La declaración del estado de alarma y el consecuente confinamiento ha obligado a las instituciones educativas a adaptarse para terminar el curso de forma telemática. Pero esa adaptación no ha sido, ni mucho menos, la mejor para muchos alumnos y profesores, que se han tenido que enfrentar a dificultades como el acceso a la tecnología necesaria para entregar tareas, controlar a los alumnos y, lo más importante, evaluarlos. La situación en las universidades no es muy diferente y, según ha podido saber este diario, registra problemas muy similares en varios puntos del territorio nacional. Y no distingue entre universidad pública o privada.
Este mismo jueves el Frente de Estudiantes de Cantabria se ha sumado a estas críticas al señalar que desde el pasado día 21 de abril numerosos alumnos han dejado en Twitter, a través del hastag #EscuchanosUC, miles de “críticas a la gestión que está haciendo la Universidad de Cantabria” de la crisis del Covid-19. Problemas respecto a las nuevas formas de evaluación, el exceso de trabajos y tareas, la falta de comunicación con el personal docente o la incertidumbre sobre cómo acabará el curso son algunas de las preocupaciones planteadas.
El sistema planteado por la Universidad Europea del Atlántico suponía realizar los exámenes en julio, alargando el curso “más de un mes”
Son críticas muy parecidas a las que hace el delegado de la Universidad Europea del Atlántico en Cantabria, Sergio Martorell, para quien la “gestión del tiempo y el trato a los estudiantes” de esta entidad privada no ha sido la más adecuada ante la pandemia. Como recuerda en un escrito dirigido a este medio, el último día de clase presencial fue el 13 de marzo, pero no fue hasta 12 días más tarde cuando recibieron un comunicado afirmando que “las clases presenciales se van a reanudar a lo largo del mes de mayo”. El sistema planteado por la universidad privada suponía realizar los exámenes en julio, alargando el curso “más de un mes”.
La medida generó una protesta entre los estudiantes, que propusieron alternativas que no fueron atendidas. Martorell recuerda que hay muchos estudiantes que “necesitamos los meses de verano para financiarnos parte de los estudios”, por lo que suprimir esa posibilidad durante un mes les coloca en una situación muy complicada. A ellos se suman los estudiantes extranjeros, “los cuales verían truncadas las vueltas a sus respectivos países”. Ante esa falta de atención a los alumnos, estos decidieron movilizarse, realizaron una encuesta de satisfacción y propusieron formas de evaluación alternativa, lo que “facilitaría el adelantamiento del curso académico”. Todo cayó en saco roto.
DERECHOS Y OBLIGACIONES
La Universidad de Salamanca, según denuncia este alumno, ha realizado “exámenes online sin saber si todo el mundo tenía recursos”
En similares términos se ha expresado S.M.F., estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad de Salamanca, en un escrito que ha remitido a varias asociaciones jurídicas que, según ha explicado a este medio, ya están valorando posibles formas de actuar ante lo que califica como “abusos de nuestros derechos”. En dicho texto pone el foco sobre algunas de las cuestiones denunciadas por Martorell, como la tardía reacción de la institución. Como señala este alumno, mientras que las clases presenciales se suspendieron el 12 de marzo, no se ofreció una “explicación” de cómo se actuará en cada asignatura hasta el día 20, cuando muchos estudiantes ya habían regresado a sus hogares por la declaración del estado de alarma.
Y al igual que en la Universidad Europea del Atlántico, la docencia a distancia ha sido un imprevisto para el que las instituciones no parecían tener un plan. Descontrol de clases, tareas publicadas sin un horario concreto,… “Esto ha originado problemas de estrés, insomnio y ansiedad en varios estudiantes” ante la presión y la falta de información, señala S.M.F. Eso por no hablar de que, al menos hasta que se aprueben unas nuevas guías docentes para este estado de alarma, el curso “se rige por las viejas, y todo trabajo para nota exigido en este tiempo de docencia online debe ser anulado”.
Por otro lado, la Universidad de Salamanca, según denuncia este alumno, ha realizado “exámenes online sin saber si todo el mundo tenía recursos”, por no hablar de los problemas que pueden surgir durante la conexión. Ante esto, se pregunta si “¿se va a sancionar a aquellos profesores que no han cumplido con su trabajo o han hecho menos horas?” y si “¿vamos a poder reclamar la nulidad de estas pruebas para nota al no tener en cuenta a todo el mundo?”. En este sentido, S.M.F. apunta la presunta ilegalidad que podría existir en las pruebas a distancia a través de webcam, pues “vulnera nuestra privacidad”, por lo que el alumno puede negarse a realizar los exámenes.
Aunque lo más llamativo sobre lo que pone el foco este alumno es que, aunque buena parte del curso se está haciendo a distancia, la matrícula para una educación presencial se está manteniendo. “A principio de curso nosotros firmamos un documento oficial que se llama matrícula por un servicio presencial de enseñanza. Creo que esto se podría considerar un contrato. […] Creo que tras incumplirse esto, tenemos derecho a que se reduzca la matrícula al nivel de la UNED”, ha opinado el estudiante, añadiendo que “si quisiéramos este modelo de enseñanza, nos hubiéramos apuntado” a la Universidad a Distancia.
A su juicio, el modo en que ha actuado la institución pública demuestra “desinterés” tanto de profesores como del equipo dirigente, “dejando a estudiantes fuera de la educación por la que pagaron”.
UNIÓN DE ESTUDIANTES
Por su parte, el pasado 18 de abril la Unión de Estudiantes de Cantabria señalaba igualmente los problemas de muchos alumnos para acceder a dispositivos que les permitan realizar las tareas, “y eso no quiere decir que deban quedarse atrás”.
Asimismo, y concretamente en materia universitaria, proponían “métodos de compensación de calificaciones e iniciar medidas de evaluación continua” adaptadas a la situación generada por el coronavirus, planteando para el próximo curso una reestructuración de los precios de las matrículas y la concesión de becas.
