Ni siquiera el pago del alquiler de un piso por adelantado asegura a una familia tener un lugar donde vivir. Si nada lo remedia, el próximo 5 de noviembre Luis y Rocío, ambos de 46 años, serán desahuciados junto a sus dos hijos, uno de 20 años y otro de siete, a pesar de haber abonado el alquiler de su vivienda por un año. Todo por una demanda de impago de suministros presentada por los propietarios, tal y como ha explicado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
En septiembre de 2014 la familia entró a vivir en el piso situado en la calle Valderrama, en el número 4. En ese momento realizaron el pago de la fianza y de un año de alquiler por adelantado. En total, 7.150 euros, 550 del aval y 6.600 por todo el año. Nueve meses después, en junio de este año, el impago de los suministros ha llevado a los propietarios a presentar la denuncia. En septiembre, un juez ha dictaminado la sentencia de desahucio.
Luis y Rocío tienen ambos 46 años. Rocío es reponedora, y desde el año 2004 se encuentra en el paro. Por su parte, Luis ha trabajado en el sector hostelero, pero en los últimos años sólo encuentra trabajo de camarero dos o tres meses por temporada.
Como señala la PAH en un comunicado, en el momento en el que se presentó la denuncia todavía quedaban de pagar tres meses, es decir, 1.650 euros y el correspondiente aval. En total, 2.200 euros. La deuda por suministros que tenía la familia en ese momento era de 932 euros y el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander dictó sentencia poco más de dos meses después.
Rocío es reponedora, y desde el año 2004 se encuentra en el paro. Por su parte, Luis ha trabajado en el sector hostelero, pero en los últimos años sólo encuentra trabajo de camarero dos o tres meses por temporada.
Caso ‘sangrante’
Aunque los afectados no han querido hacer valoraciones, uno de los activitas de la PAH-Stop Desahucios, Antonio G. Javega, ha explicado que “cuando nos llegó esta familia no entendimos por qué se producía la demanda en junio. En ese momento no debía absolutamente nada porque todavía faltaban tres meses de cobrar a lo que había que sumar la fianza”.
Javega, que ha seguido el caso de primera mano desde que llegó a su conocimiento, ha asegurado que “el desahucio Express constituye un abuso en sí mismo, pero en este caso, además, se han producido una serie de hechos que hacen el caso más ‘sangrante’. No es solo la celeridad del desahucio sino que en el momento del mismo no existía deuda realmente”.
La situación de la familia, como no podía ser de otro modo, es desesperada. Según detalla la PAH, “no disponen de recursos y, por tanto, si nadie lo remedia podrían terminar en la calle”.
En este sentido, la plataforma ha iniciado gestiones a todos los niveles para pararlo “sin tener que afrontar un protocolo stop desahucios”. Entre ellas destacan las reuniones mantenidas con diferentes partidos, con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander y la concejal responsable, con el presidente Revilla, y este mismo martes con el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, para encontrar una solución al problema.
A la espera
Pero la reacción se está haciendo esperar. Hasta ahora no han recibido respuesta positiva de nadie, y los Servicios Sociales del Ayuntamiento les han informado que no disponen en este momento de viviendas para esta familia. La PAH-Stop Desahucios opina lo contrario: “Creemos que tienen viviendas de sobra para atender este tipo de situaciones. La burocracia sobra en situaciones de extrema necesidad”.
De la Serna ha ofrecido a la plataforma la posibilidad de gestionar dos viviendas sociales para afectados de la plataforma en situaciones de extrema necesidad. Sin embargo, “lo único que pueden ofrecer en este momento a la familia afectada es el albergue para transeúntes Princesa Leticia”.
En este sentido, Javega ha considerado que “el albergue Candina no es un espacio adecuado para alojar a esta familia. No reúne unas condiciones mínimas. Solo pedimos un piso durante unos meses hasta que se arregle su situación. No es pedir la luna”.
Por su parte, Revilla tampoco “ha ofrecido nada aceptable”, y eso que unos días antes se reunió con representantes de la PAH. “Estamos a la espera de una llamada de Presidencia de Gobierno pero, desde luego, no es razonable mandar a esta familia a Valderredible”, ha comentado el activista, en relación a la oferta de una casa de alquiler social en la zona campurriana.
Moción municipal
El único grupo político que parece haber dado algún paso al frente para solucionar la situación de esta familia es Ganemos Santander Sí Puede, que este martes ha presentado una moción de urgencia solicitando de forma inmediata una ayuda para esta familia, ya sea mediante una de las viviendas propiedad del Consistorio o una subvención del 100% del alquiler.
Su concejal, Antonio Mantecón, ha asegurado que “el ayuntamiento tiene viviendas sociales para atender la necesidad de esta familia. Es una cuestión de voluntad política”.
A su juicio, “el motivo de esta moción atiende a una situación puntual que puede afectar, y de hecho afecta, a miles de vecinos de Santander. Entendemos que esta moción se aparta de los convencionalismos y de los contenidos usuales de la mayoría de las mociones que se presentan, pero se trata de una situación excepcional por su carácter urgente”.
Mantecón ha advertido de que, “de no remediarlo nos encontraríamos con la familia en la calle. Y las instituciones públicas, y en concreto este Ayuntamiento, tiene los recursos y la obligación moral y legal de solucionar de forma concreta este problema y evitarlo”.
Antonio Mantecón ha asegurado que “el ayuntamiento tiene viviendas sociales para atender la necesidad de esta familia. Es una cuestión de voluntad política”.
La moción de Ganemos Santander Sí Puede va más allá, y ha propuesto que el Ayuntamiento se comprometa a habilitar un “protocolo de actuación” en casos de desahucio por alquiler o de lanzamiento por ejecución hipotecaria que por “su carácter de urgencia y por la falta de recursos económicos de los afectados impliquen una respuesta inmediata”.
“No contemplamos el problema de esta familia como únicamente un caso particular. Los casos particulares también deben ser tratados como problemas políticos y sociales. Creemos, por ello, que solucionar esta situación excepcional podría generar en las instituciones públicas, tanto en el gobierno de Cantabria como sobre todo en este Consistorio, una herramienta para poder solucionar con carácter de urgencia las necesidades de las personas que se ven abocadas a perder su vivienda sin poder acceder al mercado de alquiler por falta de recursos”, ha apostillado el concejal.
Nuevo desahucio
Además, y según informa PAH Santander en un comunicado, la plataforma ha denunciado el caso de otra familia de la capital que se enfrenta a un desahucio el próximo 13 de noviembre.
Según ha explicado, se trata de un matrimonio de mediana edad de Santander y su sobrino, en régimen de acogimiento, que dejaron de pagar la hipoteca hace cinco años y hace dos semanas recibieron la orden de lanzamiento. Deben al banco más de 180.000 euros y piden quedarse en la vivienda pagando un alquiler asequible, el 30% de sus ingresos reales. La plataforma va a intentar evitar el desahucio en la reunión que mantendrá este jueves con la entidad.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH-Stop Desahucios) de Santander y Cantabria se reúne todos los martes en el centro cívico de la calle Cisneros, y ofrece un teléfono, el 717701571, y un correo electrónico, [email protected], donde los afectados, no sólo de Santander sino de otras localidades de Cantabria, pueden ponerse en contacto con la plataforma y explicar su caso.
