Según datos de Axesor, agencia de rating española, publicados este viernes, los concursos de acreedores en Cantabria se han duplicado con respecto al año pasado en el mes de agosto. Hasta seis procesos se han iniciado, lo que ha convertido a la Comunidad Autónoma en una de las cinco que han experimentado un repunte en este dato, que contrasta con el descenso a nivel nacional del 29,2%. La cifra da buena cuenta de las políticas de recuperación iniciadas por el Gobierno del PP en Cantabria, aunque muchos de los afectados por estos procesos no necesitan recurrir a estadísticas para saber lo que está ocurriendo en la región.
Posiblemente el caso más conocido y alarmante sea el de la fábrica de estufas Nestor Martin, ubicada en Maliaño y que el pasado 1 de septiembre presentó concurso de acreedores. A esto se añade la “desaparición” de 18 millones de euros de dinero público que el Ejecutivo de Ignacio Diego puso en la empresa, y que el actual Gobierno de coalición utiliza como motivo para no introducir más capital de la región.
El caso se pone más peliagudo si se tiene en cuenta que parte de la inversión realizada en esta empresa es de los propios trabajadores. Muchos de ellos fueron reubicados después de lo ocurrido con Teka, y fueron convencidos de invertir su indemnización, unos 3,2 millones de euros, para crear y arrancar esta nueva empresa.
La situación ha llegado hasta el extremo de recurrir a una auditoría forense para determinar el paradero del dinero, y tanto los gestores de Ecomasa (la empresa encargada de fabricar las estufas) como la ex directora del Servicio Cántabro de Empleo, María Ángeles Sopeña, nombrada por el PP, deberán declarar el 21 de septiembre como imputados.
Por supuesto, los ‘populares’ defienden tanto su gestión del caso como la de la ex directora del Servicio Cántabro de Empleo. La realidad para los trabajadores, que han denunciado en varias ocasiones el abandono que sienten por parte de la Administración, es muy diferente.
Sniace y Tinamenor
La situación de Sniace se ha alargado más en el tiempo, aunque parece tener visos de solución en el corto plazo. Hace más de cinco meses que los acreedores votaron a favor del levantamiento del concurso, pero la sentencia del juez, primer paso para poder aprobar una ampliación de capital, todavía no ha llegado.
Esta sentencia, además, permitirá que el Tribunal Supremo autorice la reversión de los despidos. En este sentido, la mayor parte de los trabajadores han agotado ya la prestación por desempleo, por lo que la reapertura de la fábrica ha adquirido un carácter urgente.
La actitud política del PP en estos problemas laborales también se ha dejado ver en el caso del Grupo Tinamenor, que a finales de julio presentó un concurso voluntario de acreedores para poder negociar una solución de viabilidad operativa y financiera que pudiese hacer frente a una deuda de 25 millones de euros y que salvara los 125 puestos de trabajo, 60 de ellos en Cantabria.
Tal y como aseguraron representantes del personal de la empresa, desde el principio han tenido problemas en el acceso a la información que les facilitaba el Grupo, pero han encontrado una dificultad añadida en el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz. Tradicionalmente era la Delegación del Gobierno la que coordinaba las reuniones de seguimiento entre las partes. Bajo el mando de Ruiz han dejado de celebrarse.
Falta de financiación
La falta de financiación por parte del Ejecutivo ha sido otra forma de abocar a las empresas, o en este caso a una fundación, a convocar de forma voluntaria un concurso de acreedores. El pasado jueves, 3 de septiembre, la Fundación Formación y Empleo (FOREM) de CC.OO. anunciaba esta medida ante la imposibilidad de recibir fondos.
Al ser una organización sin ánimo de lucro no puede obtener beneficios, por lo que depende de las subvenciones y aportaciones. Los recortes realizados en este ámbito han impedido que pueda mantener la actividad de los 12 trabajadores fijos y los cerca de 20 profesores que imparten los cursos.
En este sentido, la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE) señala que conserva las facultades de administración y de disposición de su patrimonio, pero sometidas a la intervención de la administración concursal. Ha sido designado administrador concursal Francisco Vaciero Fernández.
Balance nacional
Lo ocurrido en Cantabria contrasta mucho con el comportamiento a nivel nacional. La cifra de concursos de acreedores en España se sitúa en 201, la más baja de los últimos cinco años. La estadística concursal de las sociedades mercantiles españolas cumplió en agosto 22 meses consecutivos de caída en la comparativa interanual, una racha "inédita" desde que la ley concursal de 2004 agrupó quiebras e impagos, según ha valorado Axesor.
El balance acumulado en los ocho primeros meses del año fue igualmente positivo, con un total de 3.371 casos registrados, un 23,8% menos, y también es la cifra más baja en el último lustro.
Falta de efectividad
Uno de los elementos principales por los que los empresarios intentan evitar a toda costa acogerse al concurso es la falta de efectividad, hasta ahora, del mecanismo concursal como fórmula para asegurar la viabilidad de la empresa, según la agencia.
El 25% de los concursos registrados en agosto correspondió al sector de la construcción, con un descenso del 27,6% en lo que va de año y del 50% en agosto, por lo que fue determinante para explicar el ajuste concursal. Si se mantienen los niveles actuales, la construcción podría terminar el ejercicio en el entorno de los 1.200-1.300 procesos concursales, lo que supondría el dato más bajo desde 2008.
El sector del comercio y la distribución mayorista y minorista también evolucionó a la baja, ya que en agosto se iniciaron 45 concursos, una caída del 4,3% respecto a agosto de 2014, mientras que en el conjunto del año el número de procesos se elevó a 714 (-20,9%).
El tercer sector en relevancia, el de la industria manufacturera, también experimentó un importante descenso en el número de concursos, del 17%, hasta 39 procesos en agosto, mientras que en el conjunto del año sumó 496 casos (-32,8%).
Comunidades autónomas
Los concursos cayeron en la mayoría de las comunidades autónomas, con la excepción de Canarias (12 concursos, +9,1%), Cantabria, Castilla-La Mancha (3 casos, igual dato que en agosto de 2014), Navarra (12 procesos, un alza del 200%) y La Rioja (1 concurso, igual que en 2014).
En las grandes comunidades, Axesor destaca el cambio de tendencia experimentado por Madrid, que registró 21 casos, un 61% menos que en 2014, la cifra mensual más baja para esta comunidad desde agosto de 2009.
Cataluña fue la Comunidad donde más concursos hubo, con 45 procesos formales de insolvencia (-21,1%), en Valencia se iniciaron 27 concursos (-22,9%), en Andalucía, 19 (-44,1%), y en el País Vasco, 17 (-10,5%). En diez provincias el mes concluyó sin registrar ningún concurso.
