El fiscal ha solicitado penas de hasta ocho años y ocho meses de prisión a una veintena de acusados de traficar con drogas e incluso introducirlas en el centro penitenciario El Dueso de Santoña, que serán juzgados esta semana y parte de la próxima en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.
La vista arrancará el lunes, 18 de octubre, y se prolongará hasta el martes de la semana siguiente, día 26, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia. Se celebrará en el salón de actos de Las Salesas y será por varios delitos contra la salud pública, que se atribuyen a todos los implicados; pertenencia a grupo criminal, a la mayoría de ellos; y blanqueo de capitales, ilícito imputado a un matrimonio.
En total, están procesadas veinte personas por participar en diversas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas en el norte de España y, algunas de ellas, dedicadas a introducirlas en El Dueso.
La investigación se inició al descubrirse que varios internos, al regresar de permiso, entraban en la cárcel ocultando estupefacientes en forma de bellotas de hachís que habían ingerido o bien dentro de preservativos que se introducían en el ano.
Según la Fiscalía, la organización estaba liderada por un preso que operaba con ayuda de su pareja y de otro colaborador, que compraba la droga a distintos proveedores, siempre con la supervisión del jefe. Mientras, su mujer se encargaba de entregársela a internos que volvían a prisión.
Después, se distribuía en el interior del penal y los compradores pagaban a una cuenta a nombre de la pareja del jefe del grupo. Con ese dinero y con otro montante en efectivo encontrado en la vivienda de ella, el matrimonio adquirió una veintena de vacas y un toro limousín.
La Fiscalía señala que la mujer hacía las gestiones que no podía su pareja, por estar encarcelado, pero siempre bajo la supervisión de él, y ocultaba las ganancias de la droga, tanto en su cuenta -haciendo confundir los ingresos ilícitos con percepciones de origen real- como en la adquisición de semovientes y otros bienes.
INTERNOS Y PROVEEDORES
En la organización también participaban internos que aprovechaban su salida de prisión y otros proveedores. Entre estos últimos figuran dos hermanos que a su vez adquirían mercancía a uno de los principales grupos criminales de tráfico de hachís en el norte de España: una banda que "con permanencia y habitualidad" se dedicaban a traficar "en cantidades muy importantes" en el País Vasco.
El jefe de operaciones de esa red procuraba no entrar en contacto con la droga y disponía de un hombre de su confianza para transmitir sus órdenes al resto de miembros, entre ellos personas que prestaban servicios como guardadores de la mercancía.
Esta organización "cumplía los mecanismos de una cuidada actuación delictiva por su organización y distribución de funciones, así como por su modo de operar", subraya el fiscal, que añade: "Mantenía como constante una especial prevención en las conversaciones telefónicas y cambio constante de terminales y una distribución localista del total de la mercancía, guardada en diversos inmuebles a fin de no perderla en su integridad, caso de caer policialmente parte del grupo".
En un momento dado, se produjo una entrega fallida por parte de otro proveedor a este grupo, y en la furgoneta que transportaba la droga los agentes de policía encontraron 110 kilos de hachís.
Junto a todas estas personas, se juzga a otro hombre que proveía estupefacientes a los citados hermanos y que se dedicaba al tráfico de hachís "en cantidades importantes" en Castro Urdiales, zonas cercanas y también País Vasco.
En un registro en su domicilio se hallaron 73 kilos de droga. Finalmente, la investigación llevó a otros proveedores de cocaína, hachís y anfetamina.
DELITOS Y PENAS
Los hechos constituyen a juicio del fiscal varios delitos contra la salud pública, que se atribuyen a todos los implicados; pertenencia a grupo criminal, en la mayoría de los casos; y blanqueo de capitales, ilícito imputado al matrimonio.
Para la pareja, como responsables del grupo que introducía droga en El Dueso, la pena solicitada asciende a ocho años y ocho meses de prisión para él y ocho años de cárcel para ella, así como multas de 12.000 euros. Y su colaborador es merecedor de cuatro años de prisión y 9.000 euros de multa, según la acusación pública.
A los hermanos que les proveían de la droga interesa cuatro años para cada uno y 36.000 euros de multa. Y para el jefe de la organización criminal que manejaba grandes cantidades de hachís en el País Vasco solicita cinco años y medio y 600.000 euros de multa; así como cuatro años y cuatro meses y 350.000 euros a su hombre de confianza.
El que trasladaba los 110 kilos de hachís que fueron intervenidos por la policía se enfrenta a otros cuatro años y cuatro meses de prisión y multa de 250.000 euros.
Y su jefe, responsable de otra organización que proveía a la anterior, a cinco años y 390.000 euros. Finalmente, para el que distribuía droga en Castro Urdiales y alrededores pide cuatro años de cárcel y 200.000 euros.
Para el resto de acusados -internos que metían droga en el Dueso, vendedores de droga en el exterior, colaboradores de las redes antes citadas- las penas pedidas oscilan entre tres años y un año de prisión.
