martes 30/11/21
URBANISMO

Mazón defiende la entrega de una vivienda libre para los afectados por actuaciones urbanísticas

El consejero ve "innecesaria" la proposición de ley del PP, y considera que ofrecer una nueva vivienda en régimen VPO tiene una serie de limitaciones a las que no deberían estar sujetos.

El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón
El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón

El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, ve "innecesaria" la proposición de ley que plantea el PP para regular el derecho realojo y, además, se ha mostrado en contra de garantizarlo a través de la entrega de una vivienda protegida y de, para ello, crear una modalidad de VPO para afectados por actuaciones urbanísticas.

Así lo ha defendido Mazón en su comparecencia ante la Comisión de Investigación y Universidades, Medio Ambiente y Política Social del Parlamento de Cantabria para pronunciarse acerca de la proposición de ley del PP para garantizar el derecho realojo a través de la modificación de las actuales Ley del Suelo y Ley de vivienda protegida de Cantabria.

Concretamente, se ha mostrado contrario a que en la proposición de ley del PP se proponga modificar la Ley de Vivienda Protegida regional para crear una modalidad de vivienda protegida para afectados por actuaciones urbanísticas y cubrir el derecho al realojo de afectados a través de la entrega de este tipo de inmueble.

Todos los afectados que tengan que ser desalojados, no solo aquellos con ingresos inferiores a 4,5 veces el IPREM, deberían poder solicitar una vivienda de condiciones similares

Y es que en la proposición de ley del PP se plantea que los ocupantes afectados que hubieran de ser desalojados y con ingresos económicos que no superen 4,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) tengan derecho a acceder a una de estas viviendas para afectados por actuaciones urbanísticas.

Respecto a ello, el consejero, por una parte, ha opinado que todos los afectados que tengan que ser desalojados, no solo aquellos con ingresos inferiores a 4,5 veces el IPREM, deberían poder solicitar la entrega de una vivienda de condiciones similares a la que ha tenido que abandonar, una visión que también ha defendido Podemos, que ha anunciado que tiene intención de plantear una enmienda para suprimir dicha limitación.

Regalo envenenado

Sobre todo, en lo que más ha insistido Mazón es que la vivienda que se entregue a los desalojados debe ser libre, no protegida, puesto que, según ha advertido, las VPO tienen una serie de "limitaciones" a las que no deberían quedar sujetos estos afectados.

El PP plantea que el promotor o quien haya satisfecho el derecho del realojo del afectado tenga opción a recomprar la vivienda entregada "por el precio inicialmente abonado"

En la misma línea se ha pronunciado, tras la comparecencia de Mazón, el director general de Vivienda del Gobierno de Cantabria, Francisco Gómez Blanco, quien ha alertado de que la entrega de estas VPO "penaliza" a los afectados y es un "regalo envenenado".

Tanto Mazón como su director general de Vivienda se han mostrado contrarios también al derecho de recompra a favor del obligado a satisfacer el derecho de realojo que se plantea en la proposición no de ley.

Y es que, en ella, se establece que el promotor o quien haya satisfecho el derecho del realojo del afectado tenga opción a recomprar la vivienda entregada "por el precio inicialmente abonado" si el realojado procede a la posterior transmisión de la vivienda a tercero.

Podemos también ha considerado una "barbaridad" que se prevea este derecho de recompra y ha anunciado que una de las enmiendas de su grupo a la proposición de ley irá a suprimirlo.

A juicio de la formación morada, del PRC y del PSOE este aspecto ha sido incluido por el PP en su proposición para "beneficiar" a empresarios y promotores.

Además, y en la misma línea que lo expresado en días anteriores por otros representantes del Gobierno de Cantabria en esta serie de comparecencias sobre la proposición de ley del PP, el consejero y el director general de Vivienda han mantenido que en la misma no se aporta nada significativo sobre el derecho al realojo a lo que ya se plantea en el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana nacional aprobado el pasado 30 de octubre.

Otro aspecto en el que se ha insistido en estas dos comparecencias, y en el que también han vuelto a incidir principalmente PSOE y PRC, es que en la proposición de ley del PP tampoco se regula el derecho al retorno del desalojado a la misma zona en la que antes vivía.

En la proposición de ley del PP tampoco se regula el derecho al retorno del desalojado a la misma zona en la que antes vivía

La socialista Silvia Abascal ha criticado que los 'populares' han "copiado" el artículo de la normativa estatal dedicado al derecho al realojo pero se les ha "olvidado" hacer lo mismo con el relativo al retorno. "Queremos barrios en los que vivan sus habitantes naturales", ha defendido.

Respecto al retorno, el consejero ha opinado que en el texto refundido de la Ley del Suelo nacional deja algunas "lagunas" respecto a este derecho o al menos, puede que de forma intencionada, no interviene en todos los supuestos ya que, según ha expuesto Mazón, solo lo hace respecto al los inquilinos pero no del de los propietarios.

En este sentido, ha señalado que las comunidades autónomas son las que tienen capacidad, a través de su capacidad legislativa, de "rellenar" estas "lagunas" o "eliminar limitaciones" que puedan provocar "injusticias".

Sin embargo, cree que es "mucho mejor" abordar todas estas cuestiones, no a través de una modificación parcial, sino a través del proyecto de ley en el que trabaja el Gobierno regional para dar a Cantabria una nueva Ley del Suelo.

Así, ha aludido a lo que ha denominado "coherencia legislativa". "Si uno está haciendo una ley, no modifica la anterior", ha apuntado.

En contra de esta postura, el PP ha vuelto a insistir en la necesidad y en la urgencia de abordar este asunto a través de su proposición de ley, para abordar el conflicto surgido con la actuación urbanística en el barrio del Pilón y dar tranquilidad a los afectados, algo en lo que se ha mostrado de acuerdo Ciudadanos y Podemos.

"Tenemos a las puertas tantas cosas que yo no he visto entrar por la puerta...", ha dicho el diputado del grupo mixto-C's Rubén Goméz en alusión a la proximidad anunciada por el Gobierno de Cantabria para llevar al Parlamento regional su proyecto de ley con la nueva Ley del Suelo, una proximidad que regionalistas y socialistas usan como argumento para defender que no es necesario modificar la actual normativa.

Además, PRC y PSOE han insistido en expresar sus dudas a que la modificación legislativa que pretende el PP de las actuales normas para garantizar el derecho al realojo vaya a servir para solucionar el problema del barrio de El Pilón.

Por su parte, los 'populares' han insistido en que es un problema que ha surgido en Santander pero que puede darse en otros ayuntamientos, algo que han negado socialistas y regionalistas, quien han insistido en que, según la CROTU, no hay actuaciones urbanísticas en otros municipios que podrían dar lugar a situaciones como la de El Pilón.

Lesividad de un PGOU

Por otra parte, durante la comparecencia, Podemos ha vuelto a pedir al Gobierno de Cantabria que declare lesivo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander porque, según ha insistido, es "inmoral" e "ilegal" y "vulnera" e "incumple" derechos constitucionales, como el que garantiza el derecho a una vivienda digna.

En contra de este planteamiento, Mazón ha afirmado que "el Gobierno no puede declarar la lesividad de un PGOU" y ha señalado que dicha figura de la lesividad es para "los actos" concretos, no para el conjunto de un plan de ordenación. "El Gobierno no puede hacer lo que le dé la gana", ha dicho el consejero.

Sobre esta cuestión ha vuelto a referirse el director general de Vivienda, quien ha manifestado, al igual que otros representantes del Gobierno regional en comparecencias anteriores ante esta misma Comisión, que "no es necesaria" la declaración de lesividad puesto que el Ayuntamiento de Santander tiene la capacidad de modificar su planeamiento.

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