viernes 3/12/21

La Fiscalía de Cantabria ha solicitado tres años de cárcel a un hombre acusado de un delito de estafa, por supuestamente aprovechar su condición de agente mediador de una compañía de seguros para ofrecer a un cliente la venta de unas acciones de la empresa, operación para la que no estaba autorizado.

Según el escrito de calificación fiscal, el procesado contactó con un hombre al que anteriormente le había gestionado pólizas de seguros para ofrecerle "una supuesta adquisición de cien acciones" de la aseguradora, a lo que aquel accedió e ingresó 29.800 euros a una cuenta titularidad del acusado.

En días posteriores, éste le remitió un supuesto certificado, elaborado realmente por él mismo, presuntamente acreditativo de la asignación de cien acciones preferentes, "pese a que toda esta operación era una mera argucia del acusado para lograr la transferencia de la cuantía precitada sobre la base de una operación inexistente".

Del mismo modo procedió meses después, planteando al perjudicado una nueva operación de compra de 16 acciones por un importe de 4.768 euros, que aquél transfirió a la cuenta del acusado.

Con estas dos operaciones el procesado, que "realmente no estaba legitimado para proceder a la intermediación de la adquisición de tales efectos", logró apoderarse de un total de 34.568 euros, que pasaron a "engrosar su patrimonio", añade el escrito.

DELITO, PENA Y JUICIO

A juicio de la Fiscalía, los hechos constituyen un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia -el acusado fue condenado por el mismo delito en 2014-, merecedor de una pena de tres años de prisión e indemnización al perjudicado por el importe del dinero estafado.

La acusación particular, que ejerce la representación legal del hombre presuntamente estafado, eleva la petición de pena a cinco años de prisión y 4.500 euros de multa. También reclama el pago de una indemnización de 34.568 euros.

El juicio se celebrará este martes, 8 de junio, a las 9:30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, ha informado el Tribunal Superior de Justicia.

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