La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Nacional que investigue a varias empresas alemanas por la fabricación y comercialización del producto sanitario Ala Octa, un colirio aplicado en las operaciones de retina y que produjo pérdida de visión y otros efectos adversos en los pacientes a los que se aplicó, algunos de ellos de Cantabria.
La teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durantez, ha presentado una querella en la que pide al tribunal que se recabe de los centros sanitarios que notificaron incidentes con este producto los datos de los pacientes que sufrieron lesiones y se les tome declaración como perjudicados con ofrecimiento de acciones.
En su escrito concreta que el colirio fue utilizado por el sistema de salud español en 28 centros sanitarios, de 13 comunidades autónomas, con un número total de 125 casos notificados.
Además, la fiscal solicita que, una vez determinadas las personas jurídicas presuntamente responsables de los hechos, se requiera a estas a efectos de determinar las personas físicas que pudieran resultar responsables. Por último, pide que se interrogue en sede judicial a los investigados que correspondan.
La Fiscalía entiende que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delitos contra la salud pública por la fabricación, importación, suministro, intermediación, comercialización, ofrecimiento o puesta en el mercado del producto sanitario Ala Octa y de lesiones graves.
El Ministerio Público asegura que el producto ocasionó a los pacientes a quienes se les suministró "efectos adversos" para la salud como amaurosis (situación de no percepción de luz en el ojo operado), atrofia del nervio óptico (atrofia óptica), necrosis retiniana y fenómenos de oclusión vascular retiniana con posible envainamiento de la pared de los vasos sanguíneos de la retina, tanto arteriales como venosos.
"La investigación sobre el producto apreció la existencia de deficiencias en la fabricación y carencias en los controles de seguridad de la materia prima y de los lotes fabricados", señala.
Las empresas que habrían comercializado el producto son, según indica la Fiscalía, Alamedics GmbH & Co.KG y BSI Group Deutschland y la empresa con sede en Barcelona W.M. Bloss S.A.
CANTABRIA
En Cantabria, el Tribunal Superior de Justicia ya condenó hace varios años al Servicio Cántabro de Salud (SCS) a indemnizar a dos pacientes operados de desprendimiento de retina, por los daños causados por un fármaco defectuoso -el gas perfluoroctano Ala Octa-, que fue retirado posteriormente a las intervenciones por la Agencia Española del Medicamento.
En uno de los casos, el TSJC condenó al SCS a indemnizar con 25.000 euros a una paciente que se quedó ciega del ojo izquierdo por este fármaco defectuoso que le aplicaron en dos operaciones a las que fue sometida en el Hospital Sierrallana de Torrelavega por desprendimiento de retina en 2015.
Posteriormente, el Tribunal Supremo admitió a trámite los recursos de casación presentados por el Gobierno de Cantabria contra las dos sentencias del TSJC, que anuló y determinó que los perjuicios causados por la aplicación del Ala Octa podrían reclamarse al fabricante -el laboratorio alemán Alamedics-, al distribuidor -WM Bloss- o a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
