El Comité Regional de UGT en Cantabria se ha clausurado con la aprobación de dos resoluciones que consideran "intolerable" que la región registrara en 2022 "el peor año de la última década" en siniestralidad laboral y exigen que se reabran las investigaciones sobre las más de 34.000 muertes en las residencias de mayores desde la irrupción de la pandemia del Covid, 370 de ellas en centros cántabros.
La primera de las dos resoluciones aprobadas por el pleno del máximo órgano entre congresos del sindicato, considera "intolerable" que en 2022 se hayan registrado en Cantabria más de 8.500 accidentes de trabajo, un 60% más que el año anterior; y que de todos esos siniestros, 12 fueran mortales y 37 graves, lo que implica que "más de medio centenar de familias trabajadoras han sufrido directamente la pérdidas irremediables en sus vidas de una u otra manera".
La resolución, planteada por el departamento de Salud Laboral de UGT, señala que estas cifras confirman que 2022 "fue el peor año de la última década" y descarta vincular este notable incremento de la siniestralidad laboral de la región, y especialmente en el sector servicios, al Covid, porque "solo está detrás del 40% de la accidentalidad de este sector y únicamente en los casos leves".
"Es evidente que las condiciones de trabajo y la falta de medidas preventivas al respecto matan y no son palabras, son hechos", prosigue la resolución, que critica que "evidentemente no es prevención lo que se está haciendo en las empresas, con el consentimiento de la Administración, es un lavado de cara, un guardar las apariencias, a lo que se une una falta de inversión pese a que se sigue fomentando una línea de ayudas para ello".
En la resolución se recuerdan las medidas urgentes reclamadas por el sindicato, como la publicación de la Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud 2023-2028, el refuerzo del departamento de Salud Laboral de la Consejería de Sanidad, una mayor colaboración con el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la declaración de enfermedades provocadas por el amianto o la silicosis y el refuerzo del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST).
MUERTES EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES
En cuanto a la resolución sobre las muertes en residencias de mayores, presentada por la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT, rechaza que "casi tres años después, no se han establecido procedimientos adecuados para saber la verdad de lo ocurrido", que "el 89% de las denuncias presentadas han sido archivadas por la Fiscalía" y que "la gran mayoría de las investigaciones las están realizando los familiares de las víctimas".
"Tal y como ha denunciado Amnistía Internacional en España, el cierre de las comisiones de investigación en las comunidades autónomas está provocando una impunidad casi absoluta sobre lo sucedido y que hasta la fecha no haya ninguna entidad o persona declarada como responsable", subraya. "Se ha reconocido que muchas personas murieron abandonadas, incumpliéndose los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad y la vigilancia de su cumplimiento por parte de las comunidades autónomas que tienen competencia de su gestión", agrega el documento, que no admite que "se consideren estas muertes como inevitables" y precisa que "morir en el olvido de una habitación de una residencia de la Tercera Edad es como para exigir responsabilidades".
