jueves 28/10/21
POLÍTICA

“De la Serna quiere extender a toda España la inseguridad jurídica del urbanismo de Santander”

IU carga contra el anteproyecto de ley que los ministerios de Fomento y Justicia ultiman para poder modificar planes urbanísticos cuestionados por tribunales, como el de la capital cántabra.

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Los ministros de Justicia y de Fomento, Catalá y De la Serna, este lunes

Izquierda Unida de Cantabria ha lamentado que el ministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo De la Serna, "pretenda enmendar" la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012 de la capital cántabra, del cual era responsable, "extendiendo la inseguridad jurídica" a todo el Estado. En un comunicado, el portavoz autonómico de IU y concejal de la formación en Santander, Miguel Saro, se ha pronunciado así ante la pretensión del ministro de Fomento de aprobar una ley estatal con la que "pretende dar seguridad jurídica a los planes territoriales y urbanísticos", lo que a juicio de IU "va en sentido contrario y no responde más que al empeño por salvar la situación de Santander". Para Saro, elaborar "leyes a medida de una situación concreta suele dar más problemas que soluciones", pero "el temperamento del ministro le hace creer que tiene la legislación urbanística a sus pies para hacerse un traje a medida para enmendar su PGOU anulado".

"El problema es estructural y no sólo del PP"

IU asegura que "los planes anulados de algunos municipios no suponen, en la mayoría de los casos, una sanción desproporcionada sobre el desarrollo urbano", sino "la justa consecuencia sobre el afán depredador del territorio de muchos gobiernos, que ven el suelo como un instrumento de obtener liquidez inmediata a costa de ciudades peor integradas donde se acrecienta la división entre clases sociales". Por este motivo, Saro considera que "la solución no es buscar leyes a medida, sino un planeamiento pensado sobre bases reales de un crecimiento sostenible social y medioambientalmente, en lugar de buscar exclusivamente el beneficio inmediato". En este sentido, el representante de IU también se refiere al Gobierno autonómico, "en especial al PRC", dado que "la ciudadanía está esperando a que se lleve de una vez al Parlamento el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) para poner límites al urbanismo depredador de muchos municipios cántabros". De lo contrario, "la nulidad seguirá sobrevolando sobre muchos planes". Así, el portavoz de IU explica que "el problema es estructural y no sólo del PP", puesto que en Cantabria "ha habido sentencias que ordenaban derribar viviendas y el Gobierno autonómico, fuera del color que fuera, ha cambiado leyes para no cumplirlas y ahora el ministro quiere hacer lo mismo a nivel estatal: cambiar una ley para que no haya sentencias que puedan anular planes generales". Además, ha añadido que los propios tribunales, desde los de Cantabria hasta el Supremo y el Constitucional, han tumbado todas las medidas en ese sentido y "la pretensión de De la Serna y el PP con esta ley no hace sino extender la inseguridad jurídica a toda España".

Izquierda Unida ha cargado así contra el anteproyecto de ley que el Gobierno español ultima para permitir que las Administraciones territoriales puedan modificar planes urbanísticos y territoriales que hayan sido cuestionados por tribunales de Justicia, y evitar así que en determinados supuestos una sentencia judicial tumbe estos planes. Así lo comunicó De la Serna durante su comparecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso, a la que acudió este lunes para informar del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y del desarrollo del sector civil de los drones. Según comentó De la Serna, la anulación de los planes generales territoriales y urbanísticos en España "se declara sin matices y sin posibilidad de subsanación de las deficiencias", que han causado esta anulación, en una "rotunda y desproporcionada conclusión", a juicio del ministro, como consecuencia de considerar estos planes como reglamentos. "La nulidad absoluta e imposibilidad de subsanación no debería aplicarse sin más a las anulaciones formales, que son resoluciones administrativas, o a vicios formales", apostilló, explicando que la modificación que prepara el Gobierno español permite "distinguir entre los supuestos de nulidad y de anulabilidad". Estos supuestos de anulabilidad permitirán la convalidación del plan una vez se corrijan las deficiencias detectadas por la Justicia, para lo cual el Gobierno español modificará la naturaleza de los instrumentos de ordenación y los efectos que tiene su anulación en la Ley del Suelo, así como la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa "para evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas".

De la Serna sostiene que la iniciativa viene a dar respuesta a una reforma "que vienen demandando las comunidades autónomas"

El ministro señaló que la iniciativa viene a dar respuesta a una reforma "que vienen demandando las comunidades autónomas" así como de "magistrados conscientes del problema que supone" esta realidad, ante la que algunas Administraciones autonómicas "han aprobado medidas parciales y provisionales que tratan aportar cierta seguridad jurídica". En este sentido, expresó ante los grupos políticos la voluntad del Gobierno español –el proyecto de ley es una iniciativa conjunta de Fomento y Justicia, dijo– de "intentar consensuar un documento" que pueda ser tramitado en el Congreso y debatido en la Conferencia Sectorial de Vivienda.

En declaraciones a los medios a la salida de la Comisión, el titular de Fomento señaló que la anulación "a veces por defectos formales que no son sustanciales" provoca volver al plan anterior, anulando así todos los instrumentos incluidos en el mismo, licencias municipales incluidas, y retrocediendo en "siete o diez años, que es el plazo que tarda un plan en ponerse en marcha". "A veces las causas se legalizan en un corto plazo sin que suponga mayor problema, pero eso no puede suceder en los planes", explicó De la Serna, que en todo caso aseguró que los supuestos de anulabilidad no serán "los más importantes". "Pero para otras situaciones todo el mundo está clamando que se pueda solucionar esta situación sin anular todo un plan", insistió. Los plazos que maneja el Gobierno español, según comentó el ministro, es poder abordar con los grupos de la oposición las primeras conversaciones, y llevar propuestas concretas a una Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas antes de verano. De esta manera, De la Serna dijo que confían en poder iniciar la tramitación del anteproyecto "en el arranque del nuevo ejercicio", ya a la vuelta de las vacaciones.