Izquierda Unida+Equo Marea Cántabra ha denunciado este viernes, último día de campaña en las elecciones autonómicas y municipales, “serias irregularidades en el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST) que afectarían a trabajadores con discapacidad”. La coalición ha recordado que el organismo está dirigido por Amalio Sánchez Grande, que previamente fue Jefe de la inspección territorial de trabajo en Cantabria. A su juicio, la actitud demostrada por los responsables del ICASST denota, además, una “actuación de discriminación y ‘mobbing’ por razón de discapacidad a algunos de esos trabajadores, especialmente a aquellos que se han atrevido a denunciar estas infracciones, sufriendo represalias por ello”.
La candidatura política considera “de extrema gravedad” que el Organismo del Gobierno cántabro “que debe velar por el cumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud de los trabajadores de toda Cantabria haya podido ser el foco de atención por sus incumplimientos y origen de accidentes laborales derivados de una falta total de prevención laboral con sus propios trabajadores, en este caso con discapacidad”. En este sentido, señala que los hechos denunciados por parte de los empleados apuntan “graves negligencias profesionales” en la gestión.
Según señalan Izquierda Unida y Equo, las “severas anomalías” de las que han tenido conocimiento convierten los hechos en “demasiado graves para quedar impunes”. “Los diversos incumplimientos reflejados en la propuesta de Inspección de Trabajo de la normativa de prevención de riesgos laborales es un hecho alarmante”, ha valorado la coalición, que ha recordado que el organismo tiene asumida directamente la competencia, vigilancia y control de prevención de riesgos laborales de sus propios trabajadores por un acuerdo firmado entre el ICASST y la Consejería de Economía del Gobierno de Cantabria, siendo en esa fecha Secretario General de la Consejería, Emilio del Valle, candidato de Vox por Cantabria al Congreso de los Diputados que no logró representación.
“Ante una primera denuncia formulada ante el ICASST por parte de Izquierda Unida-Equo, el Organismo se ha negado a investigar las causas de los accidentes de trabajo en los que se han visto afectados trabajadores con discapacidad, según se reconoce en varias sentencias”, han explicado los partidos en la nota de prensa.
FALTA DE TRANSPARENCIA
Además del trato con los empleados, para la coalición la “mala praxis laboral” del organismo del Gobierno también se extiende a la “falta de transparencia en la publicación en el BOC de los contratos menores a ciertas empresas”. En este sentido, IU y Equo consideran que “podría tratar de ocultar los contratos en régimen casi de monopolio”, realizando “encargos directos de proyectos de divulgación, promoción y formación” en materia de seguridad en el trabajo y “no cumpliendo con la ley de publicidad y transparencia”. Ante esto, instan a que se depuren responsabilidades.
Asimismo, Izquierda Unida-Equo exige al Gobierno de Cantabria que los empleados públicos que hayan accedido a la Administración Pública, a través de la reserva por discapacidad, “sean destinados a puestos de trabajo en los que puedan desarrollar plenamente sus capacidades y sean dotados de medios suficientes para desarrollarlas, sin que se ponga en riesgo su seguridad y salud”. La formación denuncia que estos trabajadores “en ocasiones son considerados como muebles, en una actitud que demuestra un desprecio de sus capacidades”.
