Los esfuerzos de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) para dar una solución definitiva en esta legislatura a la situación que viven cientos de personas en Cantabria que están afectadas por sentencias de derribo ha tenido este jueves un paso importante. El encuentro de este colectivo con el Gobierno de Cantabria ha dado a conocer que, aunque el Ejecutivo autonómico “asume la propuesta” en todos sus puntos, existe “siempre el mismo problema”, que no es otro que “de dónde sacar el dinero”.
En concreto, de dónde sacar 65 millones de euros en concepto de indemnización y sin tener en cuenta el valor del suelo. Ese es el coste para Cantabria relativo a las 590 viviendas afectadas por sentencias de derribo al vulnerar la legislación, y construidas al albur de un urbanismo incontrolado en zonas en las que la Ley no lo permite, en suelo no urbanizable, etc. Y según ha reconocido el bipartito PRC-PSOE, “no hay partida presupuestaria” para poder asumir semejante cantidad.
Es por ello que la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, y el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Jesús Oria, han trasladado a los representantes de AMA que buscarán la ayuda del Estado a través de un “crédito extraordinario” que permita hacer frente a la cuantía.
“Estamos satisfechos en la cuestión jurídica, pero tenemos dudas sobre la financiación”, ha detallado Vilela
Así lo ha confirmado a este diario el presidente de AMA, Antonio Vilela, que ha valorado la reunión con una sensación de “medio lleno, medio vacío”, pues aunque “todos estamos de acuerdo en la injusticia para las familias y en buscar una solución”, el problema siguen siendo los recursos.
“Estamos satisfechos en la cuestión jurídica, pero tenemos dudas sobre la financiación”, ha detallado Vilela, quien ha instado al Ejecutivo autonómico a trabajar en una alternativa “por si el Estado no concede el crédito”. En este sentido, ha explicado que existe en los Presupuestos Generales de Cantabria una “partida que es ampliable” por si es necesario hacer un esfuerzo, pero eso “es estar en la cuerda floja”, por lo que es necesario dar una “solución”.
El presidente de AMA también ha avanzado que, además de la reunión extraordinaria que tiene lugar el sábado 11 de marzo en Argoños para abordar las nuevas sentencias y las resoluciones pendientes del Tribunal Supremo, la Asociación mantendrá una “ronda de contactos con todos los partidos y con ARCA” para informar sobre los avances que se produzcan.
“Las actuaciones deben ser públicas. Somos los agredidos, pero esto debe solucionarse entre todos”, ha manifestado Vilela, que ha avanzado que en mayo volverá a producirse una reunión con el Gobierno para realizar un “seguimiento de todas las actuaciones” y tener “datos más concretos”.
En la reunión también han estado presentes el director general de Medio Natural, Lucio Cantero, y el director general de Urbanismo, Francisco González, y por parte de AMA, además de su presidente, el vicepresidente, Ciriaco García, y los portavoces José Manuel Olaiz, María Ángeles Santiago, Koldo Talavera.
Propuesta de AMA
En la presente legislatura los afectados por los derribos "tendrán la posibilidad de aplicar los Convenios ya firmados con el Gobierno de Cantabria"
En concreto, durante la reunión se ha asumido "desarrollar la propuesta de AMA como base para dar una solución definitiva dentro de la presente legislatura, que acabe el grave problema de las sentencias de derribo en nuestra Comunidad", tomando como medio para ello un "acuerdo extrajudicial siguiendo el ejemplo de los Convenios entre afectados y Gobierno de Cantabria", así como en los daños morales. En este sentido, la Asociación ha explicado en nota de prensa que "no hay ningún inconveniente para seguir avanzando e incorporando los acuerdos por este medio, mediante nuevas cláusulas en los citados Convenios, y haciendo que estos lleguen a todos los afectados".
Gracias a esto, en la presente legislatura los afectados por los derribos "tendrán la posibilidad de aplicar los Convenios ya firmados con el Gobierno de Cantabria", pudiendo realizar las opciones que en los mismos se especifican, y que incluyen la "regulación de las viviendas cuando sea posible", acceder a "viviendas de sustitución de las mismas características dentro del mismo municipio", una "indemnización según el valor de mercado de las mismas".
A estas se suma que, en el supuesto de que se vuelva a construir en el mismo lugar donde se derriben las viviendas, "el afectado tendrá derecho sobre el suelo, para ello se le concederá unas viviendas de sustitución de las mismas características". En este sentido, el Gobierno de Cantabria facilitará todos los acuerdos y convenios a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, para que tengan "información completa de la situación de cada vivienda y los acuerdos entre afectados y las administraciones".
Sentencias y PGOU
Por otro lado, AMA ha pedido la "mayor celeridad posible en la aprobación de los PGOU, ya que no es de recibo que tanto los afectados, los ciudadanos y los jueces llevemos tantos años esperando que los mismos vean la luz", y con lo que contarían con una "herramienta que dé seguridad jurídica a todos".
Asimismo, desde la Asociación han trasladado la "preocupación por las sentencias de derribo que siguen llegando a los afectados" y por las resoluciones pendientes de Tribunal Supremo, así como de dar apoyo a los afectados con "soluciones reales en el menor tiempo posible".
