miércoles. 28.09.2022

El juicio al acusado de servirse de un entramado de testaferros y sociedades, también procesados, para simular operaciones que le permitieran eludir el pago de una deuda con la hacienda pública, previsto este martes en la Audiencia de Cantabria, se ha suspendido por problemas informáticos.

En concreto, porque el sistema de grabaciones y videoconferencias -la vista, en la Sección Primera, contemplaba así la comparecencia de uno de los enjuiciados- funcionaba pero solo el audio, no la imagen, con lo que el fiscal y una de las defensas han solicitado su suspensión y celebración en otra fecha, pendiente de señalar.

El representante del ministerio público, que pide tres años de prisión y una multa de 3,5 millones para el principal encausado, ha interesado la suspensión del plenario por razones formales y de fondo o procesales también, y se ha opuesto a su celebración "parcial", así como ha hecho uno de los abogados defensores, que cree de lo contrario se vulneraría este derecho.

Por su parte, la letrada del Estado ha considerado que no se vería "comprometido" dicho derecho a la defensa si el perjudicado en cuestión aceptaba celebrar así la vista, con sonido pero sin imagen, aunque ha reconocido que "no es lo ideal".

Propuesta con la que se había mostrado conforme otra defensora, en tanto que el tercer abogado de la defensa -el que representa a las personas jurídicas- no se ha manifestado y se ha remitido al criterio de la Sala, que tras retirarse unos minutos a deliberar ha acordado suspender la vista -se iba a celebrar este martes y miércoles, a partir de las 9:30 horas- y señalarla en una nueva fecha, aún por fijar.

FISCALÍA

Según el escrito del Ministerio público, la mercantil de la que era administrador único el principal acusado tenía una deuda con Hacienda derivada de una reducción de capital y debía ingresar un IVA por importe de 1,73 millones de euros.

Así, el procesado, "con el manifiesto designio de eludir el pago de la cuota tributaria adeudada", simuló junto a otras personas la adquisición de varios inmuebles por parte de su empresa, de forma que "mediante el libramiento de las facturas correspondientes a las supuestas ventas figurase dicha sociedad con un IVA soportado de 1,62 millones de euros, añadiendo el resto de cantidad en concepto de IVA por labores de intermediación". De ese modo, "pudo compensar todo el importe y no ingresar cantidad alguna, con notorio perjuicio para las arcas públicas", explica la Fiscalía.

Pero en las operaciones de compraventa "no existen pagos efectivos", "no se fijan con nitidez ni cantidades ni medios de pago documentados, lo que evidencia que se trata de un carrusel de operaciones ficticias destinadas únicamente a aflorar un IVA soportado" por la mercantil por un montante de 1,62 millones de euros.

DELITOS Y PENAS

La Fiscalía considera los hechos un delito contra la hacienda pública que imputa al principal acusado como autor material y a otros dos acusados como cooperadores necesarios. Para el primero pide una pena de tres años de cárcel y 3,5 millones de euros de multa, y para los otros dos, dos años de cárcel y 500.000 euros de multa. También figuran como acusadas cinco sociedades mercantiles, para las que reclama igualmente una multa de 3,5 millones de euros.

Además, pide que ninguno de ellos pueda obtener ayudas o subvenciones públicas y gozar de beneficios o incentivos fiscales durante un plazo de cuatro años. Y en concepto de responsabilidad civil, considera que deben indemnizar a la hacienda pública en 1,73 millones de euros.

Por su parte, el abogado del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, considera los hechos un delito fiscal agravado en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

La pena solicitada por la Abogacía del Estado para el principal acusado es de cinco años de prisión, 8,2 millones de euros de multa y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o beneficios públicos durante siete años. También pide para él que sea inhabilitado para desarrollar cargos de gestión o representación en empresas durante cinco años.

Para los otros dos acusados, la pena pedida que reclama es de cuatro años, multa del triple de lo defraudado, pérdida de subvenciones y beneficios públicos durante seis años e inhabilitación para gestionar o representar empresas. Junto a ello, solicita para la mercantil del principal acusado una multa de 8,2 millones de euros, y para las otras cuatro, del triple de las cuotas defraudadas.

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