viernes 20/5/22

El coordinador de Podemos Cantabria, Luis del Piñal, ha presentado esta miércoles en rueda de prensa una iniciativa -proposición no de ley- del partido para la prevención del suicidio en el ámbito educativo. Ha sido registrada ante la Mesa del Parlamento, en el que la formación morada carece de representación, para su debate en el Pleno y con el objetivo de que se elabore una guía en la materia.

La PNL alerta del aumento de suicidios en los últimos años

La PNL alerta del aumento de suicidios en los últimos años, derivados sobre todo de la crisis económica y sanitaria que sufrimos desde 2020. Desde entonces, el número de intentos de acabar con la vida propia se ha disparado un 250% entre las personas de 15 a 29 años.

Se trata de la primera causa de muerte no natural en España, ha resaltado Del Piñal, para incidir además en la falta de prevención, estrategias y protocolos en materia de suicidios. Además, se estima que por cada suicidio hay 20 personas que han intentado acabar con su vida y que uno de cada cuatro jóvenes piensan en el suicidio en algún momento. Con su propuesta, Podemos Cantabria pretende instar al Gobierno regional PRC-PSOE a elaborar una guía para la prevención del suicidio para los alumnos y las alumnas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

Según el partido morado, ese documento debe contribuir a establecer estructuras y protocolos que permitan a los profesionales del ámbito educativo identificar y evaluar factores de riesgo y protección de las ideaciones suicidas, así como pautas para actuar ante tales circunstancias.

La iniciativa, desarrollada a partir del trabajo del secretario de Servicios Sociales Elementales de Podemos Cantabria, Pablo González de la Riva, responde a la preocupación creciente por que existan herramientas que contribuyan tanto al desarrollo de la estructura de apoyo para el alumnado como a la integración de los planes de cada centro en una estrategia coordinada a nivel autonómico. El fin es involucrar a la comunidad educativa, los dispositivos comunitarios de salud mental y los servicios sociales, entre otras instancias de la administración pública que puedan ser requeridas.

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