El Juzgado de Instrucción número 4 de Santander y la Audiencia Provincial de Cantabria han condenado a seis hombres y la mercantil Transchapela, SL., por falsedad documental continuada y fraude a la Hacienda Pública.
Según dicta la sentencia, "la mercantil Transchapela, SL, compraba a sus proveedores la madera que necesitaba para elaborar los palets que ulteriormente vendía a terceros, “en B” y por tanto sin soportar IVA". De esta forma, la empresa en cuestión "no disponía de cuotas de IVA soportado que pudiera compensar con el IVA que repercutía a sus clientes, lo que le obligaba a pagar elevadas cuotas de IVA al erario público". Asimismo, "para evitar el pago de dichas cuotas, y con la finalidad de generar un IVA soportado ficticio que pudiera deducirse del IVA que la mercantil, a su vez, repercutía a sus compradores en las ventas de palets, y que en definitiva minoraba el importe de la consiguiente deuda resultante para con la Hacienda pública".
Al percatarse del fraude, la Agencia Tributaria y el Ministerio Fiscal pusieron esta situación en manos de la justicia, que ha condenado a todos los implicados a un total de 16 años y 4 meses de cárcel y a pagar una multa de 6.096.067 euros. El principal autor de los delitos mencionados se enfrentará a un total de 9 años de prisión y una multa de 2.488.000 euros, así como la inhabilitación para el ejercicio de sus funciones como administrador societario durante el tiempo de condena y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de los beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social durante 12 años y 2 días.
Asimismo, otros dos condenados se enfrentarán cada uno a 4 años y 6 meses de cárcel y una multa de 1.051.300 euros, así como la inhabilitación para el ejercicio de sus funciones como administrador societario durante el tiempo de condena y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de los beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social durante 6 años, 6 meses y 2 días.
Los tres últimos implicados se enfrentarán cada uno a 2 años y 10 meses de cárcel y una multa de 692.000 euros, así como la inhabilitación para el ejercicio de sus funciones como administrador societario durante el tiempo de condena y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de los beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social durante 4 años, 6 meses y 2 días.
La empresa, por su parte deberá pagar 1.864.767 euros y la pérdida de los beneficios fiscales y de la seguridad social durante 9 años.
