miércoles 25/5/22

La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de cinco años de cárcel para un hombre acusado de detener ilegalmente, herir y extorsionar a otro con el que había tenido negocios en común, para tratar de obligarle a que le cediera el contrato que tenía suscrito con una empresa, encargada de realizar servicios de transporte a Solvay.

El juicio se celebrará este martes, 15 de marzo, y el miércoles, día 16, a partir de las 10:00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Según el escrito de acusación, el procesado mantenía "desavenencias" con la víctima, y de común acuerdo con otras dos personas -que no han sido identificadas- trató de obligarle a que cediese el contrato suscrito con la compañía que hacía transportes a la citada fábrica de Torrelavega.

Como ese fin, en febrero de 2021 interceptó con su vehículo el paso del que conducía la víctima, al tiempo que otro turismo, ocupado por los dos participantes desconocidos, se situó detrás del coche para impedir que diese marcha atrás. Acto seguido, el acusado y sus acompañantes, que iban encapuchados, se bajaron de los vehículos y obligaron al hombre a salir del suyo, golpeándole en la cabeza con la culata de una pistola, al tiempo que le amarraron las manos por la espalda con unas bridas, le introdujeron por la fuerza en el coche del procesado y le trasladaron a su garaje.

Una vez allí, la víctima permaneció sentada en una banqueta y "le golpearon de nuevo con la pistola", mientras el procesado "le retorcía los brazos, le encañonaba con el arma en la boca" y le decía que "esto se arregla" si dejaba el trabajo de Solvay y se lo pasaba a él, al tiempo que le advertía: "Yo iré a la cárcel, pero a ti y a tu familia os va a costar la vida".

El acusado profirió otras expresiones intimidatorias, logrando así que el perjudicado remitiese un mensaje de correo electrónico al responsable de la contrata de Solvay en el que le decía que cesaba en su actividad y que a partir de ese mismo día prestara servicio la empresa del acusado.

Los responsables de la empresa, extrañados por la situación, constataron lo ocurrido impidiendo al acusado que realizara ningún servicio de transporte. Pese a ello, continuó insistiendo en su propósito con mensajes "intimidatorios", por lo que al día siguiente la Guardia Civil montó un dispositivo de vigilancia y los agentes constataron que estaba "merodeando" por los alrededores del domicilio de la víctima y también en Mercasantander, donde se encontraba estacionado su camión.

Por estos hechos, el acusado permaneció en prisión provisional durante un mes y, tras su puesta en libertad, se le impuso una medida cautelar de prohibición de acercamiento y comunicación con el perjudicado.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de detención ilegal, otro de extorsión y uno leve de lesiones, merecedores de una condena de cinco años de prisión, multa de 900 euros y prohibición de comunicar y acercase a la víctima durante ocho años. En concepto de responsabilidad civil reclama una indemnización de 3.230 euros a la víctima por los daños morales causados.

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