viernes. 29.03.2024

El Gobierno de Cantabria ha puesto a disposición de los ayuntamientos de la región un nuevo convenio para la gestión y recaudación de tributos y recursos municipales, que sustituirá al que se aplica actualmente.

El titular de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, ha presentado este miércoles el nuevo acuerdo a una cincuentena de representantes locales, informa el Ejecutivo en un comunicado.

El contrato pretende facilitar a los ayuntamientos el cobro de tributos, avanzar en que cada vez haya menos fraude y perfeccionar el contrato actual.

Para ello, se va a "renovar los convenios, rebajando el precio que se cobraba hasta ahora a los ayuntamientos y dándoles una mayor facilidad a la hora de establecer sus planes", ha explicado el consejero.

El contrato pretende facilitar a los ayuntamientos el cobro de tributos, avanzar en que cada vez haya menos fraude y perfeccionar el contrato actual

Con esta medida el Ejecutivo pretende "dejar mayor riqueza en los municipios" para que sean las propias entidades locales quienes decidan en qué servicios emplear ese dinero.

El acuerdo, al que podrán sumarse todos los municipios interesados, establece que sea la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) quien se encargue de la gestión, liquidación y recaudación de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles y Actividades Económicas de las entidades locales, así como del cobro del resto de los tributos e ingresos de derecho público.

Otro de los propósitos, según ha apuntado Sota, es "extender esa red y que haya más municipios que encomienden esa responsabilidad a la Agencia Tributaria".

El Ejecutivo regional colabora desde hace años con un importante número de ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, actualmente 48, que han delegado en el Gobierno la prestación del servicio de gestión y recaudación de tributos y otros recursos municipales de naturaleza pública.

El cobro bajará del 5% al 3,5% del importe total de los ingresos correspondientes a las deudas de notificación colectiva y periódica

Sota ha explicado que el acuerdo no solo permite recaudar en los municipios, "sino que, al ser Agencia Tributaria de Cantabria y al tener un convenio con la del Estado, se pueden recaudar tributos de ciudadanos que no residan en los municipios o que estén incluso fuera de la Comunidad Autónoma de Cantabria".

Durante la presentación de Convenio, en el Centro de Promoción e Innovación Tecnológica de Torrelavega, el consejero ha estado acompañado por el director general de Administración Local, Pedro Jesús García Carmona; el director general de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, Pedro Pérez Eslava; y José Antonio Gómez y Luis Crespo, responsables del área de recaudación de la ACAT.

El su intervención, Sota ha recordado a los alcaldes y concejales presentes que la Consejería va a crear una unidad de apoyo para proyectos europeos, con el fin de asesorar a los municipios para que soliciten todos los proyectos posibles para captar fondos europeos.

Por este acuerdo de recaudación la Comunidad Autónoma percibirá una contraprestación económica que se ingresará en la Tesorería regional.

En periodo voluntario, el cobro bajará del 5% al 3,5% del importe total de los ingresos correspondientes a las deudas de notificación colectiva y periódica y a las Liquidaciones de Ingreso Directo realizadas por la ACAT.

En periodo ejecutivo, el importe que se destinará a la Comunidad Autónoma será del 9% del total de los ingresos y del 3% sobre el importe de los créditos declarados incobrables u otras causas que originen la extinción de las deudas.

"Los anticipos a cuenta no sufren ninguna variación, ni en el importe de los mismos, ni en el plazo de entrega a los ayuntamientos. Plazo que tampoco varía respecto a la rendición de cuentas y entrega de fondos de cada cobranza", ha aclarado el consejero.

Adhesión

La adhesión de los diferentes ayuntamientos al convenio debe aprobarse por el Pleno de cada Corporación, que debatirá la delegación de los cobros a la ACAT.

El convenio podrá ser prorrogado por períodos de cuatro años. Para poner fin al acuerdo deberá comunicarse tres meses antes de la finalización de su plazo inicial o de las sucesivas prórrogas.

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