Las asociaciones conservacionistas Arca, Mortera Verde, Grupo Lobo de Euskadi, ASCEL (Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico) y Ecologistas en Acción denuncian que el número de lobos muertos en Cantabria en la temporada 2015-2016 excede en más del doble el número oficial declarado recientemente por la Dirección General del Medio Natural, cuya cifra fue publicada por el Diario Montañés el día 15 de septiembre de 2016.
En dicho artículo de prensa se declaró la muerte de 24 individuos, pero a través de la consulta de diversas fuentes e informaciones oficiosas, dichas ONG estiman que al menos 42 lobos han sido matados este año en la región desde el 1 de septiembre de 2015. Esto supone que se ha superado el máximo número de lobos abatidos por año de la última década. Calculan asimismo que la administración habría autorizado y organizado cerca de 200 actuaciones de control letal de la especie, en algunos casos en lugares donde ni siquiera se había producido ni un solo daño a la ganadería.
A su vez advierten que la distribución espacial de estas muertes es muy reducida y que todos estos lobos habrían sido abatidos por disparo en apenas 4 comarcas (Besaya, Campoo-Los Valles, Liébana y Saja-Nansa) en un área inferior a 1.200 km2. Los municipios donde se habrían abatido un mayor número de lobos serían: Polaciones, Hermandad de Campoo de Suso, Los Tojos, Pesaguero, Mazcuerras, Vega de Liébana o Cabezón de Liébana.
Las ONG calculan que la administración habría autorizado y organizado cerca de 200 actuaciones de control letal de la especie, en algunos casos en lugares donde ni siquiera se había producido ni un solo daño a la ganadería
De los más de 40 lobos cuya mortalidad ha sido conocida, al menos 23 habrían sido abatidos en la modalidad de rececho por algunos técnicos auxiliares del medio natural (T.A.M.N.s) y jefes de comarca, en algún caso presuntamente excediendo el cupo autorizado y ignorando las instrucciones dadas por sus superiores jerárquicos; otros 14 ejemplares habrían muerto en batidas ordinarias de jabalí a manos de cazadores locales (produciéndose algunas muertes en batidas para las que no habría existido autorización expresa de control de lobo y en otras por excesos de cupo), otros 3 lobos más en batidas extraordinarias (en las cuales además se autorizó el uso de cohetes, artefactos expresamente prohibidos por la legislación vigente, y se invitó a participar en dichas actuaciones a personal laboral de las cuadrillas forestales, entre cuyas funciones no se encuentra la participación como monteros en batidas de caza), y al menos 2 habrían muerto furtivamente.
Lamentablemente han muerto ejemplares de distinta edad y condición, incluidos 4 cachorros del año, pero también ejemplares adultos, lo cual implica una desestructuración de la población cántabra de lobos. Este hecho repercute negativamente, no sólo demográfica y genéticamente en nuestros lobos, sino que también es una mala praxis de gestión si el objetivo es reducir los daños a la ganadería, como demuestran diversos trabajos científicos realizados en España. De hecho, la mortalidad provocada por el ser humano sobre los lobos de la región en este tiempo ha supuesto la erradicación de al menos 2 grupos familiares, el 17% de los grupos “censados” oficialmente.
Considerando que en el último censo de lobo realizado en Cantabria en 2013 se contabilizaron 12 manadas, algunas de ellas compartidas con otras comunidades autónomas, y que trabajos de campo han comprobado que el tamaño medio de un grupo reproductor de lobos en la cornisa cantábrica es de 3,1-4,4 no es difícil llegar a la conclusión de que más de 40 lobos muertos en un año es una magnitud con un impacto demográfico potencialmente muy elevado.
Han muerto ejemplares de distinta edad y condición, incluidos 4 cachorros del año, pero también ejemplares adultos
¿Cómo se podría justificar entonces, desde la administración responsable de la gestión de la especie, que se está cumpliendo con el mandato de las directivas europeas y de la legislación nacional que obliga a mantener unas poblaciones de lobo en un estado de conservación FAVORABLE?
Las Asociaciones conservacionistas recuerdan que estas medidas de control letal sobre lobos, que se están aplicando de forma generalizada en Cantabria (y no excepcional, como contempla la legislación), adolecen de justificación ecológica, científica y socioeconómica, y no están sirviendo en absoluto para calmar los ánimos de algunas organizaciones profesionales agro-ganaderas. De hecho, más bien todo lo contrario. Consideran que se deben experimentar nuevos métodos de gestión de la especie y de la ganadería extensiva, y abandonar el modelo que se ha comprobado totalmente ineficaz. Según reconoce el propio borrador del plan de gestión de lobo en Cantabria, actualmente en periodo de alegaciones, si se considera el censo agrario de los municipios de los que se tienen datos de ataques a la ganadería, se puede confirmar que los ataques de lobo afectan a menos del 1% del ganado censado. La solución a los daños a la ganadería debería venir por otras vías; por ejemplo, mediante incentivos a priori condicionados a objetivos ambientales (especialmente en áreas protegidas y espacios de la Red Natura 2000), y mediante las ayudas a la prevención de los daños. Además, se debería exigir que los daños atribuidos a lobos sean abonados únicamente a aquellos ganaderos profesionales, con dedicación exclusiva, que hayan acreditado un manejo que incorpore medidas de prevención.
A su vez quieren hacer un nuevo llamamiento, tanto al Director General del Medio Natural como al Director de la Reserva de Caza Saja, para que se detengan los controles poblacionales de lobo en Cantabria y se hagan públicas tanto las resoluciones administrativas en las que se autoriza la muerte de lobos, como los datos de lobos muertos en la región sin ocultar ningún detalle, como corresponde a una sociedad de la información pública y transparente del siglo XXI.
