El grupo mixto en el Senado español ha presentado, a iniciativa de los senadores de Compromís Carles Mulet y Jordi Navarrete, varias enmiendas a la Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para compartir y mejorar el conocimiento de los idiomas oficiales en el conjunto de España, moción subsiguiente a una interpelación del grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Algunas de esas enmiendas hacen referencia a “comunidades autónomas con lenguas propias todavía no cooficiales” y otras hacen referencia directamente al cántabru, que sigue abriéndose paso en todos los frentes.
La formación insta “a conseguir la inclusión del cántabro en la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias”
Así, en la primera enmienda Compromís reclama al Gobierno español que en las comunidades autónomas “con lenguas propias todavía no cooficiales” incluya el estudio de “una segunda lengua española, que deberá ser la propia o propias” y que lo haga “dentro del horario lectivo y de manera voluntaria en los centros educativos públicos y privados de primaria, ESO y Bachiller” y “en colaboración y con respeto a las competencias de las comunidades autónomas”. En la enmienda undécima recuerda que el artículo 3.3. de la Constitución española establece que la “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección” y reclama al Gobierno la elaboración, “en colaboración con las comunidades autónomas”, de “un plan para conseguir el respeto y protección especialmente de las lenguas españolas más amenazadas”, entre las que cita expresamente el aragonés, el cántabro, el extremeño, el leonés, el asturiano e incluso el romaní. En la enmienda decimotercera la formación reclama instar al Gobierno español “a conseguir la inclusión del cántabro en la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, así como habilitación de personal adecuado que dé presencia y vitalidad a esta lengua en todas y en cuantas instituciones internacionales sea posible, a fin de que ésta pueda estar correctamente representada y simbolizada”.
En la enmienda decimoquinta se dirige no ya al Gobierno español sino al Ejecutivo cántabro, al que reclama, “dentro del respeto competencial”, siete medidas “para cumplir con lo que manda la Constitución”. El primero, dotarse de “una legislación lingüística que reconozca y recoja el bilingüismo en cántabru y en castellano en la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como la cooficialidad de la lengua cántabra en su Estatuto de Autonomía, en el territorio que se determine”. El segundo, establecer “una ley de uso y promoción del cántabru, así como una Dirección General de Política Lingüística”. El tercero, crear “una Oficina para la promoción, la defensa y la protección de los derechos lingüísticos”. El cuarto, crear “una ley de Educación Integral progresiva que facilite la implantación y el conocimiento progresivo del idioma autóctono en los centros de enseñanza” y conformar “una Oficina Lingüística de la Lengua Cántabra”. El quinto, crear “la Academia Cántabra de la Lengua o la Academia de la Lengua y la Cultura Cántabra”. El sexto, “difundir el patrimonio lingüístico de Cantabria”. Y el séptimo, “posibilitar que en los colegios públicos y centros concertados, y en horario no lectivo y opcional, profesores habilitados puedan enseñar el cántabru a las personas que así lo deseen”.
