Representantes del Gobierno regional y de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) han abordado este martes los avances en la propuesta de delimitación comarcal de la región, destinada a fortalecer el equilibrio territorial y la prestación de unos servicios públicos más eficientes. La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, se ha reunido con el presidente de la FMC y alcalde de Reocín, Pablo Diestro, y el vicepresidente segundo de esta organización y alcalde de Valdeprado del Río, Jaime Soto, con quienes ha analizado el último informe para la comarcalización de Cantabria, tras cerrarse el periodo de encuestas sociales remitidas por los ayuntamientos.
Según ha señalado la consejera, para el Gobierno es muy importante esta "última pata", es decir, conocer el arraigo social y concretar el sentimiento de pertenencia de cada municipio. A partir de ahí, con este informe se elaborará un mapa de comarcas que servirá de base para la futura ley que deberá aprobar el Parlamento. En este punto, el presidente de la FMC ha señalado que, "en general", la opinión de los ayuntamientos coincide "bastante" con la propuesta elaborada por la Universidad de Cantabria, que establece 10 comarcas en el territorio. Sin embargo, según ha dicho, hay "pequeños matices" que se deben concretar.
Por otro lado, el encuentro ha servido para repasar los proyectos conjuntos. Así, han analizado el alcance del uso de los remanentes de tesorería en los municipios, que ha supuesto, desde la pandemia, que los ayuntamientos cántabros hayan podido recurrir a 700 millones de euros más de presupuesto para hacer frente a la crisis y las necesidades surgidas. Según Diestro, este dinero ha sido "muy importante" para amortizar deuda y realizar inversiones que "de otra manera no habrían sido posible".
Por otro lado, la consejera de Presidencia ha trasladado el compromiso del Gobierno para que el dinero del Fondo de Cooperación Local con los 17,1 millones llegue a los ayuntamientos en el primer trimestre del año, cumpliendo con el mandato legal, tras la aprobación de su reparto por el Consejo de Gobierno celebrado la pasada semana. El Gobierno cántabro ultima también en estos momentos los nuevos acuerdos marco para el gasoil y el suministro eléctrico, al que se podrán sumar los consistorios para ahorrar en costes y reducir burocracia.
Igualmente, en este encuentro, en el que también ha participado la directora general de Administración Local del Ejecutivo cántabro, Rosa Valdés, han analizado los mecanismos de coordinación entre el Gobierno y los ayuntamientos para la celebración de las elecciones a las juntas vecinales, que tendrán lugar también el 28 de mayo, junto a los comicios locales y regionales.
Por otro lado, Gobierno y FMC han abordado sendos proyectos de digitalización de los servicios municipales que apoya la Consejería, como es el caso de los juzgados de paz y registros civiles, y de los procedimientos administrativos de las administraciones locales. La digitalización de la justicia en Cantabria alcanzará a los juzgados de paz con la transformación en formato electrónico de unos 1.600 libros que se encuentran en los municipios, una actuación que conllevará una inversión de 800.000 euros de fondos europeos NextGeneration.
DIGIALCANT
Además, el Gobierno cántabro ha convocado a los municipios a un encuentro el 16 de febrero para informar de las fases e implantación del nuevo proyecto de digitalización DIGIALCANT, que facilita el desarrollo y mantenimiento de las administraciones electrónicas locales.
Además de la inversión autonómica, ya incluida en los presupuestos regionales de 2023, la consejera de Presidencia ha adelantado que esta iniciativa contará con fondos europeos destinados a la digitalización de los ayuntamientos y que han sido convocados por el Gobierno de España, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
