La socialista María Sánchez (Suances, 1978) se convertía en 2019 en la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria. Y como al resto de dirigentes políticos, le ha tocado afrontar la crisis económica que ha dejado la pandemia de Covid-19. Bajo su mandato al frente de la Consejería ha sido necesario adaptarse a las necesidades que ha impuesto el virus durante 2020, y diseñar unos presupuestos para 2021 que puedan afrontar una crisis histórica que, como ella señala, no se había vivido desde la Guerra Civil. Eldiariocantabria.es habla con ella en su despacho sobre el futuro económico de la Comunidad y las previsiones de recuperación.
En términos económicos, ¿qué ha supuesto la pandemia para Cantabria?
Ha sido terrible para toda España, y en Cantabria ha tenido un gran impacto a efectos del PIB. Nuestra caída es inferior al resto de comunidades autónomas, de un 6,7%, hemos tenido un mejor comportamiento, pero aún así esa caída es importantísima. Después de la Guerra Civil nunca hemos tenido ese shock tan fuerte en la economía. Y en lo que respecta al Gobierno de Cantabria, el impacto sobre las cuentas públicas ha sido muy importante. La pandemia nos ha costado 290 millones de euros. Hay una mezcla entre la caída de la recaudación y el sobreesfuerzo presupuestario para afrontar la crisis sanitaria y social. 2020 ha sido un año muy convulso económicamente.
La Comunidad ya ha impulsado algunas medidas para la recuperación económica. ¿Cómo están reaccionando el mercado y los diferentes sectores?
“Esperemos que, con la vacunación y los primeros pasos de recuperación económica, a finales de 2022 volvamos a los niveles prepandemia”
Las ayudas del Gobierno de España y del Gobierno de Cantabria han sido positivas para amortiguar ese impacto en la economía. Una de las medidas más importantes y fundamental en esta crisis económica y social han sido los ERTE. Ha permitido congelar un poco la economía. Además, es una medida histórica porque es fruto del diálogo social. El Gobierno de España y agentes sociales se pusieron de acuerdo para afrontar una medida tan importante. A partir de ahí, y en la medida que hemos podido, hemos sumado territorialmente las ayudas a los sectores más afectados desde Sodercan o la Sociedad Regional de Educación Cultura o Deporte, el aplazamiento, el fraccionamiento de tributos, el complemento de avales de los ICO…
¿Y cuál es el siguiente paso?
Ahora mismo los datos los vemos positivos. El Índice de Confianza Empresarial en el sector industrial y en el sector servicios ofrecen datos muy positivos. También el pago con tarjetas de crédito. Todo ese ahorro que se ha producido durante la pandemia de todas las familia, en algún momento, cuando las circunstancias nos lo permitan, tendrá que salir y estimular el consumo. Otros indicadores importantes, como el Índice de Producción Industrial, ofrece muy buenos datos. Lógicamente, dentro del sector servicios empezamos a recuperar las constantes vitales con esas primeras reservas de cara a la época estival. Vislumbramos un poco la recuperación económica, y es importante ver en los próximos meses cómo evoluciona el sector servicios, porque ahí la economía se la jugará un poco en el verano. Esperemos que, con el ritmo de vacunación, que es muy elevado, y con esos primeros pasos de recuperación económica, se mantenga, sea sostenible y durante el 2021 y 2022 siga la senda del crecimiento para, a finales de 2022, recuperar el PIB prepandemia.
Junto a esta vacunación, ahora ha terminado el Estado de Alarma. ¿En qué puede afectar la llegada de visitantes desde un punto de vista económico?
“Todo ese ahorro que se ha producido durante la pandemia, cuando las circunstancias nos lo permitan, tendrá que salir y estimular el consumo”
No tenemos una estimación realizada. Ten en cuenta que la evolución económica está íntimamente ligada a la evolución de la pandemia, que el virus no nos dé nuevos disgustos y que la vacunación siga creciendo. No se pueden realizar esas previsiones porque hay mucha incertidumbre, pero los primeros indicadores, desde hace mucho tiempo, empiezan a ser positivos, y eso nos da mucha esperanza.
Cantabria ha presentado varios proyectos a los Fondos Europeos. ¿En qué punto está el proceso y cómo pueden beneficiarnos estas ayudas?
De manera global, los Fondos Next Generation van vinculados a reformas. No tienen por qué ser fiscales. Estamos hablando de reformas profundas que provoquen un cambio en el modelo productivo, que se ha visto que ha resultado insuficiente en esta pandemia. Existen cuatro ejes fundamentales sobre los que pivotan esos proyectos: la transformación digital, la economía verde, la cohesión social y territorial, y la igualdad de género. Y una cosa muy importante: todo proyecto tiene que ser sostenible económicamente en el momento en el que dejen de venir los Fondos. Es la letra pequeña.
Las consejerías se están reuniendo con los distintos ministerios del Gobierno de España. Algunas van más adelantadas que otras, pero ya se está trabajando para hacer esa distribución de los Fondos por áreas de gasto y territorialmente. Hasta finales de junio no sabremos cómo quedará la distribución, y como muy pronto empezarán a llegar en septiembre. La certeza que tenemos es que, dentro de los Fondos, tenemos el paquete React-EU, que son 96 millones asignados a Cantabria para financiar proyectos como la protonterapia, los centros de Formación Profesional Integrada o la renovación de la plataforma Yedra. Esa cantidad la tenemos asignada desde principios de año y se está poniendo en funcionamiento. Todavía no tenemos el visto bueno de Bruselas, pero la semana pasada hemos tenido una reunión a tres bandas entre Comisión Europea, Ministerio y Consejería de Economía y Hacienda, y nos han mostrado su satisfacción, así que esperamos el ‘ok’ definitivo próximamente.
“Crisis significa cambio, y tenemos que aprovecharlo para hacer las reformas”
En este sentido, ¿es un buen momento para un cambio de modelo económico en Cantabria?
Crisis significa cambio, y tenemos que aprovecharlo. Es el momento de subirse al tren de los Fondos Europeos. Son líneas estratégicas que marcan Europa y el Gobierno de España, y que todos compartimos. Es el momento de aprovecharlo para hacer las reformas y la transformación digital, caminar hacia esa economía verde, sin olvidar la cohesión social y territorial para evitar las desigualdades tanto socialmente como entre los propios territorios, no solo en España sino también con la Unión Europea. Y eso sin perder la perspectiva de la igualdad de género. Es inevitable, caminamos hacia esa transformación y ese modelo.
¿Cree que Cantabria podrá recibir en esta legislatura el pago prometido por Valdecilla?
Dentro de los importes de Valdecilla tenemos dos partes. Por un lado, los 44 millones de euros consignados en los Presupuestos Generales del Gobierno de España como transferencia directa a Cantabria. Esos se van a recibir este año, estamos avanzando con el convenio que tiene que dar soporte a esa cantidad. Por supuesto, todo tiene una tramitación administrativa que igual es un poco más costosa, pero en fechas próximas se firmará y, en ese momento, se recibirá ese dinero.
Por otro, están los 22 millones de la sentencia de Valdecilla. Es una anualidad que el Gobierno del PP de Mariano Rajoy tenía consignados en los Presupuestos. No cumplió su compromiso con el Gobierno de Cantabria y no lo abonó, por lo que el Ejecutivo decidió ir a la vía judicial para reclamárselo. La sentencia judicial ha sido favorable para Cantabria, y ahora el Gobierno de Sánchez va a afrontar esa sentencia. También estamos en diálogo porque se tiene que materializar a través de un convenio, y esperamos que, seguramente este ejercicio, llegue esa cantidad.
Aparte de estas cantidades, todavía quedan otros 55 millones y otros 45 millones de euros.
Eso es diferente. Los 55 millones de euros que están asignados a Cantabria son ayudas directas de la línea Covid-19 que saca el Gobierno de España y territorializa a las comunidades autónomas. Hemos firmado el convenio hace poco, y en los próximos días llegarán a la caja del Gobierno de Cantabria. En ese momento, las consejerías de Pablo Zuloaga y Javier López Marcano tendrán que sacar las convocatorias para que esas ayudas lleguen a la hostelería, la cultura, el deporte, el turismo… Es una ayuda directa del Gobierno de España, que nos utiliza a las comunidades autónomas para que llegue lo más rápido posible a empresas y autónomos. Hay que dejar claro que esos 55 millones no van ligados a los Fondos Europeos, es una cosa del Estado.
“Nuestra Agencia Tributaria se tiene que modernizar, adaptarse a la situación que vivimos y evitar disgustos”
Y los 45 millones corresponden a la sentencia del IVA. Son la última mensualidad del 2017 que, con la reforma que hizo el ministro Montoro, el Gobierno de Mariano Rajoy dejó de abonar a las comunidades autónomas. En los Presupuestos Generales del Estado, en 2019, se daba una solución por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, pero se tumbaron aquellas cuentas con el voto en contra del PP. Jurídicamente no había más posibilidad de poder pagar esto a las comunidades autónomas, y muchas presentamos un recurso judicial para pedirlo. De momento, Castilla y León y Galicia han ganado esas sentencias, y Cantabria está en esa vía, pero visto el resultado, se plantea un entendimiento con el Gobierno de España para no tener que agotar la vía judicial.
Ya se ha anunciado que la polémica en ACAT sobre los documentos no ha afectado a demasiados usuarios. ¿Qué se puede hacer para evitar que vuelva a ocurrir?
Es un suceso lamentable por el que tanto el director de la ACAT como yo misma pedimos perdón. Tenemos que evitar que vuelva a suceder. Hemos activado todos los protocolos internos, a nivel de auditoría, para ver dónde pudo existir ese fallo. En un principio, y aunque estamos pendientes de informes, parece que la empresa contratista, que lleva poco tiempo, no sabemos si hizo un uso adecuado o no de esa documentación. En cualquier caso, cuando existe un fallo de estos, no solo hay que hacer autocrítica, sino que tiene que ayudar a mejorar los procedimientos internos, los pliegos de contratación, la supervisión de los contratos, este y cualquier otro. Y en eso estamos, analizando cómo mejorar para prestar mejor servicio a los ciudadanos. La ACAT tiene que afrontar un proceso de modernización muy importante donde la transformación digital y la apuesta por el personal son fundamentales. Y no se puede quedar en esta legislatura, tiene que ser un compromiso de todos los grupos políticos para apostar por una Agencia Tributaria fuerte. Es inevitable, nuestra Agencia Tributaria se tiene que modernizar, adaptarse a la situación que vivimos y evitar disgustos.
