El juez que ha instruido la causa del 'escrache' a Ignacio Diego cuando era presidente de Cantabria, se pronunciará sobre el vídeo que grabó los hechos acaecidos en la Universidad en febrero de 2014, después de que la Fiscalía -la única que puede acusar-, presente su escrito de calificación.
El Ministerio fiscal solicitó la práctica de diligencias complementarias, necesarias para poder calificar: la declaración de Diego y el visionado de las imágenes.
Una vez que se han practicado y que el auto que pone fin a la instrucción es firme, es el fiscal el que tiene que calificar, y cuando lo haga, el juez podrá hacer una valoración de las imágenes.
Citan "ausencia de pruebas para sostener su imputación, faltas de notificación y testimonios obviados cuando favorecían a su causa"
La Audiencia confirmó la semana pasada el auto del Juzgado nº 4 de Santander que puso fin a la instrucción, en el que imputó a nueve jóvenes tras encontrar indicios de delito.
Los imputados consideran que dicho auto se sostiene sobre una serie de "irregularidades graves que vulneran sus derechos", entre los que citan "ausencia de pruebas para sostener su imputación, faltas de notificación y testimonios obviados cuando favorecían a su causa".
Añaden que la Audiencia Provincial ha desestimado su recurso y no ha considerado que en el proceder del juez de instrucción hubiera "inexactitudes o irregularidades"; "pero se ha limitado exclusivamente a eso, no a determinar nuestra culpabilidad o inocencia, ni a juzgar las pruebas presentadas", puntualizan.
Por último, afirman que su acusación "actualmente está en suspenso a la espera de que el Ministerio Fiscal y el juez se pronuncien tras el visionado del video que grabó los hechos"; unas imágenes que, a su entender, reflejan "la absoluta irrealidad" de las acusaciones formuladas en un principio contra ellos.
"Tenemos las pruebas, sólo necesitamos que se hagan valer", sostienen.
Unas imágenes que, a su entender, reflejan "la absoluta irrealidad" de las acusaciones formuladas en un principio contra ellos
La Audiencia, que ha tardado casi dos años en resolver el recurso de los jóvenes, confirma en su auto la existencia de "indicios de comisión de los hechos que justifican la continuación" del proceso penal.
LOS HECHOS EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
El auto ahora confirmado por la Audiencia relataba que el 17 de febrero de 2014, en el edificio de las Universidades, un grupo de personas, "previamente concertados con la finalidad de alterar el orden público, conociendo que el presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, iba a intervenir en un acto, se colocaron en el exterior del edificio con el fin de impedir la salida del presidente del recinto, impidiendo de hecho que éste pudiera acceder a su vehículo oficial".
El auto añadía que tres de ellos "formaron una especie de cordón que obligó a los miembros del equipo de seguridad del presidente a evacuarle en el vehículo policial de reacción, lo que consiguieron tras grandes dificultades, luchando denodadamente con los allí congregados". Como consecuencia de tales hechos, el capó de un vehículo oficial resultó dañado, sin que conste quién fue el autor de tales desperfectos.
