El Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) de UGT en Cantabria cierra sus puertas tras 30 años de actividad. El motivo, según ha señalado el ya exdirector de esta fundación en la región, Juan Guimerans, es no poder adelantar el pago de los cursos que había programado para este año en sus ocho centros repartidos por toda la región.
"Antes de empezar se sabe que vas a perder bastante dinero. ¿Quién empieza entonces?", se ha preguntado Guimerans, que ha explicado que el cierre de la fundación en la región, en la que trabajaban directamente siete personas y con el que colaboraban más de una treintena de profesores, ha sido consecuencia de la entrada en vigor de la ley de formación para el empleo el pasado 10 de septiembre, que introduce cambios en la financiación y la justificación de las subvenciones.
Así, la normativa reduce del 20 al 10% el porcentaje subvencionable de gastos asociados a la formación (personal, estructura de la fundación, suministros, limpieza, etcétera) y establece que el 40% de la financiación se otorgue cuando se justifique la realización del curso, en el plazo de tres meses, lo que hace necesario "adelantar" ese 40%.
El Gobierno de Cantabria concedió 52 cursos formativos para desempleados al IFES de UGT y una subvención de unos 2,1 millones de euros. Pero el centro, que inicialmente tenía 10 empleados y los redujo a siete, no podía hacer frente a todos los gastos de funcionamiento con 200.000 euros y tampoco podía adelantar 800.000 euros más los intereses, lo que le obligó a cerrar el 31 de diciembre, dejando un único empleado para finiquitar los asuntos con la Administración.
Guimerans ha explicado que el nuevo Gobierno de Cantabria PRC-PSOE se comprometió a su llegada a "sacar una convocatoria importante de subvenciones, de unos 19,3 millones" destinada a formación para desempleados, lo que hizo en diciembre de 2015. Del total, 2,1 millones se concedieron a la fundación ugetista, que sumando los cursos concedidos tanto dirigidos a parados como a activos consiguió subvenciones por 2.450.000 euros. Una cantidad con la que "no podíamos hacer frente" a los gastos derivados del cambio en la financiación y de la justificación de la utilización de subvenciones, ha insistido Guimerans.
En este sentido, el exresponsable del instituto en Cantabria ha precisado que debía buscar el modo de conseguir el 40% de la financiación (800.000 euros) puesto que se trata de una fundación sin ánimo de lucro. "No podía ser. Además, suponiendo que se consiga, los intereses hay que pagarlos", ha remarcado, así como la imposibilidad de asumir con 200.000 euros el pago de las siete nóminas y los gastos de funcionamiento de los ocho centros en Cantabria", a los que sumar los de los profesores colaboradores.
“Antes de empezar perdíamos dinero", ha lamentado Guimerans, quien previamente a tomar la decisión abordó el problema con responsables del Servicio Cántabro de Empleo, aunque la solución solo pasa por la modificación parlamentaria de la ley estatal, que parece lejana a la vista del avance de la nueva legislatura.
Para Guimerans, las modificaciones legales solo tienen sentido para los microcentros, porque para el resto es "imposible". Y solo tiene un sentido, en su opinión, como es que el Gobierno del PP "o no cree en la formación ocupacional o quiere que se incumpla la ley".
"Abrimos en 1986 y después de 30 años creo que hemos hecho un buen servicio a la sociedad, formando a muchos trabajadores y desempleados cántabros", ha destacado Guimerans, para quien "alguien debería explicar" el cambio legislativo.
