sábado 23/10/21
URBANISMO

“Solo pedimos que se cumpla la declaración del Parlamento. Es su obligación dar soluciones y no justificaciones”

Los afectados por los derribos quieren que el Gobierno defina un "límite temporal"
Manifestación de AMA frente al Gobierno de Cantabria

El pasado martes 13 de marzo la reunión entre el Gobierno de Cantabria y la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) terminó no solo sin un compromiso claro del bipartito PRC-PSOE para cumplir con la declaración institucional del Parlamento de Cantabria, que instaba a una “solución definitiva” de la situación de los afectados por sentencias de derribo antes de que acabe la legislatura, sino que provocó que AMA decidiera volver a Bruselas 10 años después para informar de la situación. Ante esto, la vicepresidenta de Cantabria y consejera con competencias en urbanismo, Eva Díaz Tezanos, ha defendido este jueves que el Gobierno de Cantabria está "cumpliendo" sus compromisos con los afectados por viviendas con sentencia de derribos.

Díaz Tezanos ha asegurado que "comprende" a los afectados por la situación que llevan atravesando desde hace casi dos décadas y por tener su patrimonio "cautivo", pero ha reivindicado que el Gobierno PRC-PSOE sí "están cumpliendo" las medidas y los compromisos acordados con los afectados.

Con todo, ha reconocido que hay cuestiones que están "a expensas" de la ejecución de sentencias judiciales y de la tramitación de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de los ayuntamientos con viviendas con sentencia de derribo.

Para Vilela, todo se dejará para “la siguiente legislatura, y habrá que volver a empezar. Seguimos con las sentencias y sin soluciones”

La visión de AMA difiere notablemente. Su presidente, Antonio Vilela, considera que después del modo en que terminó la reunión del pasado martes “entrar a debatir” si el Ejecutivo está cumpliendo los compromisos no tiene sentido. “Nosotros íbamos con una idea clara”, que era pedir, por un lado, que se pusieran recursos para esta legislatura para poder dar una solución, y otra que se determinaran los “plazos para esta legislatura”.

Sin embargo, a la primera petición “el Gobierno dijo que no tenían recursos”, y “tampoco se han dado las herramientas para que existan esta legislatura”. Y con respecto a la segunda, tampoco se han dado plazos, sin los cuales “difícilmente se podrá” dar una solución. Esto, a su juicio, demuestra que “no hay voluntad política”.

La falta de herramientas y soluciones en esta legislatura implica que todo se dejará para “la siguiente legislatura, y habrá que volver a empezar. Seguimos con las sentencias y sin soluciones”.

Vilela ha recordado que AMA logró algo muy difícil, que es “poner de acuerdo a todos los partidos” y que se aprobara por unanimidad la declaración institucional del Parlamento de Cantabria. “Solo pedimos que se cumpla. Es obligatorio dar una solución, y no poner justificaciones”, ha pedido el presidente de la Asociación.

TRABAJO DEL GOBIERNO

Díaz Tezanos ha asegurado que el Gobierno está "trabajando" con los ayuntamientos implicados para que haya "la mayor coordinación y colaboración"

Por su parte, Díaz Tezanos ha recordado que se ha aprobado el PGOU de Miengo que, según ha dicho, conllevó la legalización de más de un centenar de viviendas con sentencia de derribo, y ha reivindicado que se está dando "el mayor impulso posible" a todo lo que tiene que ver con la revisión de otros planeamientos.

Díaz Tezanos ha asegurado que el Gobierno está "trabajando" con los ayuntamientos implicados para que haya "la mayor coordinación y colaboración".

La vicepresidenta ha reivindicado también que el Gobierno PRC-PSOE está cumpliendo con el pago de las indemnizaciones a los afectados por daños morales después de que en la pasada legislatura, con el PP, los expedientes estuvieran "paralizados".

Así, ha señalado que en la actual legislatura el Ejecutivo ha desembolsado más de 2 millones de euros en este concepto, una cantidad que es "muchísimo más" de lo que se abonó entre 2008 y la vuelta del bipartito al Gobierno en 2015.

Además, ha recordado que el Gobierno aprobó el pasado año un convenio con el Ayuntamiento de Argoños, por el que el Ejecutivo regional prestó a ese Consistorio 465.000 euros para que pagara a 53 afectados daños morales por una situación que en ese caso era de "responsabilidad estrictamente municipal".

También ha señalado que el Gobierno ha abonado 380.000 euros por la indemnización de cuatro viviendas.