El pasado 4 de enero el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ratificaba la condena a UGT por “vulnerar la libertad sindical” de dos trabajadoras del Ayuntamiento de Camargo que pertenecían a su sindicato. Pero más allá de su contenido, la sentencia ha dejado una mayor consecuencia para el sindicato. Y es que, según ha podido saber este diario, cerca de 60 empleados del Consistorio se han dado de baja de UGT a través de un escrito individual dirigido a la organización.
En un comunicado, los trabajadores han recordado que UGT sancionó a estas trabajadoras “de manera arbitraria al haberles exigido indebidamente la cesión de horas sindicales a favor de la miembro de la Ejecutiva Regional del sindicato”, algo que, han asegurado, es “manifiestamente irregular y de imposible cumplimiento” al ser una actuación “vetada en el Convenio Colectivo” suscrito con el Ayuntamiento de Camargo.
“Detrás de los hechos que han provocado la condena por violación de derechos fundamentales declarada por los tribunales están el secretario general de UGT Cantabria, Mariano Carmona, peticionario de las horas para su Secretaria de Administración; la ex secretaria general de UGT Cantabria, María Jesús Cedrún, denunciante e instigadora de las sanciones impuestas por el sindicato; y Carmen Meruelo, secretaria general de la Federación de Servicios Públicos, ejecutora de la Intervención de la Sección Sindical”, detallan los denunciantes.
Asimismo, “muchos de estos ya exafiliados” manifiestan que el sindicato “actúa en contra de los afiliados y militantes de UGT en el Ayuntamiento de Camargo” al recurrir las bases de estabilización “a pesar de que la inmensa mayoría de los afectados están de acuerdo con ellas”, lo que hace peligrar “el ‘modus vivendi’ de más de 80 familias”.
“En algunos de los escritos de dimisión, los interesados solicitan la cancelación de sus datos personales en todos los ámbitos de la Organización UGT, al no ser necesarios los mismos para los fines que fueron cedidos”, concluye.
