“Hay tres elementos históricos genuinamente españoles: el caciquismo, el clientelismo y el enchufismo”

Jurista de vocación y demócrata de convicciones firmes, Jesús López-Medel (Santander, 1959) es abogado del Estado desde 1985, habiendo sido observador de la Organización de Estados Americanos (OEA) y presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Democracia de la OSCE. Su trayectoria profesional le ha llevado a ocupar cargos en diferentes organismos tanto judiciales como políticos, entre ellos el Ayuntamiento de Santander, donde fue concejal por el PP, y el Congreso de los Diputados, donde estuvo entre 2000 y 2008, ejerciendo como portavoz de la Comisión de Administraciones y la Constitucional, además de presidente de la Comisión de Cooperación Internacional y de la Comisión de Justicia e Interior. La guerra de Irak y la manipulación en la teoría de la conspiración le llevó a desvincularse de la formación, participando recientemente en el proyecto de Sumar. Autor de 16 libros, López-Medel publica ahora su última obra, ‘Calidad democrática. Partidos voraces, instituciones contaminadas (1978-2024)’, en el que analiza la situación de las instituciones públicas y la ocupación que han hecho los partidos de ella. Hablamos con él antes de la presentación que realiza este martes en la Librería Gil.

Publica el libro ‘Calidad democrática’. ¿Qué calidad tiene la democracia española?

El nivel de calidad es alto, pero no es una democracia plena. Algunos intentan insistir en que es plena, pero aquellos que conocemos bien la realidad y que somos inconformistas podemos constatar que es mejorable en algunos aspectos y muy mejorable en otros. Entre ellos, por ejemplo, el control de las instituciones del Estado por parte de los partidos políticos.

El pacto de la Constitución sería algo absolutamente impensable en los últimos años por el talante de algunos que están en la política

¿Hemos descuidado nuestra democracia desde sus inicios o se ha deteriorado en los últimos tiempos?

Creo que todo hay que cuidarlo. Lo que llegó en el ’78 con la Constitución Española fue un logro importante, y fue meritorio que se pactara entre partidos tan diferentes lo que se consiguió. Sería algo absolutamente impensable en los últimos años, entre otras cosas por el talante de algunos que están en la política para llegar a acuerdos. La democracia conseguida en el 78 fue pactada, y eso significa renunciar y aceptar ideas de los otros. Pero hay que cuidarla. En 2011 se produjo en España un acontecimiento importante, el 15-M. Uno de los lemas era ‘No nos representan’, una interpelación en un momento de crisis económica y de democracia ya avanzada. Pero esa relación crítica hacia la democracia no ha sido suficiente, o se anuló en parte. Aquellas demandas ciudadanas se canalizaron a través de los partidos políticos, pero se fueron diluyendo. Creo que este tipo de cosas deben hacerse. Cualquier expresión de la gente es buena, como ahora pasa con los estudiantes, que se están concentrando reclamando paz y justicia en una zona muy castigada en todo el planeta.

¿Qué supuso la entrada de los nuevos partidos en el sistema que teníamos?

Supuso un aire nuevo. El partido principal que más capitalizó eso fue Podemos, que tuvo cinco millones de votos. Fue muy emergente, muy sorpresivo, y en seguida surgieron otros nuevos partidos como Ciudadanos y más tarde Vox. Algo se consiguió con esas reclamaciones de mejor democracia o más justicia, como el tema de los desahucios, que ha permitido avanzar para proteger a gente con desahucios verdaderamente injustos e inhumanos. Pero dejaron pendientes cosas, y se fueron diluyendo. Lo hemos visto con Ciudadanos, que ha desaparecido en las elecciones de Cataluña, como ya hizo en el conjunto del Estado. Y la fuerza que ha heredado Unidas Podemos, Sumar, no tiene la suficiente fuerza. Esos partidos nuevos no han sido suficientemente exigentes a los grandes. Los dos grandes partidos consideran que esto es algo de ellos, y si Podemos y Ciudadanos hubiesen sido más exigentes con sus partidos grandes más cercanos, PSOE y PP, a lo mejor otra cosa habría pasado. Pero no han hecho labor de contención a esos partidos sobre lo que hay que mejorar, y no puede ser este reparto del botín.

En su libro aborda una estrategia de ocupación de los partidos en otras instituciones. ¿Se refiere a esto cuando habla de que no hay democracia plena? ¿No hay separación de poderes en España?

Que coloquen a la gente por su fidelidad política o porque van a estar agradecidos es una contaminación que hay que denunciar

Hay tres elementos históricos genuinamente españoles que hay que tener en cuenta. Primero, el caciquismo propio de una España rural, como ha sido hasta hace poco. Segundo, el clientelismo propio del siglo XIX y XX, muy enraizado en los reyes. Y tercero, un elemento más actual: la tendencia al favoritismo y el enchufismo. Es algo que sucede en todas partes, pero en España está especialmente enraizado. Es más fácil conseguir un trabajo por recomendación que por mérito o capacidad. Y eso también sucede en los partidos políticos, que colocan a su gente a nivel de asesores, empresas públicas… Esa colonización es de los dos grandes partidos por igual. Es injusto, imparcial e incierto decir que eso lo realiza el Gobierno actual. Tanto PP como PSOE son igualmente responsables. Como precedente de esto tenemos la ocupación que hicieron los partidos políticos de las cajas de ahorro. En los ’90 descubrieron estas instituciones como mecanismo de financiación, pero también de ocupación. En Cantabria, por ejemplo, el presidente de Caja Cantabria era el secretario general del PP, y nadie decía nada porque eso estaba repartido entre ellos, el PRC y el PSOE. Pero lo más grave es cuando esa colonización llega a las altas instituciones del Estado como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo… Que ahí coloquen a la gente por su fidelidad política, o porque van a estar agradecidos y van a votar lo que quiere quien le propuso, es una contaminación que hay que denunciar.

Con esta contaminación que me comenta, ¿cómo valora lo que está ocurriendo en el Consejo General del Poder Judicial? ¿Es posible desbloquear la situación?

Es absolutamente lamentable y un incumplimiento gravísimo de la Constitución. Un órgano que tiene una vigencia de cinco años que lleva más de cinco años prorrogado es algo insostenible y refleja el deterioro institucional. Y a los votantes del partido que está haciendo ese bloqueo no les afecta para nada. El problema es que el CGPJ no se arregla simplemente con una renovación. Ha ido adquiriendo vicios muy graves de opacidad, de falta de transparencia, de caciquismo interno, de favoritismos… que afectan a lo que más nos interesa a los ciudadanos, y es que los tribunales y los juzgados funcionen bien. Este bloqueo político está afectando por tema de medios, de cobertura de puestos que siguen vacantes… Tendrían que cambiar más cosas, no solo que lo renueven y uno para ti, dos para mí… Tendría que cambiarse el perfil.

El CGPJ no se arregla simplemente con una renovación. Ha ido adquiriendo vicios muy graves de opacidad, de falta de transparencia, de caciquismo interno y de favoritismos

¿Se podría haber previsto lo que está ocurriendo cuando se firmó la Constitución?

La Constitución es la norma de normas. No puede ser algo reglamentista. Son 169 artículos, y prever, regular y normativizar todo tipo de hipótesis es algo imposible y probablemente no deseable. Sobre todo lo que depende de la voluntad de los agentes políticos. Es claro que la Constitución impone un sistema de consensos y de lealtad. Establece una duración de los tiempos, y en el caso del Defensor del Pueblo, que tiene un mandato por cinco años, cesa automáticamente. No es así en el Tribunal de Cuentas o en el CGPJ. Otra cosa es que los dirigentes de estos 45 años se han ido comportando de una forma más desleal a la Constitución. En el libro doy datos de quiénes conformaban los primeros tribunales constitucionales, con gente de más prestigio que ahora. Y algo importante: eran menos previsibles. Ahora se sabe que los de un lado van a votar todos juntos y los del otro lado igual. Antes no era así. Por su sensibilidad se les podía colocar en un espectro u otro, pero tenían más imparcialidad, más independencia y criterio propio. Ahora no, e incluso el que va por libre sabe que al poco tiempo tendrá que recolocarse con los suyos. Y eso no es bueno.

Esta evolución hacia una menor imparcialidad, ¿está condicionada por la aparición de partidos de los extremos?

Creo que los partidos que fueron surgiendo en la década anterior no tienen especial responsabilidad en esto. Son responsables porque no han exigido a los cercanos más grandes que actuaran de otra manera. Tampoco han exigido cuotas. Han dejado este tema como si fuera algo de los grandes partidos. Y es una crítica a los partidos emergentes que se autotitulaban como regeneradores o más críticos. Han perdido esa frescura, y me permito recordárselo a los que más plantean esa bandera, que son Sumar y Unidas Podemos. Durante el tiempo que han estado en coalición con el hermano mayor no han sido exigentes a la hora de decir “No, esto así no”, o “esta persona no porque está muy marcada”. No han tenido suficiente coraje, pero al igual que les critico a ellos, también critico a los dos grandes responsables.

La calidad de una democracia depende también del nivel de formación e información de los ciudadanos

¿Qué papel juegan en todo esto los partidos regionalistas e independentistas?

Ninguno, no juegan a nada. En las instituciones del Estado ahora mismo no hay nadie. Ni catalanistas, ni independentistas ni moderados. No hay vascos. No juegan a colocarse. Su reivindicación es conseguir cosas respecto a Madrid, como les gusta decir, pero no participan de la gobernabilidad del Estado. No sería malo que estuvieran, pero no les interesa, y tampoco a los grandes partidos ceder un puesto para que entrase alguien de un partido regionalista que no tiene ningún peso en Madrid, sea nacionalista o independentista.

¿En su libro apunta alguna idea de por dónde deberían caminar las mejoras de nuestro sistema?

Hay reformas legales, pero sobre todo son reformas de actitud. Entre las legales estaría, por ejemplo, implementar que los cargos no sean perpetuos. En el Consejo de Estado, cuando te nombran consejero permanente, es para toda tu vida. Actualmente hay una persona de 94 años, hay otros de más de 80 y el resto son de setenta y tantos. Yo no digo que tenga que llegar un momento en el que tengan que irse, pero ya tenemos un cargo vitalicio, que es la Monarquía, y ya vale. En los cargos públicos no debe haber esa tendencia, y yo modificaría eso, cosa que no se ha hecho ni se ha intentado nunca. Otro aspecto sería hacer que los órganos en los que llega el plazo y no se renuevan, se cese. Como decía, eso ocurre en el Defensor del Pueblo, pero no así con el CGPJ, el Constitucional o el Tribunal de Cuentas, donde siguen hasta que los dos partidos quieren. Normalmente, cuando vence el mandato de un órgano, no se procede a renovarlo, sino a dejarlo en funciones hasta que decidan ponerse de acuerdo y se cambian los cromos: el Defensor del Pueblo para ti, RTVE para mí, la Agencia de Protección de Datos para ti… Quieren realizar la renovación de una manera conjunta, pero ese no es el mandato de la Constitución. No es que diga otra cosa, pero eso no es conforme al espíritu constitucional. El consenso es positivo, pero no puede ser para repartirse las canonjías.

Hay partidos que llevan una trayectoria histórica de corrupción, y hay quien relativiza eso porque piensa que todos son iguales, pero no es correcto

¿Qué podemos aprender de otros sistemas democráticos de nuestro entorno?

Hay algo en el derecho alemán que está expresado así desde hace tiempo en la Constitución y las leyes fundamentales: el Principio de Lealtad Constitucional. Es un mandato genérico, pero en el momento que consagras en una norma esa obligación… La cuestión es que los partidos sean más responsables, pero que a los ciudadanos no nos dé igual o que pensemos que es una cosa de partidos y lo van a seguir controlando. Los ciudadanos a veces hacemos esa dejación o tendemos a decir que todos los partidos son iguales, algo que no comparto. La calidad de una democracia depende también del nivel de formación e información de los ciudadanos. Si lográramos que estuviéramos más formados y más informados, y aquí entra el papel de los medios de comunicación, tendríamos una exigencia mayor a los partidos. No podemos hacer dejación de que esto corresponde a los políticos y desentendernos. Lo que podemos hacer como ciudadanos es muy poco, pero a través de grupos podemos ser más sensibles. Y que los partidos paguen un precio si no cumplen. Es igual con la corrupción. Hay partidos que llevan una trayectoria histórica de corrupción, y entiendo que alguien relativice eso porque piense que todos son iguales, que repito que no es correcto. Pero si fuésemos más exigentes con los casos de corrupción a la hora de votar y discriminar a quien no ha actuado bien, también podríamos hacer lo propio con los partidos que actúan de una manera muy acaparadora con la democracia. La democracia no nace con los partidos, son cauce de participación. La democracia es algo que corresponde a todo el pueblo español, y así lo dice la Constitución.