martes 24/5/22

El Juzgado de lo Social número tres de Santander ha anulado parcialmente las bases de las convocatorias de varios procesos de selección en la empresa pública Cantur, que gestiona las principales infraestructuras turísticas de Cantabria.

Así lo establece el juez en una sentencia dictada el pasado lunes y difundida este viernes, en la que estima en parte las demandas interpuestas por Comisiones Obreras y SIEP contra la sociedad, el comité de empresa y las secciones sindicales de CCOO, UGT, USO y CSIF.

Según el fallo, las bases afectadas corresponden a las categorías de técnico de área técnica, encargado deportivo de campos de golf, tres técnicos de prevención de riesgos laborales, técnico de información turística y director de recursos humanos.

La nulidad parcial derivada de este procedimiento de conflicto colectivo tiene que ver con la composición de las plazas indicadas

Y la nulidad parcial derivada de este procedimiento de conflicto colectivo tiene que ver con la composición de las plazas indicadas -excepto el encargado de campos de golf-, que deberán tener carácter paritario.Además, la entrevista personal tendrá carácter "eminentemente secundario y subsidiario" -también en las citadas plazas-, según la resolución judicial, contra la que cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

De hecho, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha anunciado en un comunicado que va a recurrir el fallo al considerar que la anulación debe ser total si se ajusta al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y a la Ley de Régimen Jurídico de Cantabria.

"ERRE QUE ERRE"

Al respecto, Guillermo Villegas, delegado de CCOO en Cantur, ha manifestado que esta empresa pública del Gobierno de Cantabria "tendría que presumir de cumplir incondicionalmente con la legalidad", pero "sigue erre que erre, menospreciando las normas y convocando concursos y procesos de selección a su antojo y criterio".

El sindicalista ha lamentado que la sociedad "siga malgastando el dinero público, el dinero de la ciudadanía en recursos que sigue perdiendo en los juzgados".

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