miércoles 20/10/21
NESTOR MARTIN

El ICAF se persona en la querella de Ecomasa y los trabajadores piden la imputación de la cúpula de Teka

Este lunes, 1 de febrero, a las 8:30, se entregará la carta de despido a los 51 trabajadores que quedan en la fábrica de estufas de Maliaño, que cerrará a finales de febrero

Los administradores de Ecomasa, Andrés de León y Jesús Lavín
Andrés de León y Jesús Lavín, máximos responsables de Ecomasa-Nestor Martin

El Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) ha solicitado incorporarse como acusación particular, al igual que Sodercan, a la querella de los trabajadores de Ecomasa-Nestor Martin contra los antiguos gestores de la empresa, Andrés de León y Jesús Lavín, imputados por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental.

Mientras tanto, la abogada de los trabajadores ha ampliado la querella y ha solicitado la imputación de los tres máximos responsables de Teka, según han informado fuentes del proceso.

Por lo que se refiere a la parte laboral, CSIF ha anunciado que este lunes, 1 de febrero, a las 8:30, se entregará la carta de despido a los 51 trabajadores que quedan en la fábrica de estufas de Maliaño, que cerrará a finales de febrero.

Al día siguiente, martes, el Pleno del Parlamento aprobará la creación de una comisión de investigación -solicitada por los cinco partidos con representación en la Cámara a propuesta de Podemos- para determinar las posibles responsabilidades políticas que puedan derivarse de la gestión pública en Ecomasa por la pérdida de 18 millones de euros aportados o avalados por Sodercan y el ICAF.

Tristeza y Comprensión

A preguntas de los medios de comunicación en un acto este sábado en el puerto, el consejero de Industria, Francisco Martín, ha mostrado su "tristeza" por el cierre de la fábrica de estufas de Maliaño y su "comprensión" con los trabajadores por "una historia que desde el principio se veía complicada y que políticamente tiene sus responsables".

"Pronto en el Parlamento empezará a debatirse esa responsabilidad", ha dicho Martín tras señalar que "ya desde hace meses se había puesto de manifiesto la inviabilidad de la empresa y, por lo tanto, la necesidad de su liquidación".

Sodercan, satisfecho con el informe pericial

Mientras tanto, en la empresa pública Sodercan se han mostrado optimistas tras conocer el informe encargado por la jueza instructora del caso a un perito judicial sobre la gestión de los antiguos gestores de Ecomosa, y confía en que la investigación judicial "abra la puerta" a reclamar y recuperar parte del dinero público invertido en la fábrica de estufas de Maliaño.

La abogada de los trabajadores, María Teresa Ortíz, estima que el informe del perito judicial es "contundente pero insuficiente", porque "faltan muchos datos" sobre las desviaciones de dinero. Por ello se ha sumado a la petición del fiscal, que ha solicitado aclaraciones, según ha confirmado la letrada a esta agencia.

Sin embargo, en Sodercan han recibido con "satisfacción" el informe porque en su opinión, "coincide básicamente" con las conclusiones de la auditoría forense que el Gobierno encargó a la firma Ernst&Young para esclarecer el destino de los 18 millones de euros de dinero público, que se concedieron a esta empresa desde 2012 a través de Sodercán (12 millones) y el ICAF (6), y también de los 3,2 millones de las indemnizaciones de los 88 trabajadores despedidos de Teka que fueron contratados por Ecomasa.

La empresa pública da por hecho que a la vista de este informe, la jueza aceptará como prueba la auditoría forense del Gobierno, que "de entrada" no admitió.

Fuentes de la empresa pública consultadas  han destacado que "si se determina, como concluyen el perito y la auditoría", que el dinero público inyectado en Ecomasa fue "desviado" por Lavín y León a otras empresas, se podrá reclamar, lo que "abre la puerta a la posibilidad de recuperar parte del dinero público, y que los trabajadores puedan recuperar también el dinero de sus indemnizaciones".

Informe pericial

El informe pericial encargado por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, habla de una "aventura empresarial poco planificada y de elevado riesgo" para los aportantes de capital -el Gobierno de Cantabria y Teka-, y "casi ningún riesgo" para Lavín y León.

Según el perito, el importe total del capital invertido por éstos, a través de sociedades interpuestas, en el grupo Ecomasa Santander, cuyo valor actual es cero, es de 563.000 euros, por lo que su "aventura empresarial" les ha supuesto "una pérdida insignificante" comparada con la sufrida por el otro socio privado (Teka) y por el socio público (el Gobierno de Cantabria), habiendo sido Lavín y León "los titulares, en todo momento, de la mayoría del capital social de las empresas".

El informe indica que Ecomasa, que se encuentra en concurso de acreedores y abocada a la liquidación, tiene pocos bienes y de valor casi insignificante, por lo que algunos de sus acreedores solo pueden esperan cobrar una parte no significativa de sus créditos, y el resto, nada.

Por ello, cuando sean ejecutados todos los avales concedidos por el ICAF y SODERCAN, el Gobierno "habrá perdido el importe de la financiación prestada -más los intereses impagados y demás costes de los préstamos y avales), más el capital social de 1,5 millones aportado por Sodercan.

El informe señala que la adquisición de los títulos representativos de la condición de socio de las sociedades del grupo Ecomasa Santander, Chimeneas Barcelona y NM Chile, se llevó a cabo a través de sociedades de inversión de León y Lavín, "satisfaciendo un precio elevado por aquéllos", pero "cuando el grupo empresarial de dichos señores se encuentra con dificultades financieras, proceden a enajenarlos, al mismo o a superior precio, a Ecomasa World Investiments (EWI), que seguidamente procede a contabilizar un deterioro de valor (pérdida patrimonial) superior al 50% de dicho importe".

"Es decir, cuando surgen pérdidas ajenas al grupo Ecomasa Santander, se las enchufan a éste, por lo que su situación patrimonial empeora notablemente", concluye el informe.

De la misma manera, añade, se crea la marca comercial Sommetfire, que se inscribe en el registro y seguidamente se enajena a EWI por 1,8 millones, sin otra finalidad que, "una vez más, descapitalizar" a EWI en favor de otra sociedad del grupo. Todo ello hace que Ecomasa tenga "una constante y permanente falta de liquidez que soluciona acudiendo insistentemente a la concesión de préstamos y avales por el ICAF y SODERCAN.

El informe puntualiza que "no se trata solo de un problema de liquidez" de EWI, sino de "insolvencia", como consecuencia del sistema contable establecido, que en palabras del perito, constituye "otra manera de descapitalizar" a la sociedad.

En este sentido, explica que la mala marcha empresarial del grupo origina que los pagos a los proveedores "haya de hacerse al contado y acudir a la financiación ajena a la espera de cobrar las ventas de los productos enajenados a los clientes".

Pero resulta que las ventas se hacen a través de una empresa comercializadora del grupo Ecomasa no integrante del grupo Ecomasa Santander, que se encarga de cobrar a los clientes, pero que luego deja a deber su importe a EWI, "no satisfaciendo en ningún momento sus deudas con esta última, la cual considerará después estos créditos como incobrables".
 

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