sábado 23/10/21
SANTANDER

Un Juzgado considera "diabólico" el método del Ayuntamiento para que los trabajadores justifiquen las ausencias laborales

Condena al Consistorio santanderino a abonar a un empleado días de ausencia que no le permitían justificar.

Los hechos se suceden en enero de 2015  cuando un policía municipal se ausenta varios días del trabajo por motivos de salud. A su regreso, aporta las certificaciones requeridas en consonancia con el protocolo establecido que no contempla ningún control de registro. Trascurridos varios meses  se le informa que  le retraen de la nómina el salario correspondiente a los días de ausencia y que suma 400 euros.

El trabajador reclama y se le comunica  que no aparecen sus certificados y se le niega la posibilidad de aportarlos de nuevo por "estar fuera de plazo"

El trabajador reclama y se le comunica  que no aparecen sus certificados y se le niega la posibilidad de aportarlos de nuevo por "estar fuera de plazo". Se le requiere al trabajador copia del registro a sabiendas que el propio Ayuntamiento no las aporta en el momento de entrega. Todo ello hace que sea imposible que el trabajador pueda acreditar sus derechos y por tanto se produce una clara indefensión. Presentada la demanda en el Juzgado se resuelve condenando al Ayuntamiento de Santander a pagar al policía el salario no devengado.

La Sección de USO en el Ayuntamiento de  Santander ya ha denunciado en anteriores ocasiones  la falta de diligencia  de los responsables  de la Policía Municipal y que sus protocolos de actuación establecidos perjudican a todos, policías y ciudadanos. Este hecho pone de manifiesto una vez más la discrecionalidad con que opera.

La sección sindical entiende que la pérdida de papeles no fue fortuita, especialmente por la mala fe mostrada por el Ayuntamiento de Santander privándole de la posibilidad de aportar las pruebas  y exigiendo unas garantías que eran imposibles de conseguir

La sección sindical entiende que la pérdida de papeles no fue fortuita, especialmente por la mala fe mostrada por el Ayuntamiento de Santander privándole de la posibilidad de aportar las pruebas  y exigiendo unas garantías que eran imposibles de conseguir. Además, porque la retirada de los  400 euros se le hizo al mismo policía que denunció ante la Fiscalía que en la Comisaría de la Policía Local de Santander  se habían vulnerado sus derechos al comprobar que había sido abierta  su correspondencia personal, pidiendo una investigación por la posible comisión de un delito contra la intimidad.  El jefe de la Policía que se dio por aludido como así  ha quedado reconocido en el expediente instruido al efecto.

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