Cuando en el Pleno regional del pasado 10 de octubre se aprobó por mayoría recuperar el Consejo Económico y Social (CES) en Cantabria. El foco se puso, fundamentalmente, en la labor que este organismo realiza y en el coste económico que supone para la comunidad. Pero ninguno de los partidos mencionó que en esta institución pública contaba con dos empleadas públicas con más de 10 años de experiencia en el puesto de trabajo y que fueron despedidas.
Ante esta información que publicaba este medio hace unos días, todos los partidos salvo el PSOE han querido ofrecer su punto de vista sobre los futuros puestos de trabajo que podría tener el nuevo CES, suprimido en 2012 por el Gobierno del ‘popular’ Ignacio Diego siguiendo la senda de otras comunidades como Castilla-La Mancha, que bajo el mandato de Dolores de Cospedal fue la primera comunidad que eliminó este órgano.
Todos ellos coinciden en que es pronto para decidir sobre los puestos de trabajo del CES, y por lo tanto para saber cómo se afrontará el proceso de contratación. Sin embargo, existen matices en sus posturas. Posiblemente la más neutral sea la del PRC, socio de Gobierno junto a los socialistas.
“Entendemos que será en la tramitación de la recuperación del órgano donde habrá que analizar cómo se organiza, con qué medios y con qué personal”, ha declarado el PRC
Los regionalistas han defendido que siempre ha mantenido una “posición coherente y responsable” en relación al Consejo y las “importantes funciones institucionales” que cumplía. A este respecto, han recordado que a lo largo de la tramitación parlamentaria “nos mostramos partidarios de su creación”.
Sin embargo, no han querido entrar a valorar la situación en la que se quedaron las dos trabajadoras y cómo será el diseño del nuevo CES. “Entendemos que será en la tramitación de la recuperación del órgano donde habrá que analizar cómo se organiza, con qué medios y con qué personal”, ha declarado el PRC.
Oposición
Por su parte, el PP, único partido que se opuso en el Parlamento a su creación, ha sido el partido más crítico, aunque ha reconocido que “es pronto aún para posicionarse en ese tema concreto”. “Ni siquiera sabemos cómo van a plantear la estructura del CES”, ha incidido el portavoz ‘popular’ en el Hemiciclo regional, Eduardo Van den Eynde.
Además de recordar que su postura “es que no se debería crear” este organismo al llevar aparejada una “estructura de gasto que en estos años se ha revelado innecesario”, Van den Eynde también ha explicado que “se han seguido haciendo leyes sin sus informes, igual que tampoco se tenían en consideración cuando al Gobierno no le interesaba”, algo que, en su opinión, “saben muy bien PRC y PSOE” durante el anterior periodo del bipartito.
Van den Eynde ha explicado que “se han seguido haciendo leyes sin sus informes, igual que tampoco se tenían en consideración cuando al Gobierno no le interesaba”
Podemos Cantabria, por su parte, ha hecho hincapié en los posibles derechos adquiridos de estas trabajadoras, una de las cuales tenía una antigüedad de 15 años y la otra de 12. Aunque ha recordado que “la creación del CES es competencia del Gobierno”, y por tanto la posible convocatoria de oferta pública.
Sin embargo, la formación morada sí ha explicado que “si esas trabajadoras tenían algún derecho adquirido, es algo que esperamos que tenga en cuenta el Gobierno”.
Finalmente, el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Rubén Gómez, ha apostado por “evaluar cuánto personal es necesario” en primer lugar, aunque siempre con el objetivo de “hacer el funcionamiento de este ente más eficiente y austero”.
En cualquier caso, “entendemos que habría que sacar una oferta de empleo público o en su defecto recurrir a funcionarios que puedan realizar esa función”, ha valorado Gómez.
Empleadas públicas
La formación morada sí ha explicado que “si esas trabajadoras tenían algún derecho adquirido, es algo que esperamos que tenga en cuenta el Gobierno”
El despido de las dos empleadas públicas no contemplaba conservar la plaza. En el Boletín Oficial de Cantabria del 1 de junio de 2012, en una edición extraordinaria, tan solo se detalla que se suprime el Consejo Económico y Social y que sus bienes “se incorporarán al patrimonio de la Comunidad Autónoma, produciéndose la afectación y adscripción de los mismos”. En ningún caso se menciona a los trabajadores, ni siquiera aquel que es funcionario público.
Por otro lado, la carta de despido que se entregó a las trabajadoras no aclara demasiados aspectos. En uno de esos documentos, a los que ha tenido acceso este diario, se especifica que dado que el organismo desaparece “el próximo día 30 de junio de 2012”, a partir del día siguiente queda extinguido su contrato.
“No siendo culpa suya tal extinción, tiene derecho a una indemnización de 20 días por año de servicio”, afirma la carta, en la que se traslada también el “agradecimiento del Pleno del Consejo” y se reconoce el “excelente desempeño de sus tareas”, así como el “apoyo en el desarrollo de las funciones” del CES. Asimismo, se lamenta la “situación sobrevenida, ajena absolutamente a la voluntad del CES”.
