El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelavega formado por PSOE y PRC ha informado hoy en la Junta de Portavoces que finalmente no se continuará con el polémico proyecto del Centro de Emprendedores. En detrimento de este proyecto se destinará 1.200.000 euros a las diversas obras enmarcadas dentro del Plan Urban. El jueves se aprobará en la comisión del Plan Urban que ese dinero se destinará a la semipeatonalizacion de diversas calles- entre ellas Pablo Garnica-; la reforma de la plaza situada al lado del Centro de Salud Dobra; la reparación del tejado y el cambio de ventanas del edificio ubicado enfrente de la Iglesia de La Asunción –iglesia vieja-; en la que está situado el SOAM ; y en el equipamiento del centro de adultos .
En el inicio de las obras del Centro de Emprendedores la agrupación ACPT fue uno de los grupos municipales que más oposición hizo al proyecto. En declaraciones a este periódico el portavoz de ACPT, Iván Martínez ha manifestado “lo primero alegría y lo segundo malestar porque esto no se tenía que haber realizado por coherencia, y finalmente se ha parado por los errores del proyecto”.
Para Martínez la obra “era un despropósito, era un pozo sin fondo para la economía del Ayuntamiento. En definitiva, una obra que respondía al concepto del hormigón de obras faraónicas”.
Paralizado por los errores del proyecto
La Asamblea contra el Centro de Emprendedores protestó desde el primer momento contra el proyecto, unas protestas que se agudizaron con el inicio de la obra y terminaron en el derribo de las vallas de obras, y según Martínez “en la criminalización que se realizo a todos los que estábamos en contra de esa obra”. Este fue un punto de inflexión para la Asamblea y para el futuro del proyecto. Desde ese momento el movimiento “anti Centro de Emprendedores” empezó una batalla legal –anteriormente ACPT ya había denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) cómo se produjo la venta de los terrenos-. La primera denuncia fue por el derribo de una caseta que tenia uralita con amianto, que se produjo sin respetar las leyes, lo que hizo que existiese una primera paralización de las obras que se prolongó durante meses.
Durante esa paralización la citada asamblea se percató de que el proyecto no contaba con el visto bueno de la Confederacion Hidrografica del Agua, algo necesario, ya que junto al terreno pasa uno de los afluentes del Rio Saja, lo que provocó una nueva paralización de la obra, que aún continúa.
Todas estas paralizaciones han hecho imposible que la obra esté terminada antes del 31 de diciembre –aún no ha empezado-, tal y como exigió la Unión Europea y el Plan Urban para su financiación. Por lo que el Ayuntamiento no ha tenido más remedio que paralizar el proyecto.
Un polémico proyecto desde el principio
El proyecto de dicho plan generó polémica desde el primer momento. Ya que al conocerse el proyecto ACPT denunció ante el TSJC a Francisco Javier López Marcano por falsedad en documento público y prevaricación. Una denuncia que terminó siento archivada por dicho tribunal debido a que “los delitos habían prescrito”. Dicha denuncia surgió cuando el partido torrelaveguense en la presentación del proyecto del Centro de Emprendedores, conoció el trasfondo de la venta del terreno donde se pretendía construir.
Dicha denuncia se basa en lo ocurrido en Torrelavega en marzo y abril de 2003. El 31 de marzo de dicho año se celebra un pleno en el Ayuntamiento de Torrelavega en el que se aprobó el convenio urbanístico con la empresa constructora Terrenos de Adarzo. El convenio fue aprobado con el voto los 14 votos a favor de PRC y PP –entonces en el gobierno municipal- y los 9 votos en contra de PSOE e IU. El convenio se centra en la compra del Ayuntamiento de la finca de La Carmencita –donde se quería construir el Centro de Emprendedores-. La compra consiste en permutar esa finca por terrenos en “Coterios” valorados en aquel momento en cuatro millones de euros.
La finca era calificada de suelo urbano consolidado y de uso dotacional, por lo que no se podían hacer pisos.
Dicha finca era propiedad de la familia Franco Hidalgo, pero tres días antes del pleno Terrenos de Adarzo la compra por 900.000 euros. El valor de los cuatro millones de euros por los que finalmente la permutó el Ayuntamiento contó con el aval del entonces gerente de Urbanismo, Pablo Sámano – después seria gerente del Consorcio de Museos de Cantabria, en el anterior gobierno regional PRC-PSOE-. Pero el pleno también accedió a indemnizar a Terrenos de Adarzo si ésta finalmente no llegaba a construir los pisos “como consecuencia de revisión o modificación parcial del Plan General”. No obstante los responsables de Urbanismo –el citado gerente, el concejal de Urbanismo Ángel Bercedo (PP) y el alcalde López Marcano (PRC)- aceptaron los términos y valoraciones propuestas por la constructora, llevándolo al acuerdo plenario.
Un mes después de la aprobación plenaria, y dos días antes de las elecciones municipales Marcano y el responsable de la constructora, Luis del Río Diestro –consejero del Gobierno de Cantabria de Alianza Popular en los años ochenta- lo rubricaron. Pero en dicha firma se añadió un detalle que se descubrió en 2014: el Ayuntamiento no solo indemnizaría a Terrenos de Adarzo sino podía construir por “revisión o modificación” del plan parcial, sino también “por cualquier otra causa”. Esta frase que figura en el convenio aprobado, no lo hace en el acta plenaria, en cuyo tercer punto expresamente lo evitaba.
El informe que Sámano realiza tres días antes ve el plan “ajustado a derecho”, no así el informe que también realizó el arquitecto municipal y que valora la finca en 1.900.000 euros –el doble de lo que la constructora pagó a los propietarios-.
“Se le caen a la finca 500 metros cuadrados, y encima, vale el doble” afirmó Jesús García, portavoz socialista, en aquel pleno. “Nos han dado documentación que olía a fotocopiadora veinte minutos antes de la sesión, faltan informes, el Ayuntamiento asume un riego por la eventual indemnización, y además, solo adquirimos el 85% de la finca” explicó García sobre la venta. Sámano en aquel pleno a preguntas de García explicó que la indemnización “solo existiría si se produjera una pérdida del aprovechamiento”.
En Julio de 2014 la revista Interviu descubrió que ya en 2009 la constructora –que aún no ha construido los pisos en Coterios-, solicitó un convenio para que los terrenos pasaran de compensación –de base privada- a cooperación o concesión de obra urbanizadora –de base publica-. El ayuntamiento lo aceptó, pero en el periodo de alegaciones más de medio centenar de vecinos representados por Pablo Sámano presentaron alegaciones y solicitaron una junta de compensación. Pero la junta de compensación nunca se constituyó y el tiempo pasó. Y en 2013 el riesgo del que hablaba Sámano en el famoso pleno de marzo de 2003 se hizo real, cuando Terrenos de Adarzo reclamó al Ayuntamiento los 3.900.000 euros más los intereses. Es decir 4,5 millones. El Ayuntamiento rechazó la petición de la constructora. Finalmente, Terrenos de Adarzo denunció al consistorio, el proceso aún no ha concluido.
