La Consejería de Políticas Sociales y representantes del sector de la Dependencia comenzarán el próximo martes, 12 de mayo, a trabajar para intentar consensuar la desescalada en residencias de mayores, dependientes y personas con discapacidad o centros de día y en otros ámbitos de los Servicios Sociales. Así lo ha avanzado este jueves Ignacio Fernández, presidente de CERMI, entidad que trabaja con personas con discapacidad, durante su comparecencia en la comisión especial creada en el Parlamento de Cantabria sobre la COVID-19, que en la jornada de hoy jueves ha tenido como protagonistas a los representantes de las residencias. Junto a él, han comparecido también los presidentes de las patronales de FED y LARES, Rubén Otero y Gema de la Concha, respectivamente, y el gerente del centro hospitalario, Padre Menni.
Tras el anuncio de Fernández, fuentes de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, que dirige la socialista Ana Belén Álvarez, han confirmado que se han creado dos grupos de trabajo para intentar consensuar con el sector una propuesta para la desescalada que se remitirá a la Consejería de Sanidad, que es la que debe darle el visto bueno. Concretamente, se crearán dos grupos de trabajo, uno con los representantes de las residencias y otro con el de los centros que tratan a personas con discapacidad.
El presidente de CERMI ve "muy difícil" que los centros de día puedan volver a funcionar con "plenitud de ocupación"
Por parte de la Consejería, en estos grupos estarán representados tanto el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) como la Dirección General de Políticas Sociales. En el marco de estos grupos se intentará acordar el plan de desescalada en residencias, como centros de personas con discapacidad, centros de día o servicios sociales, como el servicio de ayuda a domicilio. Desde la Consejería se subraya que, por su parte, hay "voluntad de diálogo" y "espíritu de colaboración" con las entidades de la Dependencia para llegar a acuerdos, aunque han recordado que la decisión depende de Sanidad.
Durante la comparecencia, varios de los representantes de las residencias han valorado la comunicación "constante" que han mantenido con la consejera de Políticas Sociales que, según han señalado, ha sido mayor que con el titular de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), con el que algunos han reconocido no haber mantenido contacto "ninguno", aunque sí con otros directores y responsables de la Consejería. Precisamente, los presidentes de LARES y FED han reclamado un plan de desescalada "ya" específico para las residencias, algo que, según han dicho, ya demandan los propios familiares de los residentes.
"Nuestros residentes llevan mucho tiempo confinados en sus habitaciones con lo que ello conlleva para personas con patologías, como el alzheimer", ha dicho Otero (FED), que cree que "ha llegado el momento" de comenzar a abrir los centros, volver a la normalidad "poco a poco y con las garantías necesarias" para evitar que aquellos residentes que hayan sobrevivido a la COVID-19 "no se mueran de pena", un punto de vista compartido por la presidenta de LARES.
CENTROS DE DÍA
Por parte, del presidente de CERMI ha reconocido que le "preocupa, y mucho", cómo va a llevarse a cabo la reincorporación a algunos de sus centros, sobre todo los de día (ocupacionales, de rehabilitación psicosocial...) que fueron cerrados por la crisis de la COVID-19. Ha explicado que "gran parte" de los usuarios de CERMI emplean para ir a estos centros de día transporte público o especializado y también en furgonetas que facilitan los ayuntamientos y que, en ocasiones, van llenas. De esta forma cree que para poder trasladar a todos se tendrían que duplicar o triplicar este modo de transporte.
"Vamos a tener que trabajar, vamos a tener que evaluar, que cuantificar costes y ver cómo salimos adelante", ha dicho Fernández, que también ha criticado que desde el Gobierno no se vaya a pagar, en principio, el 100% del precio de la plaza concertada en los centros de día en el tiempo que han estado cerrados. En este sentido, ha criticado que se haya dado por hecho que estos centros han suspendido todas las actividades cuando, según ha asegurado, "no es cierto" ya que algunas se han mantenido, aunque de otra forma.
Así, ha advertido que la vía indemnización por la que se ha optado no sirve para cubrir los costes. A ello también se ha referido el presidente de FED, que también ha señalado que, según se les ha trasladado, las empresas de transporte adaptado "no van a cobrar ni un duro", algo que, a su juicio, es "injusto" cuando se les ha "obligado" a cerrar.
De cara a la vuelta progresiva a la actividad, el presidente de CERMI ve "muy difícil" que los centros de día puedan volver a funcionar con "plenitud de ocupación" y ha subrayado las dificultades, que por el tipo de usuarios que acuden a ellos (personas con discapacidad, para controlar que se salvaguarden las distancias de seguridad, limitar el contacto o que se respete el uso de mascarillas). Por todo ello, considera que va a haber que realizar un plan de choque "muy estudiado" y la vuelta a estos centros deberán, a su juicio, alternarse con medidas de teleasistencia o asistencia a domicilio.
También ha aludido al "impacto altísimo" que ha tenido en algunos de sus usuarios el confinamiento y ha señalado que, en algunos casos, ha habido un deterioro cognitivo "muy importante" con lo que cree que "va a costar mucho" hacer que recuperen el nivel que tenían antes de la epidemia. En la misma línea, la presidenta de LARES ha defendido que habrá que buscar soluciones para la reapertura de los centros de día ya que, en estos momentos, los usuarios se encuentran en sus casas "desvalidos" y las familias no saben qué hacer. Por ello, ha abogado por trabajar desde una comisión mixta en la fórmula para reabrir estos centros de día.
CONDICIONES LABORALES
Durante la comparecencia, los representantes de las residencias han insistido en reclamar una mejor financiación de las plazas concertadas y tanto FED como LARES se han mostrado dispuestos a dedicar esto a mejorar plantillas y salarios, a los que actualmente dedican entre el 60 y 70% de lo que perciben.
De hecho, han reconocido que los salarios de los trabajadores de residencias no públicas son "indignos" y el convenio es "muy malo" pero han advertido que es al que sindicatos y patronal han podido llegar con lo que la Administración paga por las plazas concertadas y lo que los usuarios pueden pagar por las plazas privadas. También varios de los representantes de las residencias han reclamado a los partidos políticos "unidad" para dotar a la comunidad de una normativa "con visión de futuro" que esté "consensuada" y "no cambie" con la llegada de un nuevo Gobierno. "Necesitamos estabilidad", han dicho.
GRUPOS PARLAMENTARIOS
Por su parte, la oposición (PP, Cs y Vox) ha criticado algunos aspectos de la gestión hecha por el Gobierno de Cantabria en las residencias, donde, según los últimos datos ofrecidos por el Ejecutivo hoy en rueda de prensa, han fallecido 130 personas por COVID y ahora hay más de 300 casos activos. Así, algunos han señalado que estos centros han sufrido el "abandono" y "desamparo" del Ejecutivo. También varios de ellos han coincido en la necesidad de reformar el sector de la dependencia y también ha reclamado un mayor integración entre el sistema social y el sanitario.
El PP ha pedido un plan coyuntural "a corto plazo" que garantice la "supervivencia" del sector que, a su juicio, ya estaba "al límite" y Vox ha propuesto crear una comisión específica para estudiar esta reforma del sector de la dependencia en Cantabria que desarrolles "nuevas bases" y leyes "que permanezcan en el tiempo" y permitan hacer frente a los "desafíos" y corregir estos errores.
