El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha emitido este miércoles la sentencia que condena a cinco años de inhabilitación al titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santander, Luis Acayro Sánchez, por un delito de prevaricación judicial. Según dicha sentencia, el TSJC considera “injusta” su decisión de recabar información sobre la justificación de contratación de técnicos externos por parte de ayuntamientos y requerir la aportación de los propios contratos menores con los que se había llevado a efecto dicha contratación.
Ante esta sentencia, y según fuentes jurídicas cercanas a la defensa consultadas por eldiariocantabria.es, el magistrado va a recurrir la decisión del tribunal cántabro ante el Tribunal Supremo por considerar que “se han vulnerado sus derechos fundamentales”. Cabe recordar que el Supremo ya absolvió a Acayro Sánchez de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y anuló la condena impuesta en su día por el TSJC.
El magistrado se encontraba en suspenso desde que se inició el procedimiento judicial contra él, en el que estas mismas fuentes apuntan que la otra parte presentó el expediente administrativo sobre el que se basa el sumario del caso el mismo día del inicio del juicio oral. La defensa pidió el aplazamiento de la vista para estudiar el expediente, pero el tribunal decidió dar apenas una hora para revisar la nueva documentación, algo que consideran que “vulnera sus derechos”.
En concreto, el TSJC le condena por una resolución, dictada el 20 de diciembre de 2018, que considera que perjudicó a un abogado que finalmente se ha querellado contra Acayro Sánchez junto al Colegio de la Abogacía de Cantabria. El juez tenía que resolver sobre un recurso presentado por un particular contra una decisión del Ayuntamiento de Castañeda sobre la demolición de unos edificios, decisión que se basaba en dos informes técnicos y dos jurídicos, uno de ellos el del abogado.
En esta resolución judicial, el juez solicita esos cuatro informes realizados por personas externas al Ayuntamiento de Castañeda, así como los contratos del Consistorio para elaborarlo, al considerar que formaban parte del expediente administrativo sobre el que tenía que resolver. Uno de estos contratos es del abogado que demando a Acayro.
Además de inhabilitarle para el ejercicio de la función jurisdiccional -con pérdida definitiva del cargo que ostenta en el caso de que resulte condenado en firme-, la Sala de lo Civil y Penal del TSJC ha impuesto al magistrado una multa de 2.700 euros -a razón de una cuota de 15 euros diarios durante seis meses- y que indemnice con 5.000 euros al querellante, José María Real del Campo, por daños morales.
En la presente causa, la Fiscalía de Cantabria -representada por su jefa superior, Pilar Jiménez- y la entidad colegial -personada a través de la abogada Carmen Sánchez Morán- reclamaban 15 años y un día de inhabilitación especial al magistrado -y multa de 12.000 euros y 5.000 de indemnización- por prevaricación judicial continuada, por dictar resoluciones "irracionales" para "perturbar y perjudicar" al querellante. Mientras, la defensa, ejercida por Javier Sánchez-Vera, interesaba la libre absolución de su patrocinado.
La Sala, conformada por los magistrados Rubén López-Tamés, Clara Penín y José Luis López del Moral -ponente de la resolución y presidente del TSJC, a quien Acayro Sánchez disputó el cargo-, ha apreciado el delito de prevaricación judicial, pero no continuado, en una de las siete resoluciones dictadas por el juez analizadas en el marco de esta causa, derivada de dos procedimientos administrativos en los que intervino, pues fueron tramitados por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander entre 2017 y 2019.
