La Junta de Personal Docente no Universitario de Cantabria, formada por los sindicatos STEC, ANPE, CCOO, TU y UGT, ha manifestado "de forma tajante" su rechazo a la implantación del 'pin parental' en los centros educativos propuesta por Vox, que considera un "ataque" a los docentes.
En un comunicado, la Junta señala que se trata de una medida "innecesaria" que "merma la autonomía organizativa y pedagógica" de los centros y "amenaza" la propia libertad de cátedra de los docentes. Además, sostiene que su implantación concedería a las familias "un derecho de objeción de conciencia encubierto" ante las actividades propuestas por los centros en las programaciones.
Por otro lado, asegura que, en el caso de extenderse este procedimiento de autorización previa por los padres o tutores legales, se generaría "un aumento de la ya de por sí excesiva burocracia que asfixia la labor docente".
Para la Junta, es "inaceptable" la aplicación de este o "cualquier otro sistema de control externo" a la labor de los centros educativos, y señala que la normativa vigente "garantiza plenamente" los derechos de las familias en los distintos niveles de concreción curricular.
A su juicio, "no es razonable" someter las diferentes actividades ya programadas y aprobadas por las administraciones educativas a estas autorizaciones, máxime cuando existen unos mecanismos de participación de las familias a través de cada consejo escolar, y de recogida directa de información a través de los tutores o equipos directivos.
Reitera en este sentido que los derechos de las familias y del alumnado "están plenamente garantizados" en el sistema educativo, por lo que "toda polémica" en torno a un 'pin parental' "inexistente" en Cantabria "no hace más que perjudicar la imagen de la educación pública y desviar el foco del debate de los auténticos temas de interés".
"Desde la Junta de Personal Docente no vamos a tolerar injerencias educativas ni retrocesos" y ante "este ataque" a los docentes "no podemos quedarnos callados", apostilla.
Además, le parece "especialmente grave el señalamiento que se hace", a su juicio, a varios centros públicos de la comunidad "que se han visto implicados en una polémica política, totalmente artificial y estéril, que no tiene nada que ver con la labor docente, cuestionando la profesionalidad de los y las docentes que trabajan en los mismos".
NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR
En cuanto a los derechos de las familias en los distintos niveles de concreción curricular, detalla que, en el caso del diseño curricular básico, este se realiza por el poder legislativo y ejecutivo a través de los representantes legítimamente elegidos por la ciudadanía.
"Si se considera que vulnera principios constitucionales, tiene un marcado carácter político o ideológico o invade competencias de las familias, estas tienen a su alcance instrumentos políticos y jurídicos para canalizar su disconformidad", añade.
En cuanto al proyecto curricular de cada centro, incardinado en su proyecto educativo, explica que las familias tienen competencias en la elección, organización, desarrollo y evaluación de las actividades escolares complementarias a través de su participación en el Consejo Escolar.
Respecto a la programación de aula, la Junta señala que las familias tienen "el derecho y la obligación" de exigir que la actividad sea acorde a lo establecido en el resto de los niveles de concreción y, si procede, denunciar en el caso de que no sea así.
