El Tribunal Supremo ha lanzado hoy un balón de oxígeno a las casas de apuestas: ha ratificar la nulidad de la normativa de la Comunitat Valenciana que imponía una distancia mínima de 800 metros entre salones de juego, y lo ha hecho porque según el tribunal las limitaciones a las actividades económicas deben ser justificadas, proporcionadas y necesarias por una razón imperiosa de interés general, algo que a su juicio no se da en este caso. La Audiencia Nacional ya había anulado el citado precepto del decreto autonómico de 2015 que aprobaba el reglamento de salones recreativos y de juegos, y el Tribunal Supremo coincide ahora en su argumentación: la Administración puede fijar distancias mínimas, pero los 800 metros no estaban justificados.
“No solo constituye una indudable limitación sino que supone un significativo agravamiento de la restricción que imponía la reglamentación valenciana precedente”
El Tribunal Supremo reconoce que el juego por dinero no es una actividad económica ordinaria y que tiene especificidades que hacen procedente su regulación y el establecimiento de determinadas limitaciones –para proteger a los menores, prevenir el blanqueo o articular una oferta dimensionada–, pero considera que la fijación de esos 800 metros “no solo constituye una indudable limitación sino que supone un significativo agravamiento de la restricción que imponía la reglamentación valenciana precedente”, un decreto de 2007 que fijaba una distancia de 200 metros. El tribunal afirma que la limitación se argumentaba además con explicaciones “lacónicas” y “claramente insuficientes” en el preámbulo del decreto, que hablaba de la necesidad de “evitar la concentración de locales de juego” y de “razones de orden público”.
Este balón de oxígeno del Tribunal Supremo a las casas de apuestas se produce cuando en Cantabria y en el conjunto del Estado crece el clamor social e incluso político contra los riesgos, cada vez más evidentes y centrados sobre todo en la juventud, de esta actividad económica. Paula Fernández (PRC), consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, respondía así ayer mismo a un usuario de Twitter que le prometía su voto “a cambio de que promováis una ley contra la publicidad de las casas de apuestas”. “La publicidad online no es competencia del Gobierno de Cantabria, pero ten la seguridad de que nuestro partido, con su secretario general, Miguel Ángel Revilla, a la cabeza, promoverá cualquier iniciativa contra esta lacra social”.
Hola Pedro! La publicidad online no es competencia del Gobierno de Cantabria, pero ten la seguridad que nuestro partido con su secretario general a la cabeza, Revilla, promoverá cualquier iniciativa contra esta lacra social. Cuenta con ello!
— Paula Fernández (PRC) (@PaulaFdezPRC) November 4, 2019
El Gobierno de Navarra confirmó el pasado miércoles que ha decidido poner fin, de forma temporal, a la apertura de nuevas casas de apuestas en la comunidad foral
El Gobierno de Navarra confirmó el pasado miércoles que ha decidido poner fin, de forma temporal, a la apertura de nuevas casas de apuestas en la comunidad foral. Concretamente, no se podrá aprobar ninguna autorización de apertura para esta actividad durante los próximos seis meses. La presidenta autonómica, María Chivite, recoge así el guante lanzado una semana antes por el Parlamento de Navarra, que le instaba a “desarrollar las medidas oportunas para adoptar una moratoria, dentro de la normativa vigente”. “Se trata de equilibrar los intereses, tiene que primar la salud pública”, explicó el vicepresidente autonómico, Javier Remírez.
El Parlamento de Cantabria también aprobó, en este caso hace un año y por unanimidad, una moción que instaba al Gobierno de Cantabria a “proteger a la ciudadanía de locales de juego y apuestas”, según reza el título de la moción. Uno de los puntos de la iniciativa –que fue impulsada por Podemos y acordada por PRC, PSOE, Cs y el propio grupo morado– instaba al Ejecutivo a “llevar a cabo las actuaciones necesarias para limitar la ubicación de las salas de apuestas y juegos de azar, haciendo que deban estar alejados, como mínimo, 500 metros de centros educativos, juveniles y/o espacios dedicados a juegos infantiles”.
