miércoles 20/10/21
TRIBUNALES

El fiscal pide 5 años de cárcel para un trabajador de la UC por estafar 39.700 euros con falsos cursos

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Sede de la Audiencia Provincial

El fiscal ha solicitado una pena de cinco años de cárcel a un administrador del departamento de Derecho Civil de la Universidad de Cantabria acusado de estafar 39.706 euros a la institución académica mediante 26 pagos fraudulentos entre 2011 y 2016.

Hacía constar "falsamente" como profesores de los cursos organizados por el departamento a terceras personas

Según el ministerio público, durante esos años confeccionó "decenas" de documentos en los que hacía constar "falsamente" como profesores de los cursos organizados por el departamento a terceras personas, simulando también las firmas del director del mismo en los listados "alterados" de docentes y en las peticiones de pago. Y falseaba igualmente la firma del supuesto profesor en la hoja de asistencia a clases y la petición de pago. Así consta en el escrito de acusación pública remitido al Juzgado de Instrucción número 5 de Santander interesando la apertura de juicio oral -con tribunal del jurado- por estos hechos, al que ha tenido acceso Europa Press.

El fiscal califica lo sucedido como un delito continuado de falsedad en documento en concurso medial con otro igualmente continuado de estafa -ambos cometidos por funcionario público- y otro de falsedad en documento mercantil y oficial, por los también pide multa de 9.000 euros e inhabilitación para funcionario público durante cinco años al principal implicado. Y es que en esta causa están imputadas otras cinco personas que colaboraron en diferente medida con el anterior, y que se enfrentan a penas que oscilan entre un año y medio y tres años y medio de cárcel, y multas de 5.400 a 6.750 euros. Además, entre todos, y en concepto de responsabilidad civil, deberán indemnizar a la UC en 39.706 euros.

Según el fiscal, entre 2011 y 2016 el acusado desempeñó su labor como funcionario de la Universidad de Cantabria como administrador del Departamento de Derecho Civil. Entre sus tareas estaba elaborar la documentación necesaria para el desarrollo de la actividad académica del departamento relativa a titulaciones impartidas, tales como cursos y masters, incluyendo las certificaciones de docencia realizada y las solicitudes de pago de la retribución de los profesores y ponentes. Documentos que después eran firmados por el director del curso en cuestión, una vez comprobado que los pagos se correspondían con las clases impartidas, cotejando la lista de profesores de cada curso y las hojas de asistencia firmadas por cada docente.

Finalmente los documentos eran remitidos al Servicio de Gestión Académica de la UC que, tras comprobar la corrección de la documentación correspondiente ordenaba por la Sección de Retribuciones y Seguridad Social de la institución académica, efectuaba el pago a los ponentes mediante ingreso en la cuenta bancaria designada por cada uno.

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

El fiscal señala en su escrito de acusación que el procesado, con intención de obtener un "injusto enriquecimiento" en el desempeño de sus funciones mediante el cobro de cantidades "indebidas" por parte de la UC confeccionó durante esos años "decenas" de documentos de su departamento en los que hacía constar "falsamente" como profesores de los cursos organizados por Derecho Civil a terceras personas. Y simulaba también las firmas del director del curso en los listados "alterados" de profesores y en las peticiones de pago, así como "falseaba" igualmente la rúbrica del supuesto profesor en la hoja de asistencia a clases y la petición de pago.

De ese modo, el acusado "lograba engañar" al Servicio de Gestión académica, que ordenaba el pago de cantidades a personas que "nunca" habían impartido clase alguna en tales cursos, consiguiendo de tal manera que entre 2011 y 2016 se realizasen un total de 26 pagos fraudulentos por un importe de 39.706 euros, cantidad que posteriormente el implicado recibió de manos de los falsos profesores.

OTROS TRES IMPLICADOS, CUENTAS BANCARIAS Y TITULACIONES DE MÁSTER

Para lograr su propósito, el acusado se había concertado previamente con otros tres implicados. La primera, siguiendo sus indicaciones, abrió en mayo de 2011 una cuenta bancaria cuya tarjeta retuvo en su poder el 'cabecilla' de esta trama, para recibir los pagos y extraer las cantidades que se fueron ingresando. Y los otros dos le proporcionaron sus datos personales y números de cuenta para recibir los pagos fraudulentos y entregárselos después.

A continuación, el principal acusado elaboró la documentación de los másteres en Mediación y Gestión de conflictos, en Igualdad de Género y Políticas Públicas entre los citados ejercicios, haciendo constar falsamente que la acusada había impartido docencia en ellos como profesional mediadora o técnico en igualdad, y que el segundo colaborador había hecho lo propio, pero durante dos ejercicios y en el primero de los cursos.

Para ello, simuló las firmas de los dos y de los directores de los másteres, y logró que la UC ingresase por un lado en la cuenta bancaria abierta un total de 30.486 euros distribuidos en 21 pagos entre el 2 de junio de 2011 y el 24 de noviembre de 2015 por importes que oscilaron entre 610 y 2.240 euros. Y por otro, consiguió que la institución abonase tres pagos por 2.400, 2.180 y 1.400 euros, sumando un total de 5.980, en la cuenta personal del segundo colaborador.

La procesada también se benefició económicamente de estos hechos, pues recibió del principal acusado 442 euros con cargo a los fondos pagados fraudulentamente por la UC para reparar un vehículo suyo. Y porque gracias a las gestiones del procesado, se ingresaron en su cuenta particular 1.146 euros de devolución de retenciones en 2013 en tales pagos fraudulentos de la UC.

Con un tercer implicado actuó de semejante manera, para que proporcionara sus datos y número de cuenta en la que recibir los pagos fraudulentos, que luego le eran reembolsados. En este caso, simuló la documentación del máster en Derecho de Comercio y Consumo en 2016, con el que logró dos pagos de 1.800 y 1.440 euros (3.240 euros en total) por una "inexistente impartición" de clases como árbitro especialista en consumo.

El principal imputado también simuló la firma de directores en la tramitación de "decenas" de otros expedientes administrativos de su departamento, en los que no consta modificación de los legítimos perceptores de los pagos de la UC.

PAGAR ATRASOS A UNA COMPAÑERA CON FACTURA FALSA DE SU NOVIO A LA UC

Finalmente, en 2016, ante la reclamación de honorarios debidos a otra acusada y compañera de departamento, el principal acusado le dijo que la mejor forma de cobrar sus salarios atrasados era que el novio de ésta, autónomo y también imputado en esta causa, expidiese una factura por servicios "inexistentes" para la UC, que hizo por 1.440 euros, nuevamente con la falsificación de firmas y documentos.

Sin embargo, en este caso la implicada comunicó a la Universidad la irregularidad de la factura y el pago a través de su pareja, restituyendo en diciembre de 2016 la cantidad percibida a la UC que, dado que la citada cantidad le era realmente adeudada, procedió a su pago directo por los cauces correctos.

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