Todos los grupos parlamentarios salvo el PP han confirmado que firmarán con Podemos la solicitud para poner en marcha una comisión de investigación sobre Ecomasa (Nestor Martin), que se presentará este martes a primera hora en la Cámara regional. El fin último es clarificar qué ha pasado con los 18 millones de dinero público inyectados en la fábrica de estufas de Maliaño por el gobierno del PP liderado por Ignacio Diego, así como determinar responsabilidades políticas.
Sin embargo, PRC y PSOE, partidos que forman el bipartito, han votado en contra de la propuesta, también de Podemos, para que el Gobierno pague a los trabajadores las indemnizaciones por despido de Teka. En este caso, PP y Ciudadanos se han abstenido.
El debate ha sido seguido desde la tribuna de invitados por una representación de los trabajadores de Ecomosa, a los que todos los grupos sin excepción han mostrado su apoyo ante el "grave problema" en que se encuentran.
C’s, PRC y PSOE han confirmado su adhesión a la petición de la comisión de investigación en respuesta a la "invitación" que en este sentido les ha lanzado desde la tribuna el portavoz de Podemos, José Ramón Blanco, durante el debate de la proposición no de ley.
Esta iniciativa también instaba al Gobierno a personarse como acusación particular en el procedimiento abierto contra Ecomasa, algo que el Ejecutivo ya ha hecho a través de la empresa pública Sodercan, y a instancias del Ministerio Fiscal, que le instó a personarse en la querella de los trabajadores después de que el Gobierno denunciara el caso ante la Fiscalía.
No es legal indemnizar
Ese es uno de los motivos por los que PSOE y PRC han votado en contra de una iniciativa que, además, consideran que "no es legal". La portavoz socialista, Silvia Abascal, ha señalado que el dinero de las indemnizaciones por despido -3,2 millones de euros- fue aportado por Teka y no consta en ningún documento que los trabajadores firmaran la renuncia a la misma a cambio de un puesto de trabajo.
Los socialistas consideran que la propuesta de Podemos de devolver las indemnizaciones a los extrabajadores de Teka y Ecomosa no sólo "no es legal", sino que "crearía un precedente" y sería un "agravante" para los trabajadores que se quedan sin indemnización al cierre de su empresa a la espera de cobrar del FOGASA. El portavoz de Podemos ha replicado que si no es una "obligación legal" sí es en cambio una "obligación moral", porque "lo primero son las personas, y por lo tanto, tenemos que rescatar a los trabajadores estafados", ha dicho.
En la misma línea que el PSOE, se ha pronunciado el portavoz del PRC, Pedro Hernando, quien ha recalcado que "basta ya de demagogia" y ha destacado que los trabajadores lo que necesitan es "sinceridad". "Me gustaría decirles que el Gobierno les va a devolver el dinero de las indemnizaciones, pero no puedo", ha comentado.
Ambos portavoces han recalcado que el Gobierno, además de estar ya personado en la causa, está "buscando una salida" para los trabajadores, "va a estar a su lado para ayudarles jurídicamente a recuperar su dinero", y está "luchando" para encontrar el dinero público "perdido y estafado". Además, han coincidido con Ciudadanos en que debe ser el juez el que dirima las responsabilidades penales y que en la comisión de investigación se exigirán las responsabilidades políticas que corresponda.
Al respecto, Hernando (PRC) se ha mostrado "seguro" de que la vía judicial "nos va a dar bastantes sorpresas y va a tener influencia en la comisión de investigación".
PRC y PSOE, responsables del cierre
Frente a las críticas de todos los grupos, que consideran que lo ocurrido en este asunto es fruto de la "mala gestión" del Gobierno de Ignacio Diego, el portavoz del PP, Eduardo Van den Eynde, ha llamado "hipócritas" a socialistas y regionalistas, que en su opinión, son los "responsables" del cierre de la fábrica de estufas de Maliaño y quienes "han finiquitado la empresa cuando todavía era viable".
Según el PP, el Gobierno PRC-PSOE es quien "mata" a Ecomosa al "incumplir el mandato del Parlamento, cerrar las vías de financiación y mandar a los trabajadores a la calle", algo que según ha denunciado responde a una "venganza política" de un "alto responsable" de una empresa pública que ha situado en la órbita del PSOE.
