miércoles 8/12/21
VIVIENDA

Decenas de viviendas del banco malo se destinarán a alquiler social

El Gobierno regional firmará un convenio con la SAREB para que los locales vayan a parar a manos de personas y familias necesitadas.

José María Mazón, durante la reunión con representantes de la SAREB
José María Mazón, durante la reunión con representantes de la SAREB

El Gobierno de Cantabria y la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) han llegado a un acuerdo para poner las viviendas que tiene en la región a disposición del Gobierno, que las destinará al alquiler social por parte de personas y familias que lo necesiten.

Así lo han anunciado este martes el consejero de Obras Públicas, José María Mazón, y el director de Responsabilidad Social Corporativa de SAREB, Gaspar González, al término de una reunión que han mantenido en la Consejería. Aunque no han precisado el número concreto de viviendas que la entidad tiene en Cantabria, sí han comentado que no son "cientos o miles", sino “varias decenas", en torno a medio centenar o un centenar.

Para poder en marcha esta iniciativa, SAREB y el Ejecutivo regional firmarán un convenio, aunque antes se concretarán las necesidades y lugares de la Comunidad Autónoma donde se precisan viviendas para alquiler social, para lo que se actualizará el registro de demandantes.

Mazón ha explicado que "en un par de meses" se concretarán las necesidades de viviendas de alquiler social que hay en la región, así como los sitios donde se precisan, ya que se va a actualizar y renovar el registro, en función de los demandantes.

30% de la renta

El convenio que firmará la Administración cántabra con la SAREB permitirá el acceso a estas viviendas por un importe máximo del 30% de la renta disponible del demandante, ha apuntado Mazón.

Tras referirse a las necesidades de viviendas de alquiler social que ya hay en Cantabria, el consejero ha indicado que a las mismas hay que añadir las que vayan surgiendo, por lo que "tenemos que estar preparados", ha comentado.

Mazón ha destacado que el alquiler social de viviendas es "uno de los pilares" de la SAREB, que según ha dicho no es "una empresa de estas voraces que se va creando con las viviendas que no puede ganar nadie" para "hacer negocio", "ni mucho menos".

Así, después de apuntar que la mayoría de sus activos se venden a particulares y "prácticamente ninguno" a grandes empresas, Mazón ha negado que la SAREB o su actividad tengan que ver con los denominados "fondos buitre".

Coincidencia con el Gobierno

Por su parte, el director de Responsabilidad Social Corporativa de la SAREB ha manifestado que lo importante no es tanto el número de viviendas que tienen en Cantabria, sino la coincidencia con el Ejecutivo en la importancia y necesidad de atender un problema social en la región, al que la entidad quiere aportar su "grano de arena" y contribuir a resolverlo.

González, que no ha especificado ni el número de viviendas ni dónde se localizan, ha asegurado que desde la SAREB han transmitido al Gobierno de Cantabria que les indiquen cuáles son las zonas prioritarias, esto es, en las que hay una mayor demanda de alquileres sociales.

Por otro lado, en la reunión entre la Sociedad y el Ejecutivo también se ha acordado poner locales a disposición de jóvenes emprendedores para potenciar el empleo. Así, se pretende ayudar a aquellas personas que tengan iniciativas que redunden en la contratación y en el mercado laboral, aunque este programa aún está "en ciernes".

SAREB

La SAREB, con una cartera de activos superior a 50.000 millones de euros, es una entidad privada creada en noviembre de 2012 para  ayudar al saneamiento del sector financiero español y, en concreto, de las entidades que arrastraban problemas debido a su excesiva exposición al sector inmobiliario.

Forman parte del accionariado de SAREB, 14 bancos nacionales (Santander, Caixabank, Banco Sabadell, Banco Popular, Kutxabank, Ibercaja, Bankinter, Unicaja, Cajamar, Caja Laboral, Banca March, Cecabank, Banco Cooperativo Español y Banco Caminos); dos bancos extranjeros, (Deutsche Bank y Barclays Bank), un grupo eléctrico (Iberdrola); y diez aseguradoras (MAPFRE, Mutua Madrileña, Catalana Occidente, Axa, Generali, Zurich, Reale, Pelayo, Asisa y Santa Lucía), además del  FROB.

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