El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el joven que fue víctima de un atropello en el aparcamiento de la playa del Camello de Santander en 2017, confirmando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que condenó al conductor a tres años y cuatro meses de prisión por un delito de lesiones agravadas.
El joven, que embistió al otro días después de haber tenido con él un encuentro violento y le causó fracturas graves "con riesgo para la vida", fue condenado primero por la Audiencia Provincial en septiembre de 2020 a siete años de prisión -e indemnización de casi 145.000 euros- como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, ya que el juez consideró que al atropellarle aceptó que su conducta podía haber tenido un "resultado mortal", aunque finalmente la víctima se recuperó. Sin embargo, el procesado presentó un recurso de apelación ante el TSJC, que lo estimó parcialmente y le rebajó la pena a tres años y cuatro meses de prisión al condenarle por un delito de lesiones agravadas por el uso de instrumento peligroso en lugar de por homicidio.
Tras este fallo, emitido en febrero de 2021, fue la víctima la que recurrió, esta vez ante el Tribunal Supremo, reclamando que se le aplicara el delito de homicidio y alegando que "no cabe duda de que el acusado contó con la necesaria y suficiente información para representarse que con su acción se podría producir en términos altamente probables un resultado de muerte, decidiendo, pese a ello, ejecutarla".
Pero el Supremo ha rechazado en una sentencia de finales del pasado mes de abril el recurso de casación ya que considera que el TSJC ha emitido su fallo "a partir de una razonable y holística valoración" de todas las pruebas, en base a las que ha considerado "no suficientemente acreditada la concurrencia de dolo de matar, incluso en su modalidad eventual", lo que lleva a condenar por un delito de lesiones agravadas y no de homicidio.
Por ejemplo, apunta a la localización de las heridas causadas a la víctima y los daños producidos en el vehículo, que indican "con claridad" que se produjo un impacto lateral"; a la conducta previa y posterior al atropello, en la que "no se identifican manifestaciones o expresiones sugerentes de una intención de acabar con la vida" del joven; al informe pericial aportado por la acusación que apunta a que la velocidad del vehículo al momento del impacto oscilaría entre los 15 y 20 kilómetros por hora, lo que revela también que "circulaba con una marcha corta"; y a la ausencia de toda referencia en los testimonios aportados al olor de embrague quemado que acompaña a las maniobras de brusca aceleración con marchas cortas.
En base a esas pruebas, lo que el Tribunal Superior ha identificado con seguridad es "un dolo directo de lesionar, lo que sitúa al dolo de matar en el terreno de la mera posibilidad. En consecuencia, la solución solo puede venir dada por la opción más probada que, además, resulta la más beneficiosa para el reo", explica el Supremo en su sentencia, reiterando que esta decisión del TSJC responde a un "concienzudo análisis de todos los elementos probatorios aportados al proceso y a máximas de valoración incuestionablemente racionales".
Los hechos ocurrieron pasada la medianoche del 20 de mayo de 2017, cuando el procesado accedió al aparcamiento de la playa del Camello conduciendo un vehículo de gran cilindrada. Se dirigió hasta el final, donde dio la vuelta para encaminarse hacia la salida. Entonces, el otro joven, que se encontraba acompañado de un grupo de amigos, al verle se dirigió hacia el vehículo con la intención de hablar con el ya condenado sobre el incidente que ambos habían protagonizado días antes, "indicándole verbal y gestualmente que se detuviera".
Sin embargo, lejos de detener su vehículo, el procesado giró el volante en dirección al lugar donde se encontraba el otro chico y le atropelló, cayendo éste al suelo y pasando las ruedas del vehículo por encima de él. Como consecuencia de esta acción, el joven sufrió graves fracturas de las que tardó más de un año en recuperarse.
