Con motivo de los 40 años de la Constitución que se celebran este jueves el portavoz del PRC en el Parlamento de Cantabria, Pedro Hernando, analiza estas cuatro décadas de democracia, las necesidades actuales de la Carta Magna y los retos a los que se enfrenta España como país.
¿Qué balance hace de la Transición del franquismo al régimen constitucional vigente?
Fue, sin duda, un ejemplo de convivencia, de trabajo en común por lograr un objetivo fundamental: traer a España un régimen democrático después de 40 años de dictadura. Todos sabían que había que ceder en sus planteamientos en aras al bien común, unos cedieron en la opción república/monarquía; otros en el estado federal/autonómico; y otros en la confesionalidad del Estado o en la educación o incluso en los símbolos como la bandera. Pero el logro fue enorme y hoy tenemos que agradecer a los políticos de la época, pero sobre todo a los ciudadanos, su compromiso con los derechos y las libertades, su apoyo decidido a la Constitución de 1978 y su entereza ante hechos gravísimos como el 23F en una época mucho más difícil y compleja que la actual, con graves problemas económicos, de empleo o de terrorismo.
Hoy tenemos que agradecer a los políticos de la época, pero sobre todo a los ciudadanos, su compromiso con los derechos y las libertades
¿Qué balance hace de estos 40 años de vigencia de la Constitución española de 1978?
Muy positivo. Los españoles conseguimos cohesionarnos a partir de un texto constitucional y alcanzar las mayores cotas de bienestar, crecimiento, empleo, derechos sociales, culturales, etc. de la historia de España. Han sido 40 años determinantes para convertir a España en un país democrático, participativo, solidario, europeo, y que debe seguir avanzando en esta misma senda. Y es indudable que la Constitución, como texto de consenso, de acuerdo, de puntos de encuentro comunes y de reconocimiento de la pluralidad política, territorial, social, etc. de todos los españoles, es uno de los artífices de esta época de crecimiento, prosperidad y evolución de nuestro país.
¿Cree que la Constitución española de 1978 necesita, a corto plazo, algún tipo de reforma en profundidad?
La Constitución Española de 1978, como todas las normas jurídicas, tiene que irse adaptando a la realidad del tiempo y la sociedad que regula. La situación de España no es la misma que en 1978. Sólo con pensar que en aquella época no había móviles, no existía internet, éramos emisores de emigrantes y no receptores, no formábamos parte de la Unión Europea y ni siquiera se sabía cuántas Comunidades Autónomas iban a formar el Estado Autonómico. La realidad era muy distinta y eso requiere adaptación.
El paso de los años nos ha servido para comprobar que las instituciones requieren de cambios para funcionar correctamente
Pero también el paso de los años nos ha servido para comprobar que las instituciones requieren de cambios para funcionar correctamente. El Senado, el propio Estado Autonómico, la efectividad de los derechos fundamentales, hacen necesaria una reforma de nuestra Constitución, que debe basarse en los mismos principios que la impulsaron: el acuerdo, el consenso y la altura de miras de todos los que participen en el proceso, dejando a un lado dogmatismos partidistas e ideológicos. Y me temo que esas circunstancias no se dan actualmente en la política y en el Parlamento español.
¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del actual modelo territorial español?
Las ventajas yo creo que han quedado claras en estos casi 40 años de Estado de las Autonomías. Y Cantabria es un ejemplo. Se ha acercado el ejercicio del poder a los administrados, los ciudadanos conocen directamente a quienes les gobiernan y administran sus impuestos. Se ha acercado el centro de decisión a los beneficiarios de las mismas. Se ha ganado en descentralización económica o se han desarrollado zonas de España a las que de otro modo se hubiera obviado por su escaso peso poblacional o económico, como ha ocurrido en anteriores etapas de la historia de España.
Además se ha permitido la responsabilidad de gobiernos y ciudadanos para tomar decisiones que permitan, por ejemplo, que Cantabria, con medio millón de habitantes, tenga uno de los mejores hospitales de España, como es Valdecilla, sea una de las tres comunidades que más gasta en su sistema educativo, que tengamos la mejor red global de carreteras autonómicas del país o que podamos decidir invertir en nuestra Universidad y en los institutos de investigación como el IH o el IDIVAL, para diseñar la Cantabria productiva del futuro. Todo esto, y mucho más, lo ha favorecido el estado autonómico.
Desventajas tiene las del paso del tiempo en un sistema indefinido e incompleto. Era necesario llegar a un acuerdo y la Constitución consagra el Estado de las Autonomías, pero ni sabía cuántas iban a existir. Y además era necesaria dar respuesta a la situación de País Vasco, Cataluña y Galicia, que habían tenido ciertos procesos autonómicos en la II República.
Ahora toca volver a definir las reglas del juego partiendo del status quo, es decir, de la situación actual, que no debe olvidarse sitúa a las Comunidades Autónomas españolas con un nivel competencial y de decisión propia mucho más elevado que muchos Estados Federales.
La entrada de los representantes de Vox en el Parlamento andaluz no podemos extrapolarlo a Cantabria, ni al resto del Estado. No estamos ante el mismo escenario
¿Qué balance hace de la Cantabria autónoma y cuáles son sus principales retos?
Los datos objetivos nos demuestran que Cantabria como Comunidad Autónoma se ha convertido en una realidad nacional con un peso especifico en la economía, la cultura, la educación o la sanidad. Para empezar conseguimos, y ahí los regionalistas tenemos gran parte de la culpa, recuperar el nombre de Cantabria y sabemos que eso ya nunca más se va a perder. Por ese logro ya merece la pena todo el esfuerzo y trabajo realizado a partir de la Constitución.
Pero además se consiguió traer el foco de decisión a Cantabria. No en Valladolid o en Madrid. No. En Santander. Cercanía, conocimiento de los problemas, inmediatez de las soluciones, eso ha logrado la autonomía en Cantabria. Y, sobre todo, mejora de las condiciones económicas, sociales y culturales de todos los cántabros y las cántabras con una preocupación especial por el mundo rural y los pequeños municipios que, en un marco global, hubiesen quedado olvidados de un centro de decisión situado a cientos de kilómetros de distancia.
Un partido abiertamente ultraderechista acaba de obtener 12 escaños en el Parlamento de Andalucía. ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de esto? ¿Qué augura este resultado en el conjunto del Estado y en Cantabria?
La entrada de los representantes de Vox en el Parlamento andaluz no podemos extrapolarlo a Cantabria, ni al resto del Estado. No estamos ante el mismo escenario. Andalucía y Cantabria son absoluta y totalmente diferentes. Hay una serie de circunstancias que se han dado en la Comunidad andaluza que no se producen aquí: la desmovilización del electorado; problemas de inmigración y de tráficos ilegales con África, altas tasas de paro y bajas de crecimiento económico, etc. que también han sido determinantes a la hora de decantar las opciones de voto.
Considero que el auge de esta formación se debe al diagnóstico erróneo que han realizado muchas formaciones y, especialmente, el Partido Popular que ha seguido una estrategia equivocada y que ha producido el desencanto de mucha gente y que ha desencadenado, como en otros países europeos, la emergencia de este tipo de partidos políticos.
Pero insisto, en Cantabria y podríamos decir que, en todo el Norte de España, estamos ante un escenario diferente con una realidad social muy distinta, con unos datos económicos y de bienestar, y también en nuestro caso de conciencia autonómica que no permiten pensar en un auge tan importante de formaciones claramente extremistas.
