribunal de Orden Público que sustituyó al Tribunal de Represión de la Masonería y Comunismo… a todo eso no podemos acceder los investigadores. Si no podemos juzgarlos por problemas del propio Derecho Penal garantista, si no se anulan esas sentencias, la única posibilidad es crear una Comisión de la Verdad. Es discutible si tiene que ser nacional, entre historiadores y juristas de reconocido prestigio, pero tiene que llegar a un acuerdo de mínimos históricos de lo que ocurrió. Yo mismo hago mi valoración de la sentencia, pero los expedientes son los que son. Lo que pedimos es que los ciudadanos puedan documentarse, ver ese expediente, tienen derecho a saber.
Usted ha explicado en el Parlamento que mucha de esa represión de los años 70 que todavía no se puede investigar tuvo por objetivo a los homosexuales.
Nunca hubo un reconocimiento para ellos, fueron víctimas de tercera categoría, y muchos de ellos todavía viven. Eran castigados hasta con dos años de privación de libertad, luego otros dos desterrados de su ciudad y después libertad vigilada. No se les permitía encontrar trabajo, era una inhabilitación civil de por vida. Hubo terapias aversivas, no en las cárceles pero sí en clínicas privadas como las de López Ibor, Vallejo Nájera… No creían en la castración y la esterilización, pero sí aplicaron electroshock y técnicas que solo se aplicaron en Alemania. Todo esto ocurrió en los años 70 y no se puede investigar en la actualidad. Está el caso de un cántabro condenado por homosexual que fue destinado a un centro de reeducación de homosexuales en Huelva que se creó en 1971, y a eso no podemos acceder todavía.
Ha mencionado las represiones durante el franquismo, y hoy se cumplen 90 años de la Segunda República. ¿En qué grado se retrocedió en materia de Derechos Humanos y Civiles?
“Perdimos mucho, y el problema es que todavía tenemos una materia pendiente: no se puede hablar claramente de la República”
Una vez que gana la guerra el Movimiento Nacional, en lugar de tener una política indulgente y pasar página, que ahora reclaman, Franco no lo hizo y diseñó una política de exterminio física, económica y moral. Comenzó con las comisiones de Depuración de la Enseñanza. El primer objetivo fue magisterio, la Institución Libre de Enseñanza, que eran laicos y europeístas. Decían que la mayoría de los maestros eran masones y comunistas y había que exterminarlos. Sabían que la educación era muy importante y había que erradicar a todos los disidentes. Estamos hablando de 1936, iniciada la Guerra Civil. Continuó con las comisiones de Incautación de Bienes, y a continuación comenzaron a surgir las leyes especiales y los tribunales de excepción. La Ley de Responsabilidades Políticas solo contemplaba sanciones económicas, pero eran el doble o el triple de los bienes que tenía. Permitía la pérdida de nacionalidad y el extrañamiento de los sujetos. A continuación surgió la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, y ahí están todos los miedos del régimen. Comunista, para ellos, era un liberal, un anarquista, un socialista... O eran comunistas o eran masones. En la República es cierto que las personas más significativas eran masones, y todos fueron condenados por un delito inventado, el delito complejo de masonería y comunismo. No condenaban a muerte, pero eran sentencias de 30 años. Desde el inicio de la guerra tenían juzgados ambulantes, y Santander tuvo el primero. Santander fue la primera en todo. Aquí se inician las causas generales militares que darían lugar a la Causa General de 1940. El Fiscal Jefe del ejército de ocupación llega a Santander y en un año monta el juzgado ambulante, lo que llamaban un consejo de guerra sumarísimo de urgencia, sin garantías, con letrados que no conocían el Derecho. Y ejecutaban a muerte en un plazo de horas. A la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo le siguió en 1941 la Ley de Seguridad del Estado, que afectaba a toda la delincuencia política: asociaciones, manifestaciones, reuniones, propaganda…
Los consejos de guerra fueron depurando e inhabilitando profesores, funcionarios, jueces, militares… todos los que participaron en la República. Condenaron a masones de derechas que apoyaron a Franco, a militares franquistas cuya familia estaba amenazada. En este sentido, mantenían una coherencia moral porque el problema era ser masón. La jurisdicción además era retroactiva, se aplica a personas que eran masones en 1900.
La República se considera un modelo en derechos a principios del siglo XX. Por sus palabras, entiendo que la llegada del franquismo acabó con todo eso.
Por supuesto, totalmente. En lo que a mí me afecta, que es la Universidad, los mejores penalistas como Jiménez de Asúa o Antón Oneca, fueron depurados y condenados por todos los tribunales. Jiménez de Asúa, el mejor penalista de la época, tuvo que irse a Argentina. Aquí se quedaron los fieles a la dictadura, los que hicieron y participaron en la mayor parte de la legislación franquista y en los tribunales. Algunos de ellos traicionaron a sus maestros. El prólogo de la tesis doctoral de Sánchez Tejerina, que fue el creador de la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, está escrito por Jiménez de Asúa. Quién le iba a decir a él que ese discípulo le iba a traicionar y le iba a condenar a 30 años de cárcel. Se produjo una ruptura en el saber. Nos quedamos con la gente mediocre y arribista, que se delataban para alcanzar la cátedra. Nuestro Derecho tiene todavía aquella deuda. Y eso ocurrió en todos los sectores profesionales. A los mejores jueces los mataron, los ejecutaron o los inhabilitaron. Se creó un ejército de jurídicos falangistas que accedieron a todos los ámbitos. La enseñanza creo que fue la más perjudicada, y en materia de derechos y libertades, prácticamente todos. Aunque la legislación política en la República tenía algún lunar, como la Ley de Vagos y Maleantes, que se crea en esos años, la verdad es que en materia política había un respeto absoluto por las libertades de todo tipo. A partir de la guerra los derechos fundamentales se convirtieron en delitos. Era delito hasta la propaganda anticonceptiva. Hubo un anteproyecto falangista de código penal que prohibía el matrimonio con una persona de raza inferior. Perdimos mucho, y el problema es que todavía tenemos una materia pendiente: no se puede hablar claramente de la República.
“Recordar el Frente Popular no está mal, una coalición de izquierdas es una necesidad”
España es ahora una democracia, hemos dejado todo esto atrás, pero ¿cómo estamos jurídicamente?
Hay cuestiones que eran imprescindibles. Una legislación sobre la eutanasia era una necesidad por la dignidad del ser humano. Tenemos una legislación de aborto interesante. Yo veo problemas con la libertad de expresión. Se está confundiendo la libertad de expresión con el terrorismo. Sancionar a titiriteros, raperos, escritores… por plantear cuestiones que no son políticamente correctas me parece que es perder el norte. Tampoco comparto que se sancione la apología del franquismo. Creo que las democracias no tienen que ser militantes, tienen que admitir las críticas incluso de los que no desean la democracia. Forma parte de la libertad de expresión. También habría que ver algunas cosas de la Ley de Seguridad Ciudadana. Hay mucho que mejorar, pero esto es lógico en cualquier democracia.
Parece que vivimos en una campaña electoral constante, y muchos partidos recurren a términos como guerracivilismo y la vuelta del 36. ¿Ve que sea una situación parecida?
Afortunadamente, no veo ningún parecido. Creo que tienen que existir partidos falangistas y hacer su trabajo de intentar recordar el 36. Recordar el Frente Popular no está mal, una coalición de izquierdas es una necesidad. A partir de ahí, nada que ver. La situación que se vivió de separatismo radical con el golpe del 32 de San Jurjo y los problemas del 34, con la revolución de Asturias y la división del país, todavía no se ha producido. Lo que hay son debates políticos y la presencia de grupos fascistas que no hay que prohibir. Simplemente hay que oírlos y debatir con ellos, no hay ningún miedo. No coincido en que haya ningún peligro actual similar al que originó la rebelión militar. Sí me da miedo que en estas leyes de Memoria hay una condena de la apología del franquismo. Creo que eso da más capacidad de que haya un público que diga que es una injusticia, y de gente joven que no entienda ese tipo de represión. Deben tener libertad absoluta para expresar sus sentimientos, no hay ningún problema. Es una democracia. Se comienza por tipificar penalmente la apología y después ... ¿pasado mañana van a prohibir el marxismo, el leninismo? ¿No se podrá leer a Engels? Hay que permitir que la gente exprese sus sentimientos tenga la ideología que tenga, y hay que perseguir la incitación directa de hechos violentos contra otras personas. No veo el peligro, me parece más una cosa de propaganda política del fascismo, que necesita recordar la coalición del Frente Popular.
