El BOC (Boletín Oficial de Cantabria) ha publicado hoy lunes el trámite de audiencia en relación con el recurso de alzada de ASCEL (Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico) frente a la resolución de la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Cantabria (PRC/PSOE) por la que se establece el cupo de extracción de ejemplares de lobo en la comunidad autónoma para esta temporada 2019/20. Los interesados tienen un plazo de diez días para acceder al contenido del recurso y podrán acudir al Servicio de Conservación de la Naturaleza de la Consejería de Desarrollo Rural –de la que depende la Dirección General–, concediéndose un plazo de diez días, desde la vista del expediente administrativo, para la formulación de alegaciones.
ASCEL, que participó en el proceso abierto por el Gobierno autonómico para la elaboración del Plan de Gestión del Lobo, anunció entonces que solicitaría la retirada de dicho plan porque, en su opinión, está basado en un diagnóstico que sobreestima la subpoblación autonómica de lobos, pretende matar lobos para controlar la población en el 73% del territorio autonómico, incluido el Parque Nacional de Picos de Europa, y plantea la "erradicación total" de la especie en el restante 27% de la comunidad autónoma. Además de ASCEL, también ha recurrido el cupo de caza del lobo la asociación ecologista WWF/Adena.
Aprobado el baremo para la tasación de daños
La Consejería de Desarrollo Rural ha aprobado el baremo para la tasación de los daños producidos por la fauna silvestre –incluido el lobo–, cuya responsabilidad corresponde a la Administración de Cantabria. La resolución, publicada hoy en el BOC, da respuesta al Plan de Gestión del Lobo en Cantabria, que establece que la Administración autonómica indemnizará los daños causados por la especie en todo el territorio autonómico, según la Ley de Caza.
El baremo de daños afecta al ganado vacuno, caballar, asnos y mulas, ovino y caprino y aves y conejos, además de a la apicultura, praderías, cultivos, frutales y arbolado. La mayor baremación es para el ganado con inscripción genealógica, que alcanza los 1.800 euros en el caso de la vaca frisona de más de 18 meses. Para el ganado sin inscripción genealógica, es de 1.200 euros para las vacas tudanca, monchina y frisona de más de 18 meses. En el ganado caballar, las indemnizaciones oscilan entre los 300 euros para los ejemplares que no sean de raza hispano bretón o monchino de hasta 12 meses y los 1.500 para los ejemplares de hispano bretón con inscripción genealógica de más de 24 meses. El baremo para los asnos y mulas va desde los 300 hasta a los 600 euros; para el ganado ovino y caprino desde los 75 hasta los 150 euros, y para las aves y conejos, desde los cinco euros por un pollo hasta los 45 por un gallo pedrés con inscripción genealógica.
