jueves 21/10/21
CANTABRIA

El IIDMA denuncia “trabas” del Gobierno cántabro en el acceso a información medioambiental

El Instituto sostiene que los controles de Cogecan y Solvay “son insuficientes debido al retraso con el que está actuando” el Ejecutivo.

La vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos
La vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), una de las principales organizaciones sin fines de lucro de derecho medioambiental de España, denuncia que el Gobierno de Cantabria no ha cumplido con su obligación legal de facilitar el acceso a la información medioambiental, "poniendo trabas a la democracia ambiental".

Asimismo, sostiene que los controles respecto a las centrales térmicas de carbón de Cogecan y Solvay "son insuficientes debido al retraso con el que está actuando el Gobierno cántabro, ya que no se ha definido todavía el procedimiento que van a seguir para la evaluación del riesgo que se incluirá en los informes base".

Con motivo del Día Internacional del Acceso a la Información, IIDMA denuncia "los problemas que ha sufrido" en el caso de Cantabria para acceder a documentos clave para la defensa del medio ambiente, documentos que las propias administraciones deberían facilitar al público según la Ley de Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia Gratuita en materia de Medio Ambiente.

Esta Ley refleja las obligaciones del Convenio de Aarhus, tratado internacional del que España es parte, y que también establece la obligación de que las administraciones difundan de forma activa la información medioambiental.

En base a esta Ley, IIDMA solicitó en febrero de 2016 a las CCAA que cuentan con centrales de carbón en su territorio los informes base sobre la situación del suelo y las aguas subterráneas para analizar si están cumpliendo o no con las obligaciones establecidas por la legislación de la UE para evitar y reducir la contaminación de los entornos de las centrales.

Según IIDMA, Galicia fue la única comunidad que cumplió con el plazo de un mes establecido por la Ley, mientras que Cantabria "retrasó el proceso durante casi 10 meses, poniendo trabas a la democracia ambiental".

A juicio de esta organización, el retraso en el acceso a la información "podría esconder el escaso control" de las Comunidades Autónomas sobre la posible contaminación del suelo y las aguas subterráneas.