La patronal mayoritaria del sector de los vehículos con conductor (VTC) en Cantabria, Adesdican-VTC, ha animado a los partidos de la región a llegar a un entendimiento para dotar de garantías jurídicas a un sector que da empleo a más de un centenar de familias y que es "clave para la mejora de la movilidad urbana y rural". Actualmente Cantabria cuenta con 160 licencias VTC1, según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Según ha informado hoy la patronal en un comunicado, el 16 de noviembre, el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publicó la resolución de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones que abre una consulta pública sobre la regulación de los VTC en la comunidad.
Adesdican-VTC ha presentado una serie de alegaciones que la organización espera sean tenidas en cuenta, y solicita que la regulación cántabra vaya acorde a las recomendaciones de la Comisión Europea y a las directrices de la CNMC y del resto de autoridades de la competencia, que se muestran favorables al establecimiento de normas que pongan por delante al ciudadano, manteniendo un sector, como el de las VTC, que es "fundamental para el presente y futuro de la movilidad sostenible".
El 18 de noviembre, la CNMC y las autoridades de competencia regionales presentaron una declaración conjunta donde instaban a las comunidades autónomas a "que eviten imponer requisitos innecesarios y desproporcionados en la regulación del sector de las VTC". Para ello, las autoridades de competencia españolas (nacional y regionales) solicitan que "la potestad normativa se ejercite sobre la base de los principios de buena regulación, evitando la introducción de restricciones innecesarias o desproporcionadas que perjudican a los consumidores y usuarios".
En esta línea, también hacen referencia a las recomendaciones de regulación de la Comisión Europea, que publicó en febrero de este año una guía dirigida a todos los países de la UE con recomendaciones básicas para la regulación del taxi y las VTC en el ámbito urbano. Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia sobre el futuro de la movilidad urbana en Europa, cuyo objetivo es reducir las emisiones del sector e incrementar la digitalización. En contra de las directrices que apunta la Comisión Europea se encuentran algunas restricciones que determinados grupos políticos han solicitado, y que van en sentido contrario tanto de sentencias judiciales en España como de la legislación de la UE.
Por ejemplo, la Comisión Europea y la CNMC se pronuncian en contra de restricciones que redundan en un peor servicio para el ciudadano, como ocurre con el establecimiento de un periodo de precontratación. Otros aspectos que destaca la Comisión Europea son evitar la vuelta a base después de un servicio y también la imposición de medidas mínimas para los vehículos, fomentando en su lugar la utilización de coches con menores emisiones a través de apoyo financiero y administrativo.
Por todo ello, desde el sector VTC se solicita que se tengan en cuenta las necesidades de un sector "clave, que lleva años funcionando de manera impecable en Cantabria en general y en la ciudad de Santander en particular, y que es un motor de generación de empleo y oportunidades económicas tanto a los profesionales ocupados como a otras industrias relacionadas (automoción, turismo, etc.)".
El presidente de la asociación de Cantabria de VTC, Aurelio Crespo, aboga por "regular una movilidad que asegure espacio para todos los modelos de transporte". "La movilidad en las ciudades está cambiando a un ritmo nunca antes visto. De la mano de la digitalización y los avances tecnológicos, la mayoría de las urbes están apostando por un nuevo ecosistema donde día tras día ganan espacio sistemas de transporte alternativos", ha dicho.
En el caso concreto de Cantabria, Crespo ha aducido que se trata de una comunidad que está creciendo turísticamente y que "debe tener un servicio adaptado a las necesidades de movilidad que plantea el siglo XXI".
