El Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander ha aplazado hasta el 19 de agosto la orden de desahucio contra un matrimonio que vive en Cazoña y que, según la orden dictada por el propio juzgado, se habría ejecutado este martes. Según ha explicado la plataforma Stop-Desahucios, ha sido la intervención de la letrada-secretaria del juzgado la que ha permitido alcanzar el acuerdo que establece el compromiso de la familia de abandonar el inmueble antes de esa fecha de agosto, cuando se ejecutará el decreto de suspensión del juzgado.
Como ha explicado la plataforma en un comunicado, el juzgado ha mantenido “hasta el último momento” la orden contra el matrimonio formado por Carmen y Luis, a pesar de que, según consideran, “existía base jurídica para haberlo suspendido sin necesidad de ningún pacto con la parte ejecutante”.
"Vivimos en un Estado donde el derecho a la propiedad está demasiado por encima del derecho a la vivienda, a pesar de que la Constitución no dice precisamente eso”, critica Javega
Para Antonio G. Javega, coportavoz de la plataforma, “los problemas de salud y nerviosismo de la familia han provocado el acuerdo. No querían volver a vivir el estrés de una movilización y de la amenaza de la violencia de los antidisturbios. Es humano y lo entendemos perfectamente”. En este sentido, reconoce que “el problema es qué va a pasar el 19 de agosto con esta familia. Ese día se encontrarán en la calle porque nadie ha hecho nada para remediarlo”, criticando que “las administraciones públicas se desentienden de la situación de muchas familias. Vivimos en un país muy hipócrita que abandona a personas en riesgo inminente de desahucio por absurdas sutilezas legales. Vivimos en un Estado donde el derecho a la propiedad está demasiado por encima del derecho a la vivienda, a pesar de que la Constitución no dice precisamente eso”.
“Y recuerdo que estamos hablando de una entidad, UCI, cuyo dueño es el banco Santander, que financiamos todos los ciudadanos gracias a los mal llamados créditos fiscales”, ha añadido, recordando además que la plataforma ya había convocado la movilización anti-desahucios para mañana.
Javega ha aseverado asimismo que “lo que no entendemos es que el juzgado haya emitido una nueva orden de lanzamiento para el 19 de agosto, siendo dicho mes inhábil. Aunque hay una excepción en los procedimientos penales, sólo se refiere a la fase de instrucción o similar; y en el caso de Luis y Carmen se trata de una ejecutoria penal, la última fase de cualquier procedimiento penal. Creo que en el juzgado han confundido el pacto entre las partes con lo que debe ser una orden de lanzamiento, cuando son cosas muy diferentes”, afirma de forma contundente el portavoz de la plataforma.
Carmen tiene 50 años y Luis 48. Hasta 2007 tuvieron una frutería y trabajaban en los mercados. Después han hecho trabajos esporádicos. Su hijo, Ángel, cumplió 18 años hace pocos meses. Actualmente se encentran en el paro y sobreviven a duras penas con una renta social básica de 591 euros.
